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Giorgio Boccardo: “Estamos abiertos a incorporar distintas experiencias para poder diseñar un proyecto de 40 horas robusto”

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Es la columna vertebral de la agenda laboral del gobierno: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque aún no hay una posición clara sobre cómo se implementará, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, explica que antes de enviar un proyecto se formará una mesa técnica para escuchar la posición de los diferentes actores como pymes, grandes empresas. , trabajadores y académicos. Luego de tener esta información, comenzarán a elaborar la iniciativa que esperan ingresar al Congreso a fines de este año. Sin embargo, el subsecretario anticipa que dentro del análisis no pueden cerrarse a ningún elemento que permita la implementación efectiva de este cambio, que incluye analizar la incorporación de la flexibilidad laboral.

Un proyecto de la agenda laboral que genera expectativas es el que buscará reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿Cuál será la estrategia para impulsar esta iniciativa?

Lo que hemos definido como ministerio es formar una mesa técnica para recolectar las evidencias técnicas, recibir la opinión de diferentes actores y hacer una revisión completa del proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso para finalmente definir cuál es la mejor manera de abordar el proyecto. . de 40 horas, y si corresponde ingresar indicación sustitutiva al proyecto y cuáles son los tiempos legislativos para ello.

¿Será el trabajo de esta mesa técnica la base para la elaboración del proyecto de ley?

El objetivo de esta mesa técnica es recoger la visión de diferentes actores: sociales, gremiales, pymes, asociaciones empresariales y expertos del mundo académico. Y a partir de ese proceso, comenzar un trabajo técnico riguroso para poder evaluar qué tan gradual tiene que ser una política como esta. La mesa técnica comenzará a funcionar dentro de los próximos 15 días y tendrá su sede en el Ministerio del Trabajo. Se recibirán exposiciones de diferentes actores.

En América Latina, solo Ecuador tiene una jornada laboral rígida de 40 horas, mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) todos los países que tienen una jornada laboral de 40 horas la aplican de manera flexible. Que modelo es el que estas mirando?

Estamos revisando la experiencia comparativa de lo que ha pasado en diferentes países de la OCDE, y tenemos que revisar la experiencia latinoamericana, pero muy ajustada a la especificidad chilena, que es muy importante para que esto funcione. Nuestra idea es poder concentrarnos en el proyecto y recoger cómo se han implementado estas fórmulas. Estamos abiertos a incorporar diferentes experiencias para diseñar un proyecto robusto de 40 horas.

¿Es una de esas experiencias la forma en que se aplica en los países de la OCDE?

Como ministerio tenemos que asegurar que la implementación de este proyecto se haga de manera efectiva y, por lo tanto, tenemos que revisar todos los escenarios posibles.

¿Significa eso incorporar la flexibilidad laboral a este proyecto?

Tenemos que analizar todas las variables que nos ayudan a implementar este proyecto.

En la Comisión del Trabajo del Senado se afirmó que “hay buenas experiencias comparativas” para implementarlo, cuando se discute la flexibilidad con trabajadores y empleadores. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué países estás mirando?

Esa fue una frase que señaló el Ministro de Trabajo para manifestar que sí nos interesa que en el caso de que se incorporen transformaciones tecnológicas, como está sucediendo en Europa, en los países de la OCDE, específicamente el caso de Suecia y otros, este tipo de La transformación es la que acuerdan con las organizaciones sindicales y, por tanto, los patrones y trabajadores organizados en una empresa o sucursales definen este tipo de cambio.

¿Se os ocurre pactar tanto con sindicatos como individualmente?

Creemos que es importante que las conversaciones se den con las organizaciones colectivas que existen en las diferentes empresas, por lo que creemos que esa es la forma de lograr un diálogo fructífero.

Dado el debate que se dio en la comisión, ¿toma fuerza la idea de que esa reducción puede ser con flexibilización laboral?

Vamos a trabajar en una mesa técnica que incorpore todas las aristas de este problema que tiene que ver con las transformaciones (tecnológicas), con la productividad, con la calidad de vida, aspectos que tienen que ver con el empleo, la formalidad. También vamos a recoger el debate que se ha producido en ambas cámaras sobre este proyecto, y en base a ese marco haremos una propuesta que se oriente al objetivo de esta reforma: mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha subrayado que la caída a 40 horas debe ir acompañada de un aumento de la productividad. ¿Cómo se logra esto considerando que la productividad ha estado estancada durante varios años?

La reducción o el aumento de la jornada laboral a priori no generan cambios en la productividad. Chile tiene una jornada laboral más larga entre los países de la OCDE, pero al mismo tiempo tiene una baja productividad. Si queremos hablar de productividad, hay que hablar de tecnología, de cómo las empresas reorganizan sus procesos de trabajo, de calificación laboral. La discusión sobre la productividad es mucho más compleja que la jornada laboral. Por supuesto, como ministerio debemos incorporar esta variable y esperamos que el resultado de la mesa técnica sea lo suficientemente robusto para que consideremos todos los aspectos que viabilicen la implementación de las 40 horas.

Para algunos expertos, aplicar una jornada rígida de 40 horas puede provocar un aumento de la informalidad. ¿Hay evidencia?

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La evidencia comparativa muestra resultados diferentes al respecto. Hay experiencias comparativas donde hay jornadas laborales más cortas con bajos niveles de informalidad y viceversa también. Al igual que la productividad, es una variable a considerar, pero nos parece que estos son elementos que hoy no necesariamente están ligados a la discusión de la reducción de la jornada laboral, por lo tanto, queremos ser sumamente responsables de poner en el centro de esta discusión el dia de trabajo Sin embargo, por supuesto que nos interesa la formalización, la productividad, pero es muy importante ser rigurosos al establecer estas afirmaciones porque la evidencia comparativa muestra diferentes escenarios y no es bueno que estas discusiones sean tan exhaustivas.

¿No debería ser exhaustivo a la hora de analizar si tendría impacto en los salarios?

Yo esperaría los resultados de la mesa técnica, porque vamos a evaluar todos los escenarios. Nos interesa fortalecer las pymes, la productividad, formalizar el mercado laboral, son variables a considerar en este proyecto.

En la discusión del proyecto de las 40 horas que se llevó a cabo en 2019, gran parte del debate se centró en si se mantendría un trato diferenciado para las industrias que, por su naturaleza, no podrían regirse por una sola jornada laboral. ¿Cuál es la idea del Ejecutivo en este ámbito?

El código del trabajo considera en la jornada corriente de horas ordinarias una serie de días especiales, debido a la naturaleza específica de la producción. Lo que pretendemos con el proyecto es reducir la jornada laboral de un amplio espectro de la población que se rige por ese sistema de jornada laboral. En la mesa técnica también debemos sopesar otros aspectos que regulan o condicionan la jornada laboral, pero nuestro foco está en la jornada ordinaria.

¿Habrá un periodo de vacantes para que las empresas se adapten? ¿Será lo mismo para las grandes empresas que para las pymes?

Estamos pensando en un esquema gradual que considere el tamaño de las empresas. Eso es parte de la discusión, pero nos parece que es un criterio razonable y que está en línea con lo que ha hecho el gobierno en materia de salario mínimo y Pymes, para tener un trato diferenciado.

Ya han sostenido dos reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Definieron la forma de que el salario mínimo llegue a $400.000 este año?

Estamos en un proceso de negociación con la CUT. Como gobierno tenemos la meta de llegar a $400,000 este año. Ahora bien, la forma en que se implementará, ya sea en un solo paso o en dos, son temas de la mesa de negociación, por lo tanto, esperamos el resultado de esa mesa para anunciar las medidas específicas.

La CUT propone acelerar la llegada a $400.000 para septiembre de este año y $450.000 a mediados de 2023. ¿Se te ocurre una fórmula así?

Ellos nos hicieron su propuesta y ahora vamos a evaluar esa propuesta para darles una respuesta en la reunión del lunes. Hay espacio para hablar y llegar a un acuerdo.

Entre los pedidos está implementar una canasta básica protegida para hacer frente a los aumentos de precios, ¿se estudia alguna medida al respecto?

Entendemos que hay una coyuntura social asociada al alza de los precios de los alimentos y nos adherimos al espíritu de la propuesta de la CUT. Nuestro objetivo es encontrar una respuesta a esa necesidad que es social. Se estudian fórmulas a partir de la propuesta de la CUT.

El gobierno ha prometido algún tipo de subsidio para ayudar a las pymes a pagar el salario mínimo sin generar mayores costos que puedan afectar su producción. ¿Estás pensando en hacerlo temporal?

Lo que busca el esquema de subsidios es acompañar esta transición para que las empresas puedan incorporar gradualmente este tipo de aumento en su estructura de costos, pero al mismo tiempo puedan desarrollar mecanismos que les permitan mejorar aspectos relacionados con la productividad. . Nuestra idea es que estos mecanismos ayuden temporalmente a esta subida de salarios.

Para llegar a $500.000 al final del período, ¿ha pensado en una negociación multianual o prefiere ir año por año?

Eso es parte de las conversaciones con la CUT. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre la forma más eficiente de llegar a acuerdos de salarios mínimos. Ambas posiciones tienen ventajas y desventajas y lo importante es que las decisiones que tomemos sean consensuadas con las diferentes partes involucradas.

Los economistas consideraron poco realista el objetivo del plan de recuperación inclusivo de generar 500.000 puestos de trabajo. ¿Cómo llegan a ese cálculo?

Con base en las tasas históricas de aplicación del IFE, proyectamos la demanda hacia adelante, y en ese sentido, a través del IFE laboral vamos a estar fortaleciendo la oferta laboral, es decir, incentivando a las personas a salir de la inactividad o pasar de la informalidad a la formalidad. En este contexto, con la ampliación de los plazos del IFE de junio a septiembre y con el aumento de los topes a $300.000, esperamos recuperar unos 380.000 puestos de trabajo, de los cuales 190.000 son mujeres. Este plan también contempla una serie de políticas que brindan apoyo a las pymes y, sumado a la inversión pública, esperamos reactivar la economía y llegar a los 500 mil empleos este año.

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El primer día en libertad de Alberto Fujimori en medio de protestas en Perú

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Tras una serie de rencillas entre el Tribunal Constitucional peruano (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), finalmente el expresidente Alberto Fujimori fue liberado el miércoles del penal de Barbadillo, en Lima, causando la indignación entre el antifujimorismo que convocó a protestas en el país.

Justo en momentos en que cumple un año en el poder, fue el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte el que tuvo la última palabra respecto de la liberación de Fujimori. Tras una reunión entre el premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se decidió acatar el nuevo fallo del TC.

Alberto Fujimori se encontraba cumpliendo una condena de 25 años de prisión efectiva impuesta por la Corte Suprema de Justicia en 2009, por su participación como “autor mediato” en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. De acuerdo al Poder Judicial, el exgobernante habría cumplido esta pena en 2032.

Fujimori fue finalmente liberado a las 18:30 horas de la tarde del miércoles, aproximadamente. Según el diario Perú 21, a su salida de Barbadillo lo esperaban su abogado, Elio Riera, así como su hija Keiko y su hijo Kenji, quien lo recibió entre lágrimas. También lo aguardaba un gran grupo de simpatizantes, que celebró su salida en medio de vítores.

Tanto Keiko como Kenji llegaron hasta el penal antes de conocer la decisión del gobierno sobre la excarcelación, indicó El Comercio.

Minutos después del arribo de los hermanos Fujimori Higuchi, fuentes cercanas a Palacio de Gobierno confirmaron al diario que en la reunión entre Boluarte, Otárola y Arana se decidió ejecutar el fallo del TC.

“(Si no se hacía) se perdía el apoyo de los fujimoristas en el Congreso, eso se había previsto, el gobierno no tiene una bancada”, remarcaron.

Perú 21 señaló que el exmandatario dejó Barbadillo en una camioneta gris, que lo trasladó inmediatamente a la residencia de Keiko Fujimori en el distrito de San Borja, en Lima. Unas horas después de su excarcelación, la lideresa de Fuerza Popular brindó declaraciones a los medios desde su domicilio y en compañía de su hermano.

Primero hizo uso de la palabra Kenji Fujimori, quien expresó su agradecimiento al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por su “simpatía y sensibilidad” al haber concedido el indulto a su padre en 2017 que el TC ahora restituyó. Ese año fue Kenji Fujimori el artífice de la liberación del exmandatario, al negociar a cambio los votos de un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular en contra del proceso de vacancia que PPK afrontaba en ese momento.

Keiko Fujimori, por su parte, indicó que su progenitor ostenta un “frágil” estado de salud y que con su liberación, “la justicia y la humanidad se impusieron”. “Creo que esta Navidad finalmente será diferente. Será una Navidad de unión familiar”, sentenció.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular dijeron a El Comercio que se ha pedido a sus dirigentes y congresistas mesura y señalaron que el expresidente tendrá un perfil bajo, alejado de la política.

“La prioridad será su salud, que el expresidente se reencuentre con su familia. Por ello, su familia decidió que viva con Keiko Fujimori (en la casa de San Borja que le pertenecía a la ex primera dama Susana Higuchi y que sus hijos heredaron tras su muerte), que esté al lado de sus nietas y cerca de Kenji. La idea es que se recupere, que haya una terapia familiar”, expresaron al periódico.

El expresidente peruano Alberto Fujimori saluda mientras sale de prisión tras ser liberado en las afueras de Lima, el 6 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

También descartaron que exista a corto o mediano plazo “un plan político” para el exjefe de Estado.

Pese a haber salido en libertad, su situación judicial está aún lejos de resolverse, puesto que se encuentran pendientes otros juicios seguidos en su contra. Por ejemplo está el caso Pativilca, en el que es investigado por ser presuntamente responsable, en calidad de “autor mediato”, del homicidio de 6 comuneros de la pampa de San José de Pativilca y Caraqueño. En 2017, la Fiscalía solicitó 25 años de cárcel en su contra por este caso.

En marzo de 2022, el Poder Judicial dispuso 18 meses de impedimento de salida contra Fujimori por este caso, medida que tuvo vigencia hasta septiembre de este año. En noviembre se dispuso que el juicio oral en su contra se inicie el lunes 18 de diciembre. Este miércoles, tras conocerse que sería liberado, la Fiscalía solicitó la variación de la comparecencia con restricciones por la medida de detención domiciliaria.

También se encontraría el caso de esterilizaciones forzadas. La Corte Suprema ordenó el jueves la paralización del proceso judicial por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante su mandato. Así, tras acoger una demanda de amparo presentada por el investigado Alejandro Aguinaga Recuenco, la Sala Constitucional y Social del máximo tribunal ordenó que el proceso judicial retorne al punto en que se encontraba en octubre de 2018, es decir, a la presentación de la denuncia fiscal contra los responsables de este crimen contra los derechos humanos.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, llega al Congreso para pronunciar su primer discurso anual el Día de la Independencia en Lima, el 28 de julio de 2023. Foto: AP

Con el lema “Que se vayan todos”, diversas organizaciones sindicales y civiles iniciarán este jueves una movilización en Lima y en diferentes regiones del país, que continuará el viernes y sábado, para exigir las renuncias de la presidenta Boluarte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el cierre del Congreso -con la más alta desaprobación- y en rechazo a la liberación del exdictador Alberto Fujimori.

Así lo manifestó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, quien señaló que la clase trabajadora y la ciudadanía en general, representada en coordinadoras, movimientos regionales, frentes estudiantiles y otros, “están cansados de los actos de corrupción y las maniobras de las malas autoridades como la presidenta Boluarte, la fiscal de la Nación y los congresistas, que hacen componendas para sacar autoridades y colocar en puestos claves a personajes ineficientes como el Defensor del Pueblo”.

La protesta ocurre justo cuando la mandataria cumple su primer de haber llegado al Palacio de Pizarro después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Su gestión tiene un alto rechazo. La última encuesta de IEP arroja un 85% de desaprobación, la más alta desde que asumió la presidencia. Citando cifras de Datum Internacional, El Comercio aseguró que la aprobación de Dina Boluarte tras su primer año de gestión es la más baja de las últimas dos décadas.

A juicio de Paulo Vilca, director del Observatorio Regional de 50+1, el balance negativo a la gestión de Dina Boluarte se sustenta en la falta de iniciativas sostenibles en políticas públicas que haya podido emprender desde el Ejecutivo. Además, comentó a El Comercio, el gobierno tampoco ha mostrado autonomía frente a grupos de interés contrarios a reformas o a la implementación de políticas de calidad.

“A lo largo de los meses hemos visto que, más allá de haber contenido las protestas con todos los saldos en violaciones a derechos humanos que han señalado diferentes instituciones, es muy poco lo que ha podido hacer. Se ha caracterizado por una escasa iniciativa para plantear soluciones a problemas como la seguridad ciudadana, el estado de emergencia, frente al eventual fenómeno de El Niño, la reactivación económica. Por otro lado, es un gobierno sin autonomía frente a sectores opositores a las reformas o políticas públicas vinculadas a la educación superior (Sunedu), a la lucha contra las economías ilegales (minería ilegal), o a la lucha contra la corrupción”, opinó.

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Contraloría instruye procedimiento disciplinario a GORE Valparaíso por traspasos millonarios y otorga 60 días para subsanar incumplimientos

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Tras realizar una auditoría a las transferencias realizadas por el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso a entidades privadas sin fines de lucro mediante asignaciones directas entre el 1 de enero de 2021 y 31 de mayo de 2023, la Contraloría dio a conocer esta tarde su informe final.

En este, la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso informa que se instruyó un procedimiento disciplinario contra el GORE, “tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas” de los funcionarios involucrados en los hechos donde el ente contralor determinó la existencia de irregularidades.

Asimismo, estableció un plazo de 60 días para que el Gobierno Regional responda a la serie de incumplimientos que fueron detectados en la auditoria.

En lo medular, la Contraloría comprobó que “el GORE de Valparaíso capacitó a 14 organizaciones privadas sin fines de lucro y universidades privadas, para postular al financiamiento de transferencias con cargo al subtítulo 33 (…) sin que se adviertan los fundamentos que tuvo en vista ese GORE para invitar a esas organizaciones y no otras”.

En este punto, el ente fiscalizador destaca que tal información no se encuentra disponible en ninguna de las plataformas administradas por el GORE, por lo que ordena a la repartición pública “adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de situaciones similares, lo que deberá informar en un plazo de 60 días hábiles a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.

Asimismo, la Contraloría advirtió que “las actividades programadas en los convenios con la Fundación TERRAM y las Corporaciones FIMA y EPMUSA, fueron planteadas de forma genérica sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, costos globales, sin que esa entidad haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, y en definitiva, determinar fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa”.

Así, ordena al Gore de Valparaíso “adoptar las medidas y mecanismos de control pertinentes, que le permitan contrastar el monto requerido con algún elemento de juicio que acredite la pertinencia de los montos solicitados, tales como tablas referenciales de costos, cotizaciones u otros antecedentes que justifiquen sus estimaciones económicas, todo lo cual deberá ser informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles”.

También el ente contralor comprobó que “el convenio con la Fundación Procultura para la ejecución del proyecto “1a Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera -Rossengärd, Suecia”, que alcanza $ 25.000.000, también contempló un aporte de la Municipalidad de La Calera, por $5.000.000, sin precisar en qué se utilizarían esos recursos”.

Al respecto, “se advirtió que la fundación adjuntó a la subvención de la Municipalidad de La Calera una cotización que incluye ítems que también serían financiados con los recursos del GORE”.

En este sentido, la Contraloría indicó que el GORE de Valparaíso, en coordinación con el municipio de La Calera, “deberán adoptar las medidas comprometidas para velar por el debido empleo y correcta justificación de los gastos de que se trata, informando de aquello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días.

En un cuarto punto, la Contraloría verificó que la Fundación Procultura, en el marco del mismo convenio señalado anteriormente, entregó al GORE dos cotizaciones, una de un particular por $21.230.800, y otra de una SpA, por $18.750.000. Sin embargo, la Contraloría comprobó que tanto el particular como el dueño de la firma son trabajadores de la citada fundación, “desconociéndose en esas condiciones, si tales presupuestos fueron presentados de manera independiente o si lo han hecho de forma concertada, existiendo una duda razonable en torno a si el monto por el cual se aprobó la iniciativa corresponde o no al precio de mercado”.

En este caso, se ordena que la “repartición deberá implementar las medidas pertinentes y necesarias para velar por el debido empleo y la correcta justificación de los gastos de dicho convenio, debiendo informar en el plazo de 60 días a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.

Asimismo, la Contraloría señala que “en relación a los cuatro puntos precedentes, esta sede regional procederá a instruir un procedimiento disciplinario, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos”.

Además, en el texto de la Contraloría se detalla que “entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023, el GORE realizó 53 transferencias a entidades privadas con cargo al subtítulo 24 por un total de $1.370.822.396, vía asignación directa de recursos, vulnerando el artículo 9° de la ley N° 18.575, en relación a que la regla general para la asignación de fondos fiscales es el concurso público y que, excepcionalmente, procederá el trato directo en circunstancias calificadas, debidamente fundadas”.

Debido a que, según señala el texto, esto no se acreditó en estos 53 casos, se ordena al gobierno regional a “adoptar, en lo sucesivo, las medidas que correspondan a fin de favorecer la regla general y atenerse a la regulación que impongan futuras leyes de presupuestos”.

Asimismo, la Contraloría advirtió que “al 30 de junio de 2023 los recursos pendientes de rendición otorgados a entidades privadas sin fines de lucro con cargo a los subtítulos 24 y 33, mediante asignación directa, alcanzan un total de $15.954.199.276″ y que “se verificó que el GORE incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto a esa misma fecha, se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por $ 553.437.480, las cuales no habían sido revisadas”.

En este sentido, ordena al gobierno regional “adoptar las medidas que correspondan para lograr un control y monitoreo oportuno de las rendiciones de cuentas que se encuentran pendientes informando documentadamente el plan de acción concreto a realizar, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles”.

Finalmente, la Contraloría constató que la ejecución presupuestaria del GORE de Valparaíso de los años 2021 y 2022, de los subtítulos 24 y 33, se concentró en el segundo semestre de cada año, específicamente en el mes de diciembre, “lo que no se ajusta al artículo 11 del decreto ley N° 1.263, de 1975, por lo que esa repartición, deberá adoptar las medidas de control para que tales recursos sean ejecutados de manera homogénea durante el transcurso del año”.

En este sentido, destacan que “las transferencias otorgadas a la Fundación TERRAM y las Corporaciones FIMA y EPMUSA, a través de asignación directa de recursos, con cargo al subtítulo 33, por $401.863.000, $400.000.000 y $380.556.000, respectivamente, se materializaron el 31 de diciembre de 2022, en una única cuota, y no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos, lo que vulnera el numeral 5.13 de la glosa 02 común para todos los Gobiernos Regionales de la ley de Presupuestos para el Sector Público año 2022″.

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7 aplicaciones para mejorar la memoria y el cerebro

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Es conocido que el cerebro es una pieza fundamental para nuestro organismo, ya que se encarga de regular y coordinar las acciones que hacemos, además de que permite que podamos pensar, sentir y regular el comportamiento.

Una de las aristas que está relacionada estrechamente con dicho órgano es la memoria. Si bien, esta tiende a ir debilitándose con el paso del tiempo, existen múltiples ejercicios mediante los cuales se puede fortalecer.

Si ya has probado distintas alternativas y ahora estás en busca de opciones para utilizar en tu celular, estas aplicaciones para Android y iPhone prometen ayudarte en este objetivo, según una selección realizada por Infobae.

Revisa cuáles son y una descripción de cada una de ellas a continuación.

7 aplicaciones para mejorar la memoria y ejercitar el cerebro. Foto: referencial.

Esta app desarrollada en San Francisco, California, ofrece ejercicios para la concentración, la memoria, las habilidades del habla y la rapidez en el pensamiento, entre otros aspectos, los cuales se pueden entrenar a través de un esquema personalizado y ajustable.

Junto con ello, cuenta con más de 40 juegos distintos y permite hacer un seguimiento de los avances que has presentado, además de compararlo con el de otros usuarios.

Accede a ella en la App Store y en Google Play.

Según su descripción en Google Play, ha sido galardonada con el premio a la mejor app de la plataforma.

NeuroNation ofrece más de 34 ejercicios en 300 niveles, mientras que además de puntos como los comentados anteriormente, también promete reducir el estrés.

Informaciones rescatadas por el citado medio detallan que tiene una versión gratuita, pero que también tiene una de pago por suscripción.

Accede a ella en la App Store y en Google Play.

Figura como la décima app más descargada de la App Store. Y tal como su nombre lo sugiere, cuenta con distintos tipos de sudoku, tanto para los usuarios principiantes como para los más experimentados.

Asimismo, el juego permite que puedas revisar estadísticas personales y desafiarte constantemente con retos diarios.

Accede a ella en la App Store y en Google Play.

Los desarrolladores de esta aplicación aseguran que tiene más de 40 juegos mentales únicos, además de rompecabezas, los cuales prometen fortalecer las habilidades mencionadas.

De la misma manera, se incluyen elementos como la atención, la coordinación, el control emocional y la creatividad, entre otros.

Accede a ella en la App Store y en Google Play.

7 aplicaciones para mejorar la memoria y ejercitar el cerebro. Foto: referencial.

Esta aplicación desarrollada por GMRD Apps Limited se encuentra en el onceavo lugar de la lista de “Salud y forma física” de la App Store y en ella se pueden crear planes de entrenamiento mental personalizados.

Si bien, se puede utilizar una versión gratuita de tres días, después de ese límite debe pagarse una suscripción mensual.

Accede a ella en la App Store.

Desde el citado medio detallaron que a pesar de que esta app tiene 20 ejercicios, estos tienen un carácter desafiante que promete ayudar a mejorar la memoria, la atención y la capacidad para resolver problemas matemáticos.

A ello se le suma que a diferencia de otras de las mencionadas, esta es gratuita y para que se eliminen los anuncios publicitarios solo se debe hacer una donación que va desde un dólar, es decir, poco menos de $900 pesos chilenos.

Accede a ella en Google Play.

Los desarrolladores de Lumosity aseguran que tiene más de 100 millones de usuarios y más de 30 juegos a los que se les van añadiendo otros nuevos constantemente.

La propuesta no es muy diferente a la de las apps anteriores, ya que brinda retos para la memoria, la velocidad, la resolución de problemas, la lógica, las matemáticas y el lenguaje.

Pese a que se puede utilizar de forma gratuita por los primeros 10 minutos, después requiere que se realicen pagos para poder seguir usándola.

Accede a ella en la App Store y en Google Play.

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