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Giorgio Boccardo: “Estamos abiertos a incorporar distintas experiencias para poder diseñar un proyecto de 40 horas robusto”

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Es la columna vertebral de la agenda laboral del gobierno: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque aún no hay una posición clara sobre cómo se implementará, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, explica que antes de enviar un proyecto se formará una mesa técnica para escuchar la posición de los diferentes actores como pymes, grandes empresas. , trabajadores y académicos. Luego de tener esta información, comenzarán a elaborar la iniciativa que esperan ingresar al Congreso a fines de este año. Sin embargo, el subsecretario anticipa que dentro del análisis no pueden cerrarse a ningún elemento que permita la implementación efectiva de este cambio, que incluye analizar la incorporación de la flexibilidad laboral.

Un proyecto de la agenda laboral que genera expectativas es el que buscará reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿Cuál será la estrategia para impulsar esta iniciativa?

Lo que hemos definido como ministerio es formar una mesa técnica para recolectar las evidencias técnicas, recibir la opinión de diferentes actores y hacer una revisión completa del proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso para finalmente definir cuál es la mejor manera de abordar el proyecto. . de 40 horas, y si corresponde ingresar indicación sustitutiva al proyecto y cuáles son los tiempos legislativos para ello.

¿Será el trabajo de esta mesa técnica la base para la elaboración del proyecto de ley?

El objetivo de esta mesa técnica es recoger la visión de diferentes actores: sociales, gremiales, pymes, asociaciones empresariales y expertos del mundo académico. Y a partir de ese proceso, comenzar un trabajo técnico riguroso para poder evaluar qué tan gradual tiene que ser una política como esta. La mesa técnica comenzará a funcionar dentro de los próximos 15 días y tendrá su sede en el Ministerio del Trabajo. Se recibirán exposiciones de diferentes actores.

En América Latina, solo Ecuador tiene una jornada laboral rígida de 40 horas, mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) todos los países que tienen una jornada laboral de 40 horas la aplican de manera flexible. Que modelo es el que estas mirando?

Estamos revisando la experiencia comparativa de lo que ha pasado en diferentes países de la OCDE, y tenemos que revisar la experiencia latinoamericana, pero muy ajustada a la especificidad chilena, que es muy importante para que esto funcione. Nuestra idea es poder concentrarnos en el proyecto y recoger cómo se han implementado estas fórmulas. Estamos abiertos a incorporar diferentes experiencias para diseñar un proyecto robusto de 40 horas.

¿Es una de esas experiencias la forma en que se aplica en los países de la OCDE?

Como ministerio tenemos que asegurar que la implementación de este proyecto se haga de manera efectiva y, por lo tanto, tenemos que revisar todos los escenarios posibles.

¿Significa eso incorporar la flexibilidad laboral a este proyecto?

Tenemos que analizar todas las variables que nos ayudan a implementar este proyecto.

En la Comisión del Trabajo del Senado se afirmó que “hay buenas experiencias comparativas” para implementarlo, cuando se discute la flexibilidad con trabajadores y empleadores. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué países estás mirando?

Esa fue una frase que señaló el Ministro de Trabajo para manifestar que sí nos interesa que en el caso de que se incorporen transformaciones tecnológicas, como está sucediendo en Europa, en los países de la OCDE, específicamente el caso de Suecia y otros, este tipo de La transformación es la que acuerdan con las organizaciones sindicales y, por tanto, los patrones y trabajadores organizados en una empresa o sucursales definen este tipo de cambio.

¿Se os ocurre pactar tanto con sindicatos como individualmente?

Creemos que es importante que las conversaciones se den con las organizaciones colectivas que existen en las diferentes empresas, por lo que creemos que esa es la forma de lograr un diálogo fructífero.

Dado el debate que se dio en la comisión, ¿toma fuerza la idea de que esa reducción puede ser con flexibilización laboral?

Vamos a trabajar en una mesa técnica que incorpore todas las aristas de este problema que tiene que ver con las transformaciones (tecnológicas), con la productividad, con la calidad de vida, aspectos que tienen que ver con el empleo, la formalidad. También vamos a recoger el debate que se ha producido en ambas cámaras sobre este proyecto, y en base a ese marco haremos una propuesta que se oriente al objetivo de esta reforma: mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha subrayado que la caída a 40 horas debe ir acompañada de un aumento de la productividad. ¿Cómo se logra esto considerando que la productividad ha estado estancada durante varios años?

La reducción o el aumento de la jornada laboral a priori no generan cambios en la productividad. Chile tiene una jornada laboral más larga entre los países de la OCDE, pero al mismo tiempo tiene una baja productividad. Si queremos hablar de productividad, hay que hablar de tecnología, de cómo las empresas reorganizan sus procesos de trabajo, de calificación laboral. La discusión sobre la productividad es mucho más compleja que la jornada laboral. Por supuesto, como ministerio debemos incorporar esta variable y esperamos que el resultado de la mesa técnica sea lo suficientemente robusto para que consideremos todos los aspectos que viabilicen la implementación de las 40 horas.

Para algunos expertos, aplicar una jornada rígida de 40 horas puede provocar un aumento de la informalidad. ¿Hay evidencia?

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La evidencia comparativa muestra resultados diferentes al respecto. Hay experiencias comparativas donde hay jornadas laborales más cortas con bajos niveles de informalidad y viceversa también. Al igual que la productividad, es una variable a considerar, pero nos parece que estos son elementos que hoy no necesariamente están ligados a la discusión de la reducción de la jornada laboral, por lo tanto, queremos ser sumamente responsables de poner en el centro de esta discusión el dia de trabajo Sin embargo, por supuesto que nos interesa la formalización, la productividad, pero es muy importante ser rigurosos al establecer estas afirmaciones porque la evidencia comparativa muestra diferentes escenarios y no es bueno que estas discusiones sean tan exhaustivas.

¿No debería ser exhaustivo a la hora de analizar si tendría impacto en los salarios?

Yo esperaría los resultados de la mesa técnica, porque vamos a evaluar todos los escenarios. Nos interesa fortalecer las pymes, la productividad, formalizar el mercado laboral, son variables a considerar en este proyecto.

En la discusión del proyecto de las 40 horas que se llevó a cabo en 2019, gran parte del debate se centró en si se mantendría un trato diferenciado para las industrias que, por su naturaleza, no podrían regirse por una sola jornada laboral. ¿Cuál es la idea del Ejecutivo en este ámbito?

El código del trabajo considera en la jornada corriente de horas ordinarias una serie de días especiales, debido a la naturaleza específica de la producción. Lo que pretendemos con el proyecto es reducir la jornada laboral de un amplio espectro de la población que se rige por ese sistema de jornada laboral. En la mesa técnica también debemos sopesar otros aspectos que regulan o condicionan la jornada laboral, pero nuestro foco está en la jornada ordinaria.

¿Habrá un periodo de vacantes para que las empresas se adapten? ¿Será lo mismo para las grandes empresas que para las pymes?

Estamos pensando en un esquema gradual que considere el tamaño de las empresas. Eso es parte de la discusión, pero nos parece que es un criterio razonable y que está en línea con lo que ha hecho el gobierno en materia de salario mínimo y Pymes, para tener un trato diferenciado.

Ya han sostenido dos reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Definieron la forma de que el salario mínimo llegue a $400.000 este año?

Estamos en un proceso de negociación con la CUT. Como gobierno tenemos la meta de llegar a $400,000 este año. Ahora bien, la forma en que se implementará, ya sea en un solo paso o en dos, son temas de la mesa de negociación, por lo tanto, esperamos el resultado de esa mesa para anunciar las medidas específicas.

La CUT propone acelerar la llegada a $400.000 para septiembre de este año y $450.000 a mediados de 2023. ¿Se te ocurre una fórmula así?

Ellos nos hicieron su propuesta y ahora vamos a evaluar esa propuesta para darles una respuesta en la reunión del lunes. Hay espacio para hablar y llegar a un acuerdo.

Entre los pedidos está implementar una canasta básica protegida para hacer frente a los aumentos de precios, ¿se estudia alguna medida al respecto?

Entendemos que hay una coyuntura social asociada al alza de los precios de los alimentos y nos adherimos al espíritu de la propuesta de la CUT. Nuestro objetivo es encontrar una respuesta a esa necesidad que es social. Se estudian fórmulas a partir de la propuesta de la CUT.

El gobierno ha prometido algún tipo de subsidio para ayudar a las pymes a pagar el salario mínimo sin generar mayores costos que puedan afectar su producción. ¿Estás pensando en hacerlo temporal?

Lo que busca el esquema de subsidios es acompañar esta transición para que las empresas puedan incorporar gradualmente este tipo de aumento en su estructura de costos, pero al mismo tiempo puedan desarrollar mecanismos que les permitan mejorar aspectos relacionados con la productividad. . Nuestra idea es que estos mecanismos ayuden temporalmente a esta subida de salarios.

Para llegar a $500.000 al final del período, ¿ha pensado en una negociación multianual o prefiere ir año por año?

Eso es parte de las conversaciones con la CUT. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre la forma más eficiente de llegar a acuerdos de salarios mínimos. Ambas posiciones tienen ventajas y desventajas y lo importante es que las decisiones que tomemos sean consensuadas con las diferentes partes involucradas.

Los economistas consideraron poco realista el objetivo del plan de recuperación inclusivo de generar 500.000 puestos de trabajo. ¿Cómo llegan a ese cálculo?

Con base en las tasas históricas de aplicación del IFE, proyectamos la demanda hacia adelante, y en ese sentido, a través del IFE laboral vamos a estar fortaleciendo la oferta laboral, es decir, incentivando a las personas a salir de la inactividad o pasar de la informalidad a la formalidad. En este contexto, con la ampliación de los plazos del IFE de junio a septiembre y con el aumento de los topes a $300.000, esperamos recuperar unos 380.000 puestos de trabajo, de los cuales 190.000 son mujeres. Este plan también contempla una serie de políticas que brindan apoyo a las pymes y, sumado a la inversión pública, esperamos reactivar la economía y llegar a los 500 mil empleos este año.

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Colombia le empata a Perú y evita que Chile sea colista de las Eliminatorias

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A raíz de la mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Chile necesariamente debe estar pendiente de otros resultados, con la calculadora en la mano. En ese sentido, una particular atención debía tener con lo sucedido en Lima, en el duelo entre Perú y Colombia, que cerró la séptima fecha clasificatoria. La Bicolor es uno de los rivales directos de la Roja, en la disputa del sexto cupo y el repechaje, por lo tanto era necesaria (desde los intereses nacionales) una ayuda de los cafetaleros. En la capital peruana, fue un empate 1-1 que terminó siendo un alivio para el Equipo de Todos, por el devenir del cotejo.

Sin el castigado Jorge Fossati al borde de la cancha, Perú salió a la cancha buscando su primera victoria en estas Eliminatorias, para salir del fondo de la tabla. Además de esa presión, requería cambiar la imagen luego de una deslucida Copa América, en la cual quedó en el camino en la fase grupal. La novedad fue la vuelta de Renato Tapia, portando la jineta de capitán, quien se perdió el certamen en Estados Unidos con una polémica de por medio.

La Selección Colombia, subcampeona de América y uno de los elencos que mejor fútbol exhibe en este lado del mundo, goza de una generación que destaca en Europa y que cuenta con una holgura que le ayuda en el tránsito de las Clasificatorias. El DT Néstor Lorenzo se guardó a James Rodríguez para el segundo tiempo. El 10 colombiano, flamante refuerzo del Rayo Vallecano de España, venía con inactividad.

El primer tiempo fue tan dinámico como impreciso. Colombia tuvo un dominio relativo. Si bien registró el 68% de la posesión durante el lapso inicial, Perú tuvo un par de acercamientos hacia la meta de Camilo Vargas que despertaron a la efervescente hinchada local. En los 11′, un cabezazo de Alex Valera obligó a la gran intervención de Vargas, quien despejó. Luego, en los 24′, se anula un gol a Gianluca Lapadula, por fuera de juego.

En líneas generales, Colombia tuvo un mayor afán de protagonismo, que se acentuó en el complemento. Perú, en casa, apostaba a salir de contragolpe. La Blanquirroja dio un sorpresivo golpe en el partido abriendo la cuenta gracias a una acción de pelota detenida. En los 66′, el zaguero Alexander Callens pone el 1-0, desatando una algarabía contenida por mucho tiempo en el país vecino. Luego de un centro, el defensor va a la segunda jugada y conecta el balón.

Este resultado mandaba a Chile en el último lugar de la tabla, al tener peor diferencia de gol que los peruanos. El peor escenario imaginable para el fútbol criollo. Rozando el papelón.

Colombia mejoró, haciendo figura al portero Pedro Gallese. En el epílogo, llegó el empate, que se festejó tanto en Bogotá como en Santiago. Con un cabezazo, Luis Díaz puso el 1-1, entregándole algo de justicia al partido y devolviendo a Perú al fondo de la clasificación. Una sensación de alivio inconmensurable en Pinto Durán.

De esta manera, Perú se mantiene en el fondo con solo 3 puntos. Es el único elenco sin victorias en el proceso rumbo a 2026.

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Las distintas realidades financieras de las constructoras

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Una semana después de que acabara el primer semestre, el gerente de una constructora de edificios residenciales dijo que lo peor de la crisis que ha sufrido su sector ya pasó y que se estaba viendo la luz al final del túnel. Ahora, cuando las empresas del rubro que cotizan en bolsa ya dieron a conocer sus estados financieros, es posible indagar para saber cuánto de realidad tenía esa afirmación. Y lo cierto es que, a la luz de los balances, todavía parece ser pronto para dar por acabada esta negativa etapa, azuzada por la debilidad del consumo, el endurecimiento del crédito y las altas tasas de interés, que provocó el brote inflacionario.

El problema fundamental se centra en las compañías mayoritariamente volcadas al segmento inmobiliario. En cambio, algunas de las mayores constructoras del país trabajan también en grandes obras civiles, lo que les reporta diversificación y más solidez. El nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, resumió este momento apuntando a que se deberá poner “énfasis en los sectores que están más afectados, como la vivienda privada”.

Así, el estado financiero de cada firma depende de cuánto peso tienen sus áreas de negocio y cuán diversificada se encuentra. Esto, en un contexto macroeconómico que aún muestra un bajo dinamismo este año. “El crecimiento del PIB tiene un fuerte impacto en el sector construcción en Chile, y si bien se espera una expansión este año, se espera que haya una evolución de los resultados del sector, pero será de manera gradual”, comenta Paula Acuña, analista senior de la clasificadora de riesgo Humphreys. Por tanto, que estas empresas “mantengan una amplia diversificación de sus negocios morigera el riesgo de pérdidas en periodos desfavorables”, agrega.

Pero la preocupación en el mercado financiero se centra en el nivel de deuda que carga la construcción. Las firmas abiertas en bolsa suman una deuda financiera de casi US$2.400 millones, donde cuatro de ellas representan casi el 80%: Socovesa, con US$723 millones; SalfaCorp, con US$470 millones; Paz, con US$422 millones, y Besalco, con US$306 millones. Por eso, algunas empresas se han dedicado fuertemente a trabajar con el gran objetivo de reducir su deuda, como Moller & Pérez-Cotapos, que la disminuyó en un 30%.

En este contexto, se puede dividir el rubro en tres grupos, de acuerdo a cómo están enfrentando este periodo complejo.

Construcción, edificios, departamentos, propiedades.

Aún sin risas, pero al menos dejando el tono sombrío que las ha caracterizado en el último tiempo, de entre las siete compañías constructoras que cotizan en bolsa, hay dos que dan muestras de una mayor firmeza. Se trata de Besalco y Salfacorp, que poseen un área de obras civiles potente y que, según los especialistas, fundan su fortaleza en la diversificación de sus negocios, puesto que también participan en montaje industrial y en el rubro inmobiliario.

De hecho, los ingresos de ambas subieron 20,6% y 17,2%, cada una, en la primera mitad del año, lo que se correspondió con sus Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida de su flujo de caja operacional), que aumentaron 2,4% y 13,2%, respectivamente. Pero donde se denota su mayor solidez es en sus indicadores de endeudamiento, que han mejorado.

La deuda financiera sobre patrimonio en Besalco, controlada por la familia Bezanilla, cayó a 0,9 veces desde 1, lo mismo que su pasivo financiero frente al patrimonio, a 1,2 desde 1,3 veces, y la proporción de su deuda financiera de corto plazo sobre el total, que se redujo 13,5 puntos, a un 38,9%.

“La diversificación de la compañía es uno de los pilares más relevantes que ha explicado el comportamiento menos cíclico de su desempeño respecto a la industria en la que opera, justificando el rating relativamente alto en comparación a otros incumbentes con exposición a rubros en los que Besalco tiene participación”, explicó en junio pasado la clasificadora de riesgo ICR al otorgarle perspectiva “estable” a la nota A- de su solvencia.

En el caso de Salfacorp, ligada a Andrés Navarro, disminuyó la relación de pasivo financiero versus patrimonio a 1,0 veces desde 1,1 veces y su deuda financiera de corto plazo sobre el total en 7,7 puntos, a un 49,8%.

“La amplia gama de actividades de la entidad, con una diversificación y complementariedad entre áreas que le otorgan una mayor capacidad relativa para generar sinergias (…) sumado a su vasta experiencia en gestión de proyectos de construcción de obras de gran tamaño y alta complejidad, le han permitido compensar las caídas de actividad en algunos sectores durante los últimos periodos”, dijo la agencia Feller Rate en mayo, al subirle su calificación de solvencia a BBB+.

Edificios Construccion
Edificios departamentos en construcción.

Hay otras dos compañías que, aunque no denotan tensión urgente, venían de cifras más o menos positivas y tuvieron malas noticias a mitad de año.

Echeverría Izquierdo, por ejemplo, anotó una caída de 16,2% en sus ingresos, de 17,9% en su Ebitda y de 38,8% en su utilidad. Y la empresa ligada a los hermanos Fernando y Bernardo Echeverría y a Álvaro Izquierdo, cuenta con un antecedente que la apremia: la deuda financiera de corto plazo respecto a todos sus pasivos, que subió 7,2 puntos, a un 89,2%. Es decir, debe responder en poco tiempo a muchos compromisos. Pero su índice de deuda financiera sobre patrimonio aún no es preocupante: de 1,2 veces. Y los expertos lo avalan: “Se deben considerar las características propias del negocio inmobiliario, donde parte relevante de este vencimiento de deuda se enfrenta con la venta del inventario liquidable o susceptible de liquidar, como las viviendas terminadas y obras en etapa de ejecución”, señala Acuña, de Humphreys. Incluso, la analista recuerda que la compañía cuenta con terrenos para futuros proyectos que podría dar en garantía o vender, y que podría utilizar para reforzar su liquidez.

La otra empresa que no tuvo un buen pasar al exhibir sus resultados semestrales fue Ingevec que, junto con su negocio inmobiliario, cuenta con ingeniería y construcción (I&C), renta residencial y administración hotelera. La firma de Francisco Vial, José Antonio Bustamante y Enrique Besa, redujo sus ingresos en un 21,5%, pero elevó ligeramente su Ebitda y sus utilidades en un 3,9% y un 8,8%, respectivamente. De entre las constructoras, es la más conservadora en términos de endeudamiento, ya que su relación de deuda financiera neta sobre patrimonio es la menor, con 0,8 veces, pero tiene sus ojos puestos en los pasivos bancarios de corto plazo que casi se duplicaron respecto al año pasado. En todo caso, la mirada de los especialistas es “positiva”. “El cambio de perspectivas -de estables a positivas- refleja la amplia experiencia y especialización en el segmento de edificación con que cuenta Ingevec. Ello, en conjunto con una conservadora política financiera en su principal actividad, le ha permitido mantener indicadores crediticios en la unidad de I&C por debajo del promedio de la industria, pese al desafiante escenario del segmento”, comentó Feller Rate en junio al ratificar su clasificación de solvencia BBB.

Las tres compañías del rubro abiertas a la bolsa con un desempeño y un escenario deuda más complicados son Socovesa, Paz y Moller & Pérez-Cotapos. Ahora, de todos modos, es una situación que se ha morigerado respecto a lo que mostraron a fines del año pasado.

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Construcción de viviendas

Socovesa, focalizada en viviendas, mostró en el primer semestre una recuperación operacional que le dio cierto aire. Elevó sus ingresos un 69% debido a una fuerte venta con descuento de su cartera y triplicó su Ebitda, pero dado su interés por saldar deudas, elevó sus costos financieros, lo que la obligó a seguir mostrando pérdidas. La compañía controlada por la familia Gras continúa siendo la que tiene peores ratios de endeudamiento, con una deuda financiera neta de 1,9 veces su patrimonio, pasivos financieros totales de dos veces su patrimonio y una deuda de corto plazo que es el 99,5% de todos sus pasivos financieros.

En mayo pasado, la agencia ICR puso “en observación” la nota BB+ de solvencia de Socovesa, que “captura la incertidumbre respecto al proceso de recuperación financiera de la compañía, teniendo en cuenta las dificultades que seguiría presentando el sector en el corto y mediano plazo”. El futuro de la firma, dice ICR, depende de que se dé “un alza sostenida en la demanda de viviendas nuevas, siempre y cuando la empresa mantenga el adecuado acceso al financiamiento bancario”. La agencia espera una normalización de sus resultados hacia 2026, “dado que los controles de oferta implementados para responder al nivel actual de demanda implicarían contar con un menor stock disponible para escriturar en 2025″.

Paz, por su parte, ligada a la familia homónima, mostró mejoras en sus ingresos del 10,9% y en su Ebitda, del 20,7%, pero sus utilidades cayeron a la mitad, ante un aumento al doble de sus costos financieros. Sus ratios de apalancamiento también son altos, con una deuda financiera neta de dos veces su patrimonio y un pasivo financiero total de 1,7 veces. Pero redujo en 1,7 puntos su deuda de corto plazo, a un 74,8% de su pasivo total.

El futuro de esta compañía, centrada en la vivienda en edificios, tal como en el caso de Socovesa, depende de las condiciones macroeconómicas futuras. Las perspectivas de la agencia Feller Rate son “estables” para una nota de solvencia de BBB+, un escenario que depende de que la firma continúe “con una estrategia conservadora tanto en términos de ejecución de proyectos como de lanzamientos, y en los requerimientos para la generación de promesas, que se traduzcan en adecuados niveles de escrituración para alcanzar un equilibrio inmobiliario similar a lo histórico en el mediano plazo”, sostuvo, lo que permitiría una reducción en sus niveles de deuda.

En el caso de Moller & Pérez-Cotapos, la preocupación por la deuda es evidente. Así, el gran esfuerzo del primer semestre de la compañía, que tiene una base en el negocio de la vivienda, pero que ha crecido en obras civiles en las últimas décadas, fue achicar sus ratios de apalancamiento financiero. Y consiguieron reducirla un 30%. “Cabe destacar la relevante reducción de la deuda financiera que ha venido realizando la compañía en estos últimos años”, resaltó la propia empresa en su balance al primer semestre. Moller cuenta con una cartera acotada de proyectos y no está en busca de terrenos para desarrollar más, lo que le ha permitido disminuir sus gastos de administración. Con todo, logró que sus ingresos crecieran un 7,1%, aunque su Ebitda y su resultado final cayeron 75,4% y 54,2%, cada uno, afectados por menores márgenes en el sector inmobiliario y una menor actividad en construcción de obras mayores. En sus resultados, Moller resumió lo que concuerdan las constructoras respecto al futuro, especialmente en lo referido al sector hipotecario, central para las perspectivas del negocio inmobiliario: “En el sector hipotecario, las tasas de interés se han mantenido estables en un rango elevado, aún lejos de los niveles anteriores a la pandemia, sin embargo, la situación para el segundo semestre parece más prometedora gracias al control de la inflación. Esto permite anticipar una posible reducción en las tasas de interés tanto hipotecarias como de financiamiento. Se estima que la industria podría experimentar una mejora hacia finales del segundo semestre de 2024 y principios de 2025″, auguró.

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PIB per cápita crecerá en torno a 1,3% en la próxima década

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Para este año, el panorama que entregó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) no fue auspicioso: un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,25% a 2,75%, una inversión cayendo 0,8% y un crecimiento del consumo privado bajo 2%. Además, proyectó una mayor inflación para 2024 pasando de 4,2% a 4,5%.

Pero el escenario sombrío que delineó el ente rector no solo fue para el corto plazo, sino que también para el mediano: un crecimiento tendencial de 1,8% en promedio hasta el 2034, por debajo del 1,9% que previó en diciembre pasado.

En su mensaje al Senado, la propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, levantó la alerta: “Crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones, entonces es algo de lo que debemos hacernos cargo. Enfrentar este desafío y superarlo requiere de políticas públicas bien diseñadas, requiere de la creatividad y esfuerzo tanto del sector privado como del público. Requiere de instituciones sólidas”.

En ese sentido, Costa dijo que existen oportunidades, pero ello “exige prepararse en forma oportuna”, pues “enfrentamos desafíos ante avances tecnológicos que requieren capacidad de adaptación. Es necesario mejorar la calidad de nuestra educación, destinar recursos a proyectos que permitan aumentar la productividad, avanzar en iniciativas que favorezcan la inversión, fomenten la competencia, la profundidad de los mercados financieros, y por cierto aprovechar las ventajas que se nos presentan”.

Si entre 1995-2004 la economía creció 5%, entre 2005 y 2014, bajó a 4,3% y entre 2015 a 2024 siguió descendiendo hasta 2%. Y ahora entre 2025 y 2034 la proyección apunta a una expansión de 1,8%.

El PIB tendencial es la capacidad de crecimiento de mediano plazo que tiene la economía sin generar efectos adversos como la inflación. En el largo plazo, las tasas de crecimiento potencial y tendencial convergen al mismo número.

Esta fuerte desaceleración de la actividad económica ha impactado un indicador que sirve para cuantificar qué tan cerca o lejos está el país de alcanzar ingresos de naciones desarrolladas, como es el PIB per cápita (el PIB dividido por la población).

Un efecto directo sobre las personas es precisamente ese: si se considera la proyección oficial del INE de un crecimiento de la población del 0,5% por año, el PIB per cápita del país se expandiría a una tasa levemente por encima del 1% (1,3%), lo que para los economistas es insuficiente para mejorar la calidad de vida de las personas.

Los analistas coinciden que una de las principales implicancias de crecer bajo 2% en la próxima década es no poder satisfacer las demandas sociales como salud, educación, seguridad pública y pensiones. A ello se suma la desigualdad y la pobreza.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, lo explica así: “El problema del bajo crecimiento es mucho más complejo que, simplemente, tratar de invertir un poco más o aumentar algo la productividad, ya que está involucrado el sistema político, la educación, la regulación laboral, etc. Desde esta perspectiva los que dicen que el país se jodió con la reforma tributaria de Alberto Arenas, están siendo reduccionistas. Ven solo una parte del problema y este viene de mucho antes y se agrava después”.

Hermann González, coordinador Macroecómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, se suma al análisis y menciona que “en el marco de la regla fiscal vigente en Chile, un bajo crecimiento tendencial limita las posibilidades de expansión del gasto público de forma responsable. Esto implica que necesidades no cubiertas de la población en materia de educación y salud pública, vivienda o seguridad, tendrán que esperar más tiempo para ser satisfechas, con el potencial riesgo de aumentar el malestar social”. Otra implicancia entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “El sueño de alcanzar estándares de país desarrollado, como planteábamos hace pocos años atrás, es hoy, bajo las actuales condiciones estructurales del país, inalcanzable”.

Y Tomás Flores, economista de LyD, apunta que “un crecimiento de 1,8%, que supera levemente el aumento de la población, genera una condición en donde tras una década prácticamente no se observará ningún progreso en bienestar, ya que el crecimiento per cápita tan reducido solo mantiene los niveles de ingresos actuales”.

Uno de los factores que explica el estancamiento de la expansión del PIB per cápita es el deterioro de los factores que están detrás del crecimiento potencial del país. Uno de ellos es que la tasa real anual de la inversión pasó de crecer 10% (2004-2013) a una expansión de 0,8% entre 2014 y 2023. Asimismo, la productividad está estancada desde hace más de una década.

Los expertos también mencionan que este escenario de menor crecimiento se explica por un deterioro del sistema político, el que califican como “polarizado, fragmentado” y ya no es capaz de lograr acuerdos en las reformas sociales y económicas necesarias para mejorar el bienestar de la población.

El bajo crecimiento económico genera mayor pobreza y desigualdades.

La pobreza en el país ha venido bajando de manera sostenida desde 1990 a la fecha. En la última medición, Casen 2022, la pobreza por ingreso se redujo a 6,5%. Esto, según los expertos, se debe principalmente al mayor crecimiento y las políticas sociales impulsadas por los distintos gobiernos, quienes lo han podido financiar gracias al mayor crecimiento de la economía.

“Uno de los riesgos de este bajo crecimiento es que se revierta parte de los avances alcanzados hasta ahora. La pobreza se ve impactada por el menor crecimiento del empleo y de los salarios reales, que implica un escenario como este, pero también por una menor capacidad del Estado de invertir en áreas que permitan apoyar a los hogares más vulnerables para salir de esta situación”, argumenta González.

Esa misma visión es complementada por Lehmann: “Con el crecimiento tendencial que hoy registramos, no lograremos avances relevantes en mejoras en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza. Para ello, es necesario acelerar el crecimiento y abordar cuestiones de carácter estructural que hoy frenan el crecimiento y desarrollo de la economía”.

Fernández menciona que “se hace muy difícil reducirlas, porque la única forma es quitándole a los que están mejor en vez de aprovechar los beneficios del crecimiento, si este fuera más rápido. De hecho, se imposibilita reducirlas y, peor aún, es probable que ocurra lo contrario”.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y actual académico de la Universidad de Chile, argumentó que “lo principal es el impacto que tiene en el poder adquisitivo de las personas” Y lo ejemplifica así: un crecimiento hoy día de 1,8% de largo plazo dada nuestra tasa de crecimiento de la población es de 1,2% de crecimiento del PIB perca. Y si esto lo llevamos a los años 90, el crecimiento per cápita hubiera sido 0% por el mayor aumento de la población”.

ALEJANDRO MICCO.
Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda.

Otro ejemplo: “Si hoy gano 100 pesos, de aquí a 10 años estaré ganando 120 pesos. Es un aumento, pero pobre. O una persona que gana $600 mil y en 10 años subirá a $$720 mil. Es poco el aumento en el bienestar que tendrán las personas y eso afecta a todas las personas. Esta debe ser una señal de alerta para la política, ya que puede generar frustración y tensión social”. Para Micco, parte del estallido social de octubre de 2019 se debió a que el “país no creció nada durante la última década, pese a que el Fisco gastó más en protección social, el país no creció”.

González acota que “en un país que crece menos existe menos movilidad social y el Estado tiene menos herramientas para reducir las brechas que hay entre sus habitantes, todo lo cual amplia las desigualdades existentes”.

Tomás Flores sostiene que “los motores del crecimiento son la inversión, el empleo y la productividad”. Sin embargo, dice que “no se observa una agenda consistente que busquen acelerar esos tres motores y de hecho en algunos casos la discusión pública lleva a ponerlos en reversa”.

Flores
Tomás Flores, economista y exsubsecretario de Economía.

Para Fernández, “hay que hacer muchas cosas más o menos al mismo tiempo, pero reformar el sistema político es imprescindible”.

Y González apunta a que “se requiere un Estado más ágil y eficiente, un sistema político menos fragmentado y más competencia en los mercados. Además, posiblemente, tendremos que generar incentivos tributarios y garantizar estabilidad de las reglas del juego para reencantar a los inversionistas nacionales y extranjeros con nuestro país”.

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