Álvaro Clarke, ex presidente del Consejo Técnico de Inversiones y Nueva Constitución: “La propuesta en Seguridad Social es lamentable”

El economista Álvaro Clarke es expresidente de la Comisión Técnica de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones y exregulador de Valores y Seguros, entre otros cargos en gobiernos de la ex Concertación.

Hoy, DC forma parte de los “amarillos” y señala con dureza una de sus críticas a la Nueva Constitución. “La propuesta del Seguro Social es lamentable y por varias razones”, dice, señalando los conflictos de permitir la iniciativa parlamentaria en esta materia, acabando con la injerencia exclusiva del ejecutivo instaurado en los años 60. “Es un retroceso tremendo (…) que generará una fuente de inestabilidad permanente para la economía y para el propio sistema de pensiones. Probablemente le dificulte al propio gobierno llevar a cabo una reforma con los lineamientos que conocemos hasta ahora y se han transmitido a la opinión pública”, enfatiza.

“No debemos descartar que, en el futuro, el mecanismo de decisión pueda ser diferente, reduciendo el número de fondos y permitiendo tomar decisiones en plazos más largos”.

-¿Cómo ve el papel del sector privado en el sistema de pensiones, con los ajustes al texto constitucional?

– Como muchas cosas en la Constitución, no contribuye a la creación de un sistema de pensiones eficiente, donde el papel del sector privado es fundamental. El Estado está obligado a considerar la experiencia de las empresas privadas en esta materia porque toda esa capacidad no está en el sector público y (…) no tiene como construirla de manera permanente. (Sí) la Constitución dificulta la participación del sector privado, básicamente está dificultando crear un sistema que sea eficiente en el largo plazo, porque es el sector privado donde reside la ventaja comparativa o las especializaciones a realizar esta tarea en el campo de la información, la operación de cuentas y las inversiones.

-¿Cómo ve el contexto político para avanzar en una Reforma Previsional?

-Veo en el ambiente que la capacidad de llegar a acuerdos se ha ido fortaleciendo con el tiempo, precisamente por la necesidad de emprender una reforma que cada vez es más necesaria, y donde los actores que eventualmente serán parte de esta negociación, también han interiorizado eso es imperativo llegar a una solución pronto. Aunque una parte importante de esta solución va a dejar insatisfechos a quienes van a participar en ella.

-¿Cuál es su opinión sobre la gestión estatal y una nueva forma de ser de las AFP?

Percibo un cambio estructural importante que va a durar en el largo plazo, donde todos los sectores van a tener que hacer ajustes. Pensemos sólo en los cambios en los modelos de supervisión que se van a tener que aplicar. Hay muchos cambios que son con el fin de crear un equilibrio a largo plazo para que este nuevo sistema responda de mejor manera a lo que ha sido el resultado hasta ahora. Y, por tanto, los participantes van a tener que ser parte de este juego y eso implica jugar de otra manera.

-¿Agentes no AFP?

En primer lugar, el sistema de pensiones forma parte del sistema de Seguridad Social y por lo tanto se espera que cumpla con ciertos objetivos, en este caso, que las personas reciban una pensión relativamente razonable cuando se jubilen. Sabemos que, por diferentes razones, esto no sucede, ya sea porque la edad de jubilación en Chile es muy baja, o porque las cotizaciones son bajas. Lo importante es que la Reforma va encaminada a cumplir con este objetivo, y los actores van a tener la oportunidad de jugar también un papel más acorde con lo que es un buen sistema de seguridad social de largo plazo y, por tanto, con la legitimidad del sistema y también se fortalecerá la legitimidad de los actores.

-¿Existe realmente algún riesgo de pérdida de libertad o de propiedad de los ahorros, como se ha denunciado?

El sistema de pensiones no es de libertades. Es un sistema de seguridad social, porque es el Estado el que tiene que hacer el papel de prospectivo y debe obligar a las personas y empresas, a través de políticas públicas, a generar la riqueza suficiente para que haya fondos disponibles en el futuro. Ese es el sentido de todo el sistema de pensiones y, por definición, restringe toda libertad individual. Entonces esa dicotomía no existe por definición. Es obligatorio.

En este sentido, no debe descartarse que en el futuro el mecanismo de decisión pueda ser diferente, por ejemplo, reduciendo el número de fondos y permitiendo que la elección de ese número de fondos se haga en periodos de tiempo muy largos.

-¿Puede el Estado competir con el sistema privado en términos de rendimientos y operaciones en materia de pensiones?

Si el Estado quiere asumir parte de esta tarea, si quiere llevarla a cabo con eficiencia, necesariamente tendrá que recurrir a la entidad privada, porque en estas funciones es el sector privado el que tiene mayores ventajas comparativas. Entonces, simplemente por una obligación de eficiencia del Estado (…) se debe recurrir al sector privado en muchas facetas, tanto en el manejo de cuentas, donde existen organismos especializados que operan en el mercado local o internacional, con economías gigantescas de escala, mucho más de lo que puede ofrecer un mercado como el de Chile por su tamaño.

-¿Debe necesariamente el Estado licitar estos servicios?

Lógico, ya que lo hace de forma recurrente en prácticamente todos los departamentos públicos. Está lleno de sectores privados, sofisticados, calificados, que operan globalmente, cuyas ventajas comparativas son muy difíciles de lograr para el Estado.

-En cuanto a la entidad estatal, ¿debe ser nueva o hay un organismo capaz de asumir esta tarea?

En estos temas, más que innovar, debemos utilizar lo que se ha hecho en el país. Creo que hay una oportunidad de crear una organización teniendo en cuenta las mejores experiencias y los más altos estándares internacionales, y creo que eso sería un enorme aporte al desarrollo del país.

¿Son las cuentas nacionales una opción viable y recomendable para el sistema de pensiones en Chile?

Las cuentas nacionales son más una consecuencia de la política que la política misma. Este va a ser un sistema que va a funcionar con ahorro y con distribución intergeneracional o intergeneracional y, necesariamente, en consecuencia, va a tener algún tipo específico de cuenta nacional.