Propuesta de Hacienda modificará en forma sustancial el secreto bancario con fines tributarios

Las medidas para combatir la evasión y la elusión son parte relevante de la reforma tributaria del gobierno. De hecho, Hacienda prevé que serán la principal fuente de recaudación del paquete, aportando 1,6 puntos del PIB de los 4,1 que se pretenden recaudar a partir de 2026.

Dentro de estas medidas, la propuesta del gobierno contempla un cambio fundamental al secreto bancario para efectos tributarios.

El proyecto establece que el contribuyente tendrá 15 días hábiles para oponerse a la solicitud de acceso, contados a partir del día en que recibió la carta certificada.

Hoy, la normativa establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) debe solicitar autorización a un tribunal para acceder a la información bancaria de un contribuyente, en el entendido de que existen sospechas sobre operaciones potencialmente contrarias al interés fiscal. Este proceso, según fuentes gubernamentales, suele durar entre dos y tres años.

Ahora, la reforma tributaria busca revertir el paradigma: que el SII pueda acceder a las cuentas bancarias, previa notificación a la entidad financiera, la cual notificará al titular de la cuenta, quien deberá explicar si se opone a dicha apertura.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, profundizó en el punto durante la presentación de los ejes del proyecto ante la comisión del ramo de la Cámara.

“En este caso, la decisión de reclamar contra un procedimiento de secreto bancario se traslada al contribuyente. Actualmente es el servicio el que tiene que justificar ante el tribunal solicitando información amparada por el secreto bancario. Aquí lo que se propone es al revés, que sea el contribuyente el que pueda interrumpir este trámite, tiene que justificar por qué lo está haciendo”, detalló.

Medida de apoyo de expertos

La liberación del secreto bancario fue uno de los requisitos exigidos por la OCDE en 2010 para el ingreso de Chile, recuerda Rodrigo Benítez, socio de BLTA.

“Se debe proteger que no se abuse de esta facultad, para no afectar los derechos de los contribuyentes”, dice, apuntando, por ejemplo, a garantizar la protección de los datos personales y la vida privada de los contribuyentes.

El socio del despacho de abogados de Palma, Juan Eduardo Palma, destaca que a pesar de que la transparencia “es clave” para el desarrollo de mercados sanos y para el control justo y la justicia fiscal, “también es clave que el ordenamiento jurídico equilibre correctamente los derechos legítimos derecho de defensa de un individuo contra la discrecionalidad de los órganos del Estado”.

El socio de Recabarren y Asociados, Luis Felipe Ocampo, agrega que con esta norma Chile se ubicaría al nivel de países como Australia, Canadá, Francia o Grecia. Esto, dice, busca “imponer un cerco más estrecho” a los contribuyentes, con el fin de ejercer “un estrecho control sobre sus actividades e ingresos, para que el aumento de impuestos sea efectivo y, así, revertir el orden para que el contribuyente sea quien debe tomar medidas para oponerse?

El Gerente de Impuestos de Grant Thornton, Oliver San Juan, cuestiona la medida, considerando que la semana pasada se publicó la ley que obliga a los bancos a informar al SII de saldos en cuentas superiores a 1.500 UF: ¿por qué seguir presionando más? en esta materia, otorgar al SII facultades de actuación para exigir directamente a los bancos información sobre las cuentas bancarias de los clientes? No veo una razón clara”.

Una opinión similar sostiene el socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga: “No es recomendable entregar este tipo de facultades a una entidad que forma parte de la estructura política, como el SII (que depende del Ministerio Hacienda), sin ningún tipo de revisión judicial.

El socio de Puente Sur, Ignacio Gepp, “me parece extraño simplemente no levantar el secreto bancario por completo, ya que es contradictorio que una persona tenga que dar explicaciones de por qué quiere que se respete su derecho a la privacidad”.

El director de AK Contadores, Patricio Gana, considera que es “un tanto inevitable que vayamos avanzando paulatinamente hacia un proceso de eliminación del secreto bancario. Las sociedades en general apuntan allí”, aunque subraya que el uso de la medida debe ser “excepcional”.