Economia
Grandes empresarios critican decisión de la DT de cerrar farmacia por aumento de robos: “Ante un turbazo, uno no tiene nada que hacer”
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, criticó la decisión de la Dirección del Trabajo (DT) de cerrar temporalmente una farmacia ubicada en La Cisterna, luego de ser objeto de un “turbazo”.
“Uno es responsable de la seguridad de los trabajadores dentro del local de la empresa. Pero contra un robo, un asalto, un tubazo, uno no tiene nada que hacer. Cuando hay un grupo de gente que toma la decisión de entrar a una empresa, no existe el cómo poder evitar esa situación, por lo tanto, ese es el deber del Estado”, señaló el dirigente gremial.
Según Mewes, es responsabilidad del Estado velar por la seguridad pública y el combate a la delincuencia. “El Estado tiene que tener los mecanismos para que ese tipo de situaciones no ocurran”, aseguró.
El empresario señaló que lo que ocurra dentro de las empresas es responsabilidad del empleador, como “tener mecanismos que resguarden al trabajador, de que no se le caiga una estantería, de que no se vaya a cortar con un vidrio, de tener zapatos de seguridad, de tener los implementos adecuados; claro que es responsabilidad nuestra, ¿pero cómo voy a poder estar pendiente de lo que pasa en la calle y que eventualmente me puedan asaltar?”, cuestionó.
Para el líder de la CPC, si bien las empresas tienen responsabilidad en lo que ocurre al interior de las instalaciones, sostiene que dicha afirmación es incluso discutible. “Si llega un asaltante armado, que yo no me doy cuenta, entra al local y asalta a la gente y a los trabajadores que están ahí, yo no tengo nada que hacer. Entonces, no me hagan responsable a mí. Yo no tengo ningún mecanismo de control sobre eso”, planteó, y agregó que la decisión de la DT fue “absolutamente equivocada”.
La postura de Jara
Este lunes, en conversación con Diario Financiero, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue consultada respecto a esta situación, y explicó que se trató de un cierre transitorio en razón de que la empresa debía tomar ciertas medidas de seguridad que le habían sido notificadas previamente.
“La empresa tenía que tomar medidas de seguridad que le habían sido notificadas, que no se habían producido y que una vez que no se cumplieron se levantó el cierre”, explicó Jara, y agregó que el Código del Trabajo exige que las empresas tomen medidas para resguardar la salud e integridad de los trabajadores.
Para la secretaria de Estado, el tema de seguridad pública “nos desafía al sector público y al sector privado, en conjunto, a toda la sociedad. Y en eso yo no hago nada más que compartir esa necesidad de que avancemos, como asimismo lo ha hecho el Presidente de la República, en una política de Estado”, insistió Jara.
Respecto al hecho en sí, Jara reiteró que se trató de un hecho puntual que “tomó relevancia porque se conecta con otros temas, pero que es habitual en la legislación laboral. Es parte de las tareas que tenemos que hacer sin ningún ánimo de traspasarles a ellos responsabilidades que son del Estado”, dijo Jara.