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Magistrados rechazan recorte presupuestario al Poder Judicial
Este día, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, expresó su preocupación luego de que el gobierno decidiera reducir el presupuesto del Poder Judicial en más de $17 mil millones.
El timonel del máximo tribunal conoció la determinación el viernes pasado, a través de una llamada de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez. En este escenario, este martes por la tarde Los titulares del Tribunal Supremo se reunieron en un pleno extraordinario, en el que acordaron una declaración de seis puntos donde revelaron que cualquier reducción que se aplique podría poner en grave riesgo el trabajo de los tribunales.
En su comunicado destacaron que la medida “Afectará gravemente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia”.por lo que esta Corte Suprema expresa su preocupación”. Agregó que “esta Corte Suprema, a través de su Presidente y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizará todas las gestiones necesarias ante las autoridades pertinentes, a fin de revertir esta situación o reducir sus efectos nocivos en la función judicial. Sin embargo, es nuestro deber alertar a toda la comunidad de la grave situación que enfrentaremos durante este año, si no se revierte la medida anunciada”.
A esta preocupación se sumó en las últimas horas la Asociación Nacional de Magistradosquien rechazó la medida a través de un declaración pública.
“Como Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión de realizar una reducción presupuestaria de 17.000 millones de pesos a nuestra institución, “Una medida que tendrá graves implicaciones para el funcionamiento de los tribunales, la administración de justicia y el acceso de los ciudadanos a un derecho fundamental”, indicado desde la organización.
Al respecto, indicaron que la medida del Ejecutivo pone en riesgo la capacidad del Poder Judicial para cumplir “de manera eficiente y oportuna” su rol como garante de la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Así, los magistrados destacan cuatro consecuencias producto de la reducción presupuestaria.
1. Impacto en el acceso a la justicia. Afirman que “la disminución de recursos afectará directamente a los sectores más vulnerables de la población, quienes ya enfrentan múltiples barreras para acceder a una justicia pronta y efectiva”.
2. Paralización de proyectos clave. Los magistrados destacan que “podrían suspenderse programas tecnológicos, modernización de los sistemas de gestión judicial y capacitación de funcionarios, afectando la calidad del servicio entregado”.
3. Sobrecarga de trabajo. La asociación sostiene que “la falta de recursos aumentará la carga de trabajo en unos tribunales ya saturados, comprometiendo la resolución de los casos en plazos razonables”.
4. Falta de protección de los derechos fundamentales. Finalmente, destacan que ante la reducción “las víctimas de violencia doméstica, los trabajadores que buscan justicia laboral, los menores en situación de riesgo, entre otros colectivos, verán afectada la respuesta institucional”.
Ante esto, el grupo hizo una “Llamado urgente” al Gobierno, Congreso y ciudadanía a “reflexionar sobre esta decisión, considerando las consecuencias que tendrá para la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones del Estado”.
En este sentido, añaden, “Solicitamos la revisión de esta reducción presupuestaria y la priorización de los recursos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la justicia”.
El comunicado concluye señalando que “la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile reitera su compromiso con la ciudadanía y seguirá trabajando para garantizar el acceso a una justicia oportuna, transparente y eficiente, pero Es imperativo contar con los recursos necesarios para cumplir esta misión”.