Manuel Inostroza, académico de la U. Andrés Bello: “Es clave que la Superintendencia de Salud sea muy celosa en la fiscalización de las garantías”

Desde su experiencia como ex Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, abordó el escenario del sistema privado de seguros, donde se cruza la actual crisis financiera de las isapres con un marco actual más estricto de el control de garantías y cálculo de provisiones establecido por la circular 361 emitida por el regulador el año pasado.

Dado que la garantía total del sistema ascendía a $683.500 millones al 30 de junio, el experto indica que el cumplimiento de la circular se tradujo en un aumento de $198.000 millones, “lo que significó que todos los dueños de las isapres debían realizar aportes de capital en un importante esfuerzo para respaldar este mayor nivel de deuda con sus afiliados y prestamistas”. Como resultado, la garantía actual “refleja el orden del 20% del total de los beneficios -unos $3.430 millones- que se pagaron a las clínicas en 2021, que es un buen nivel de reserva”.

“La garantía actual refleja el orden del 20% del total de los beneficios pagados a las clínicas en 2021”.

Sin embargo, advierte que las cifras rojas que sufrieron las isapres en 2021 -sumadas a las proyecciones de que “exactamente el mismo orden de pérdidas se pueden volver a producir para 2022 por alrededor de $150 mil millones”- abrieron un escenario que “nunca había ocurrido”. en la industria y que equivaldría a comerse todas las ganancias de los últimos diez años”.

Por ello, advirtió que se debe prestar atención a prácticas como el retraso en los pagos o una mayor frecuencia de rechazos justo el último día antes de aprobar una facturación, todo lo cual se traduce en prórrogas de los plazos de liquidación de deudas a Niveles de 90 o 120 días. En este punto, el experto recordó que una modalidad de actuación que estaba en la base de los problemas que hacía que la isapre de Masvida cubriera solo el 52% del total de la garantía a los proveedores “era solicitar la devolución de las garantías a cambio de que estas se fueran a pagar”. pagarles directamente, pero eso finalmente se usó como una forma de extraer y desviar recursos para otros fines”.

“La inquietud que surge es si ante prácticas como las que generaron problemas de garantías en 2019, la superintendencia ahora fiscaliza con la misma profundidad en base a la nueva normativa más exigente y controlando que el déficit de garantías no se vuelva a desencadenar. ”, subraya.

-¿Cuál es el principal desafío para el regulador del sector?

-Es clave que la superintendencia sea muy celosa en el proceso de fiscalización, para que no se repita el caso de la isapre Masvida, donde se exigió la garantía legal de los recursos reales que tenía en el sistema bajo el control de la Superintendencia de Salud .

– ¿A qué tipo de prácticas debe estar especialmente atenta la superintendencia?

– La solicitud de devolución de garantías para el pago de deudas con proveedores es una práctica que está regulada y legalizada y a la que probablemente hoy en día podrían estar recurriendo las personas con problemas de flujo. Yo le pondría mucha atención a esta metodología, porque si no está bien calculada y la superintendencia no está encima de ver cuál va a ser la técnica -por ejemplo, vía depósitos directos- ese mecanismo podría servir como una forma generar flujos sacando ese dinero de las garantías de los prestamistas. Yo diría que esto es lo más delicado que puede estar pasando.

-¿En qué medida la circular 361 emitida por el superintendente de gobierno anterior Patricio Fernández en 2021 es una herramienta efectiva para asegurar un nivel adecuado de garantías para el sistema?

-Efectivamente, corrigió la situación que en su momento se produjo por la crisis de Masvida donde se veía que, de alguna manera, la garantía se había desvinculado del requisito legal y la superintendencia había perdido el celo del mecanismo normativo de control y inspección. Ahora bien, la preocupación es que se podría estar incubando una eventual segunda situación compleja dada la producción de una crisis, de inseguridad jurídica por un lado, pero también por el escenario pospandemia que está generando un mayor gasto en el sector isapre en relación a ingreso. , así como las pérdidas que está teniendo.

En esto, es muy importante que primero se garanticen los afiliados y, segundo, los proveedores, en un círculo virtuoso, porque de lo contrario no hay confianza en que el sistema siga funcionando.

– Con las dimensiones que ha alcanzado la deuda de las isapres con las clínicas, ¿es suficiente el esquema de garantías exigido a la industria?

– La pregunta es si con la metodología actual de la circular 361, esa deuda está o no incluida en la garantía. Porque si la Superintendencia está exigiendo esta metodología de cálculo más exigente, y está supervisando y controlando que las devoluciones del pago de la garantía efectivamente se vayan a pagar por prestaciones, la respuesta debe ser sí, que esa deuda flotante sea considerada en la garantía.

-¿Existe la posibilidad de que la superintendencia no pueda proteger las garantías del sistema en este escenario?

–Puede ser que alguna deuda nueva no esté incluida en la garantía y deba exigirse su cumplimiento. Aquí el regulador tendría que asegurar que efectivamente, a diferencia de lo que pasó con Masvida -que no estaba siendo supervisada adecuadamente-, ahora esto está considerado al 100% en las condiciones actuales.

– ¿De qué depende el cumplimiento?

-Si dices que están revisando los cálculos de garantías, si efectivamente se están ajustando a la metodología más exigente de provisiones y realmente van a poner más ahínco en la devolución de garantías controlando todos los filtros posibles -como el manejo de cheques y ese tipo de cosas-, entonces la respuesta podría ser sí. Entonces, si se estuviera auditando y efectivamente la devolución de garantías se está utilizando para pagar deudas –y por lo tanto se está neteando y no hay incremento de deudas-, no habría problema.

– ¿Existen incentivos para que la superintendencia sea exhaustiva en este punto?

-En 2019 la autoridad dijo “tranquilos porque tenemos una ley que nos protege al 100%”, pero resulta que en la práctica se demostró que al final solo cubría el 50%. Entonces, no basta una declaración de la autoridad, sino que tiene que demostrar su celo vigilante con todas sus facultades para dar efectivamente una señal tranquilizadora.

Estrategias gubernamentales

-En este punto, en el sector privado hay opiniones que afirman que el actual gobierno no tendría como objetivo estabilizar las isapres, teniendo en cuenta que su política de salud busca el fin del sistema tal como lo conocemos ahora…

-Voy a graficarlo de la siguiente manera. Cuando yo era Superintendente de Salud, durante el caso de la isapre de Vida Plena, parlamentarios de la Coalición, más a la izquierda, nos decían que no debíamos hacer nada para arreglar esa situación, porque era un ejemplo vivo de que el sistema no trabajar. En nuestro diagnóstico -esto lo discutimos con el presidente Ricardo Lagos y el ministro Pedro García-, la conclusión fue que por mucho que quisiéramos reformar las isapres porque no nos gustaba cómo funcionaban, no podíamos dejar a 150.000 afiliados sin solución para ese enfoque bastante ideológico, y que teníamos que resolver el problema actual que enfrentan esos beneficiarios. Y luego, a través del debate político, legislativo y democrático, buscar la reforma que queríamos. En otras palabras, para nosotros como gobierno no era moralmente aceptable “matar” a las isapres por la vía administrativa, excusándonos, por así decirlo, de nuestra incapacidad política para no llegar a acuerdos de reforma. Lo digo en serio. Así lo encaramos y presentamos el proyecto de ley abreviado de Isapre que significaba toda la legislación que se aprobó en 60 días por unanimidad en 2003.

-¿Es posible que ahora se esté dando un dilema similar en la coalición de gobierno?

-Tiendo a pensar que hoy puede estar pasando que ciertos sectores del gobierno, los más radicalizados, están pensando que -más que hacer una reforma-, la mejor forma de demostrar que el sistema no es sostenible es dejar morir a las isapres. por la vía administrativa. Pero el problema es que ahora ya no estamos hablando de 150.000 personas, sino de problemas de salud y continuidad asistencial para 3,3 millones de personas. Por eso creo que aquí el Gobierno y los entes reguladores tienen que buscar todos los esfuerzos a través de la normativa vigente para mantener la continuidad de atención a estas personas. Eso es lo primero y más importante, e insistir en su propuesta de reforma por la vía democrática y el debate legislativo.