Javascript está deshabilitado en su navegador web.
Por favor, para ver este sitio correctamente,
habilitar javascript.
Para obtener instrucciones para habilitar javascript
En su navegador, haga clic aquí.
Faltan sólo dos meses y medio para que termine el año y se acerca el plazo de definiciones para buscar un acuerdo en materia de pensiones.
Esto, con miras a cumplir con el cronograma fijado por la Comisión de Trabajo del Senado, que implica enviar la reforma a la tercera etapa (regreso a la Cámara de Diputados) en el plazo máximo de enero de 2025.
Junto al estudio del proyecto de ley por parte de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado -que aprobó cuatro temas ad referéndum- Hay otras instancias que avanzan paralelamente en temas más complejos. El cuadro técnico es uno de ellos.
La licitación sería “ciega” para todos los gestores (incluido el postor). Es decir, solo se conocería el grupo del 12,5% de personas que participarían en la subasta luego de que el proceso se adjudique a la entidad que ofreció la menor comisión.
El organismo coordinado por el economista y asesor del Ministerio de Trabajo, Cristóbal Huneeus e integrado por la exministra María José Zaldívar; las economistas Paula Benavides, Cecilia Cifuentes y Soledad Hormazábal; el exsenador Juan Pablo Letelier y el asesor legislativo, Hermes Gutiérrez, Avanza cambios a la propuesta de licitación de acciones, que ha sido una de las medidas que ha cobrado fuerza, pese a las fuertes críticas que ha recibido por parte de la industria de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Diversas fuentes confirmaron al DF que La nueva fórmula que estaría considerando la mesa técnica implica cambios relevantes a la propuesta inicial.
El grupo de expertos estaría evaluando que el 12,5% de la cartera de ex afiliados se subaste cada dos años y que la gestora (hoy AFP) que gane la subasta deberá mantener la comisión por un período de 16 años.
Actualmente, el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso establece licitación del 10% anual y que la comisión se mantenga por 10 años.
Juan Pablo Letelier, exsenador y representante del senador Saavedra (PS). Cecilia Cifuentes, economista y representante de la senadora Coloma (UDI). Soledad Hormazábal, economista y representante del senador Cruz-Coke (Evo.). María José Zaldívar, exministra y representante de la senadora Galilea (RN). Paula Benavides, economista y representante del senador Saavedra (PS). Cristóbal Huneeus, economista y coordinador de la Mesa Técnica.
Además, allegados a las conversaciones aseguraron que la puja sería “a ciegas” para todos los gestores (incluido el postor), es decir, que solo estaría el grupo del 12,5% de las personas que participarían en la subasta. conocida luego del proceso se adjudica a la entidad que ofreció la comisión más baja.
La licitación protegería el derecho a elegir de los afiliados, para que las personas puedan decidir quedarse en su AFP de origen y no ser transferidas a la que ganó la subasta, aunque se espera que quienes decidan optar por la nueva alternativa será un porcentaje mayor.
Otra salvaguarda que se buscaría implementar es que haya información transparente y objetiva para los afiliados durante la ventana para tomar la decisión de cambiar o no, aunque los detalles de este asunto dependerán de la definición del regulador en el proceso regulatorio.
Además, dentro de la mesa técnica predominaría la visión de que, para avanzar hacia una licitación del stock, ésta debe realizarse sin participación estatal, sino con competencia entre gestoras privadas.
Lo anterior no logra calmar el ruido que existe en el mercado, ya que los detractores señalan que así estaría establecido en esta reforma, pero podría cambiarse en el futuro a través de un proyecto de ley.
Transferencias de activos
Una de las preocupaciones de los técnicos y que también forma parte de las inquietudes de los integrantes del panel de expertos -en el que también participan la Superintendencia de Pensiones y la Dipres- es la protección de los retornos en el mecanismo de transferencia de activos.
La Ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jaraaseguró esta semana al DF que “el diseño de la licitación accionaria contempla medidas que aseguren que no habrá impacto en las inversiones previsionales y, en particular, en los activos alternativos, manteniendo el objetivo fundamental de bajar las altas comisiones que actualmente pagan los afiliados al AFP”.
¿Cómo se haría? La autoridad precisó que “como salvaguardas, ante cualquier efecto negativo sobre las inversiones previsionales, se propone que los futuros inversionistas deban transferir valores al inversionista adjudicatario de la licitación, sin necesidad de liquidar las inversiones en el mercado”.
Además, señaló que “se propondrá que las transferencias sean a prorrata de las inversiones existentes en las entidades de origen y, en el caso de que existan activos intransferibles, estos no serán transferidos”.
En tanto, en el caso de las alternativas, el titular de Trabajo afirmó que “éstas actualmente representan menos del 10% de la cartera de los fondos de pensiones, representando menos del 1% de las inversiones a transferir, por lo que pueden ser excluidas del “Transferencia obligatoria sin afectar la viabilidad de la licitación ni de las inversiones previsionales”.
Críticas al enfoque en el precio
Junto al problema que podría generar el traspaso de fondos, la industria ha planteado la idea de que es un error licitar a antiguos afiliados y centrarse simplemente en el precio y no fijarse en otras variables, como la rentabilidad.
Para abordar esta pregunta, La reforma iría acompañada de un mecanismo de “recompensa y castigo” según el desempeño de los fondos, de modo que cuando el desempeño del gestor es mayor que el benchmark (cartera de referencia), tiene una recompensa y cuando es al revés, un castigo.