Reforma endurece el impuesto a las herencias e incluye medidas contra comercio informal

En punto de las 16:00 horas, el gobierno finalmente presentó ayer a la Cámara de Diputados su ansiada reforma tributaria, con la que busca recaudar 4,1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años.

A través de cambios en la tributación de las personas físicas, restricciones a las exenciones y la desintegración del sistema, el Ejecutivo intentará contar con US$ 12.000 millones extra a partir de 2026.

La nueva tasa de ganancias de capital bursátil y cambios en arrendamientos comenzará a cobrarse en 2024, el nuevo sistema dual a partir de 2026 y los cambios al Complementario Global a partir de 2023.

Una novedad del proyecto, que tiene 260 páginas entre el mensaje y el informe financiero, es que el Ejecutivo revela en qué se gastará lo recaudado.

Así, parte al señalar que se destinarán 2,9 unidades a reformas del sistema de pensiones y salud, 0,3 unidades para fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Cuidados, 0,7 punto del PIB para financiar políticas productivas y de investigación y desarrollo, y finalmente 0,4 punto a políticas educativas.

Si bien ya se conocían los ejes, como la desintegración del sistema, el aumento de la tributación a la renta de $4 millones mensuales, la creación de un impuesto a la riqueza, la nueva regalía minera y la tributación de las rentas percibidas por el DFL-2, la El texto trae otras novedades.

Por ejemplo, se restringirán una serie de beneficios fiscales para herencias y donaciones, como parte de las medidas para aumentar la carga de los altos ingresos.

Por ejemplo, las donaciones revocables ya no estarán exentas de impuestos. Son aquéllas por las que una persona da o promete dar otra cosa o un derecho después de su muerte, conservando la facultad de revocarla mientras viva.

Asimismo, se deroga una exención con un tope de $15 millones mensuales para donaciones incluida en la reforma fiscal del gobierno anterior.

Asimismo, se elimina el beneficio fiscal para las herencias de viviendas DFL-2, sometiéndolas al régimen fiscal general.

Los cambios van en la línea de acotar algunas tendencias que se vienen viendo en los últimos tiempos, como la transferencia de activos entre los grandes empresarios y sus familias.

En el marco de las mayores facultades y recursos que tendrá el Servicio de Impuestos Internos (SII), la reforma contempla dotarlo de recursos para controlar la transferencia de riqueza entre generaciones, el pago correcto del nuevo Impuesto Global Complementario y el tributo a la riqueza.

Con estas medidas administrativas y legales, se espera recaudar el 0,35% del PIB bajo el régimen.

Medidas contra el comercio informal

Una de las sorpresas que trae el texto es que se facultará al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se inyectarán recursos para una mayor fiscalización y control del comercio informal.

Este fue uno de los puntos más repetidos por expertos y parlamentarios de la oposición durante los diálogos sociales sobre la reforma tributaria.

En concreto, se implementarán nuevas tecnologías y modelos analíticos para procesar mayores volúmenes de información para “detectar el comercio informal”, así como desarrollos informáticos “capaces de rastrear operaciones comerciales en páginas web que no cumplan con las obligaciones tributarias”, señala el proyecto. Se espera recaudar el 0,04% del PIB con estas medidas. Bajo el sistema, se entregarán $1,589 millones adicionales al servicio y $807 millones a la Tesorería para cumplir con estas tareas.

artículos de transición

Otra novedad es que se establece una ventanilla transitoria para retirar las utilidades acumuladas en el registro de renta sujeta a gravamen (RAI). De esta forma, se permitirá el uso de estas utilidades durante el tránsito al ahora llamado sistema dual que se crea con la desintegración.

La opción estará abierta entre 2023 y 2027. Los primeros tres años con una tasa de impuesto del 10% y los dos últimos con una tasa de impuesto del 12%. La recaudación esperada oscila entre el 0,1% y el 0,2% del PIB al año.