El mundo de la transparencia y la probidad no es nuevo para el recién designado presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, ex superintendente de AFP, Isapres y Valores y Seguros y actualmente director de empresas.
Entre 2011 y 2013 encabezó el Consejo para la Transparencia, pero su implicación en estos temas se remonta a mucho antes, desde 1994, cuando se creó la Comisión Nacional de Ética Pública y, siendo un joven abogado, se desempeñó como secretario ejecutivo.
Ferreiro dice que, con este nuevo rol al frente de Chile Trasparente, “vuelvo a mi primer amor”, y recuerda que esta comisión -que incluyó, entre otros, al ministro de la Segpres Genaro Arriagada, Máximo Pacheco Sr., Ricardo Rivadeneira y Guillermo Arthur- , realizó el primer diagnóstico de la situación de la probidad en Chile y elaboró un catálogo de propuestas. “Fueron 40 recomendaciones, que marcaron una hoja de ruta para varios años para nuevas regulaciones: leyes de transparencia, contratación pública, probidad y modificaciones al código penal, financiamiento electoral, entre otras”, afirma.
-Como nunca antes, en 2024 la transparencia ha sido uno de los temas principales de la agenda política y mediática. ¿Cómo evalúa Chile Transparente este rol?
-El principal indicador de transparencia impulsado por Transparencia Internacional y difundido en Chile por Chile Transparente tiene que ver con el índice de percepción de corrupción. Vemos que la corrupción es un fenómeno oculto, sabemos que hay mucha corrupción que no se conoce, y que lo que se conoce es una realidad subyacente de la corrupción. Y si hay un año en el que la percepción de corrupción en Chile probablemente va a alcanzar niveles muy preocupantes, es precisamente éste el que termina. Hemos estado expuestos a múltiples denuncias, casos sonados, por eso es natural que la gente aumente su desconfianza en las instituciones.
-¿Qué impacto tiene esa percepción?
-Se percibe una situación muy peligrosa, en mi opinión, para la estabilidad institucional y para la salud de la democracia. Creo que Chile está caminando por el borde de la estabilidad institucional. Estuvimos en cierto peligro por un tiempo, y estamos anestesiados por la calma temporal después de dos procesos constitucionales fallidos, pero el problema de fondo está ahí, y las bandas sobre las que descansa la estabilidad institucional son muy frágiles, porque la percepción de integridad y confiabilidad de la autoridad en los poderes del Estado se encuentra en su peor momento histórico y la percepción del desempeño del Estado, es decir de la capacidad del Estado para resolver los problemas de las personas, también es muy baja.
Ferreiro afirma que en este contexto, Chile Transparente tiene el desafío de insistir en reformas legales que ayuden a mitigar estos problemas. “En el pasado Chile ha tenido una virtud, ha sabido reaccionar a tiempo, con acuerdos políticos transversales para encontrar una solución.
-¿Qué opinas de la transparencia en el mundo privado?
-En general, el mundo privado tiene menos justificación teórica para la intensidad de transparencia que debe exhibir. Cuando hablamos de lo público, hablamos de lo que es de todos, y todos tenemos derecho a saber qué ocurre allí. Ese derecho, esa expectativa, es algo menor, algo menor solamente, con respecto al mundo privado. Y justifica una diferencia de trato. Es evidente que cuando hay una entidad privada que recibe financiamiento público los estándares de transparencia tienen que ser mayores, y lo mismo cuando cumple una función social importante.
-¿Cuánto de la percepción actual es precisamente resultado de una mayor transparencia, o del hecho de que se conociera la información?
-Efectivamente, hoy hemos sabido más cosas y estamos escandalizados por lo que sabemos. Pero en un escenario de transparencia regulada por el Estado, de sistemas que garanticen el control y el escrutinio social, probablemente buena parte de lo que hemos conocido no habría sucedido, porque las personas se inhiben de las malas prácticas cuando saben que están siendo observadas y sometidas. al escrutinio. escrutinio público.
-¿Debe modernizarse la ley de Transparencia y adaptarse a los nuevos tiempos?
-La ley de transparencia juega un papel fundamental, sigue siendo importante, pero de alguna manera está obsoleta en algunas dimensiones. Este es el caso de la transparencia activa, que debe producirse en un formato de datos abierto y reutilizable. Hoy en día la transparencia no puede funcionar en PDF. Otro tema que debe revisarse es que la tutela del Consejo para la Transparencia opera sobre la administración central del Estado y los municipios, pero no respecto del resto de los agentes del Estado, entre ellos, el Poder Judicial, el Legislativo Sucursal, Contraloría. , el Ministerio Público, la Corte Constitucional.
Ferreiro cree que el eslabón más débil en materia de control es el municipal y destaca que “el patrón común es que el alcalde goza de control, de poder casi total en la asignación de recursos, en la asignación de funcionarios, por ejemplo. “Ambos sistemas de control interno a nivel municipal son muy débiles.”
-Entonces no se trata sólo de transparencia…
-No es un tema de información. Las unidades de control municipal dependen del alcalde. Hoy hay en el Parlamento un proyecto de ley sobre integridad municipal que busca fortalecer la unidad de control interno. Este proyecto era urgente hasta agosto, ahora está paralizado, queremos que se reactive, porque nos parece fundamental.
-Otro tema de la agenda actual son los gastos reservados. ¿Qué sugieres en esta área?
-Cuando llegué a trabajar a La Moneda en 1990, todo el monto proveniente del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno era un gasto reservado. Todo el juego. Y las partidas de gastos reservados del Ministerio del Interior y de Defensa eran extraordinariamente elevadas. Con el tiempo se redujeron, pero sigue siendo motivo de preocupación. Hay algunos gastos reservados que son inevitables, por cuestiones de seguridad interna o externa, pago de informantes, por ejemplo, pero creo que los ministerios estrictamente políticos, que no están vinculados a la seguridad, probablemente no deberían tener gastos reservados. Ahora, en el contexto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, me resultaría difícil encontrar fundamentos para que el Ministerio del Interior tenga gastos reservados.
