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Amparo, demanda y remoción de Chong: Yáñez se aferra al uniforme a 12 días de su formalización

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“Mi cargo finaliza constitucionalmente en el mes de noviembre. Es un cargo que es de absoluta confianza del Presidente de la República y obviamente las circunstancias y los momentos dirán la oportunidad de cuándo se tengan que tomar las decisiones, cuando así sea”.

De esta manera el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a su futuro en la policía uniformada, ante la inminente formalización en su contra por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social.

Es que la situación del general Yáñez no es fácil, ni para él, ni para la institución, ni tampoco para el gobierno. La audiencia fijada para el 7 de mayo -en 12 días más- obligó al jefe policial a tomar la decisión de salir de Carabineros sí o sí antes de la audiencia, lo cual ya acordó con el Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, Yáñez quiere jugarse todas las cartas posibles para zafar de la formalización y así evitar su salida. En eso ha estado su abogado, Jorge Martínez, en las últimas 72 horas, a través de distintos recursos legales, luego que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara en dos oportunidades suspender la causa.

El martes vino la primera parte de su arremetida judicial. Ese día, su defensa presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago por ver “perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual” del jefe policial “por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público”.

A juicio del general y sus abogados, el Ministerio Público se ha extralimitado de sus funciones, pues, por ejemplo, aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en la carpeta investigativa, no precisándose en cuántos de esos el general director tuvo una conducta de delito omisivo.

Junto a eso, el miércoles, se interpuso una orden de no innovar (ONI) en que pidió paralizar el proceso que llevan adelante el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.

“Mi representado se ha visto privado de su derecho al conocimiento de los hechos que se le imputarán desde el momento que adquiere la calidad de imputado, su derecho a ser oído y su derecho a tener un plazo razonable para preparar su defensa material; puesto que los hechos de la carpeta investigativa han mutado, aumentando progresivamente (…) los delitos que se busca imputar”, se lee en el escrito. Además, se consigna que “el fiscal Armendáriz se ufanó de mantener en reserva” la cantidad de casos por los cuales se investiga a Yáñez.

Con esas dos acciones presentadas en la Corte, durante las últimas horas Yáñez dobló su apuesta e ingresó dos importantes escritos más.

El primero tiene que ver con un recurso de inhabilidad presentado por el abogado del general contra los fiscales Chong y Armendáriz, a través de un escrito enviado al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Allí acusa imparcialidad en el proceso investigativo, como también una vulneración a sus derechos, en la misma línea de lo que dice el recurso de amparo. Sin embargo, esta no es la primera vez que apunta en contra de Armendáriz y Chong. El 24 de noviembre de 2023 también presentó una solicitud de inhabilidad. Allí, el abogado Martínez aseguró que ambos fiscales han demostrado “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019″. Pero esa vez Valencia rechazó el requerimiento.

Ahora, ingresado el documento, el fiscal nacional le dio a Armendáriz 48 horas para hacer sus descargos, ante la nueva solicitud del abogado del general Yáñez, quien además acusó ante la Corte la manera en que el Ministerio Público ha llevado el caso.

Luego de presentada la solicitud de inhabilidad, los abogados del jefe policial se trasladaron -nuevamente- hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora para pedir una “medida precautoria” para suspender la tramitación de la causa y preparar una demanda contra el Ministerio Público.

“En los tres años de investigación, la Fiscalía nunca ha explicado ni detallado cuáles son los cargos claros, precisos y determinados por los cuales está investigando a mi representado; cuestión que cobra especial relevancia cuando pase a explicar la formalización que solicitó el Ministerio Público, que constituye el acto cuya nulidad se solicitará, por haberse ejercido fuera de las competencias constitucionales y legales que tiene dicho órgano del Estado”, explicó Martínez en la Corte.

Para la defensa de Yáñez, el ente persecutor está “creando un delito” al imputarle el delito omisivo por apremios ilegítimos, pues -a su juicio- este solo es aplicable cuando el oficial ve en terreno que la conducta de su subordinado se aleja del protocolo o marco regulatorio de sus funciones.

Lo anterior, se lee en el escrito, “es EVIDENTE (sic), y quedará de manifiesto en la demanda que interpondremos, ya que el delito de apremios ilegítimos omisivo solo puede cometerse por una persona que haya tenido al menos la posibilidad de realizar una conducta con el fin de detener los acontecimientos con un conocimiento que no sea extemporáneo. Esto se denomina la actualidad del dolo, e implica que el sujeto estuvo presente en el lugar de los hechos”.

El general Yáñez busca ganar una batalla que cada vez más se le hace cuesta arriba, aunque está agotando todos los medios para lograr llegar a noviembre como general director de Carabineros. Así lograría ser el primero -en 14 años- en poder finalizar su periodo al mando de la institución y no engrosar la lista de lo que hoy llaman -entre los uniformados- como “la maldición del uno”.

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Jadue asiste al concejo municipal previo a su formalización

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Este miércoles a las 9:00 horas, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se presentará en el Centro de Justicia para enfrentar su formalización por el ‘caso Farmacias Populares’, en el que se le imputan delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

Media hora antes, a las 8.30 horas, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se reunirá con alcalde en el Centro de Justicia para mostrar un gesto público de apoyo de la colectividad. Hasta ayer había convicción en el PC de que el alcalde de Recoleta logrará sortear las acusaciones de la Fiscalía.

Hasta el cierre de esta edición estaba pendiente la confirmación de los otros miembros de la comisión política del PC que acompañarán a Jadue en el Centro de Justicia.

Este martes, en tanto, el edil asistió al último concejo municipal previo a su formalización sin hacer mención alguna sobre su situación judicial. Aunque no se habló explícitamente de los escenarios judiciales, estaba sobre la mesa la posibilidad de que el edil quede en prisión preventiva, tal como lo pedirá la Fiscalía, lo que obligaría a que su lugar quede ocupado provisionalmente por Fares Jadue (PC).

En la sesión de ayer, Jadue se refirió a otros temas. “Contarles que celebramos el Día de los Patrimonios con variadas actividades y nos transformamos nuevamente en un epicentro cultural con actividades que destacaron el valor histórico y social de nuestra comuna, incluyendo recorridos por los espacios patrimoniales por el barrio la Chimba y el Cementerio General”, informaba en la cuenta de la alcaldía.

Cuarenta minutos después, mientras se presentaba el Plan Nacional de Drogas 2024-2030, el edil salió de la sala donde se realizaba concejo municipal.

Después de varios minutos al teléfono, el alcalde volvió a la sesión hasta que fue interrumpido por otra llamada que obligó al concejal Jadue a tomar el control de la reunión en la que se siguió discutiendo la situación de las escuelas municipales.

El futuro del concejo municipal de Recoleta, si es que Jadue queda con alguna medida cautelar, está regulado por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en particular dentro de los artículos 60, 61 y 62.

Según el escrito, “será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local”, señala la ley.

Ante este escenario, en Recoleta afirman que quien debería quedar subrogando en los temas operativos es la administradora municipal, Giannina Repetti. Sin embargo, en la ley también se da cuenta de que “previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden”.

La normativa da cuenta de que será el concejo municipal de Recoleta -con amplia mayoría del Partido Comunista– el que votará y designará a un eventual jefe comunal que reemplace temporalmente al alcalde en ejercicio, tras la subrogancia de quien sea administrador municipal.

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Formalizan a Daniel Jadue por presunta corrupción

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Desde las 9.00 horas de este miércoles, en el Centro de Justicia, el otrora aspirante del Partido Comunista (PC) a La Moneda y alcalde de Recoleta, Óscar Daniel Jadue Jadue, será formalizado ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago por la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ante su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

Se trata de ilícitos que se habrían concretado en el marco de la compra de insumos que la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), entidad fundada por Jadue, hizo para enfrentar la pandemia de coronavirus.

En la jornada también se formalizará a José Matías Muñoz Becerra, María Constanza Matus Pérez, Eduardo Carmelo Sendra Arratia, Raúl Daniel Moraga Lagarrigue, María Eugenia Chadwick Sendra, Patricio Zavala Espinoza y Álvaro Javier Castro Roble.

El jefe comunal ya declaró como imputado en la investigación que se desarrolla desde hace tres años por las negociaciones realizadas entre Achifarp y la empresa Best Quality SPA.

La indagatoria es encabezada por la fiscal especializada en delitos económicos Giovanna Herrera, que se espera solicite la prisión preventiva del arquitecto y sociólogo de 56 años.

Herrera trabajó primero con la PDI y luego con el OS-7 de Carabineros.

La causa, que tiene más de 400 tomos, comenzó a ser investigada a propósito de una denuncia contra Achifarp que hizo Best Quality SPA, un proveedor de mascarillas con el que la asociación negoció durante la pandemia de coronavirus. La empresa reclama un pago de $960 millones por un negocio con la entidad fundada por Jadue.

En una autodenuncia ante el Ministerio Público, el vendedor y comisionista de la firma César Ramírez declaró que, en el marco de esa negociación, el alcalde solicitó un “bono” adicional de insumos que habría ido a parar a la sede del Partido Comunista de Recoleta.

Este martes, a 24 horas de la audiencia, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra del jefe comunal de Recoleta, algo que había anticipado en marzo el presidente de la entidad, Raúl Letelier

La defensa del alcalde, en tanto, activó una estrategia paralela, solicitando el sobreseimiento de Jadue en la investigación. El tribunal fijó una audiencia para el 12 de julio con la finalidad de atender ese requerimiento y ahí discutir los cargos y descargos de los intervinientes.

En un video que difundió en sus redes sociales al anunciarse su formalización, Jadue cuestionó al Ministerio Público por hacer la solicitud de esta audiencia “coincidentemente en un año electoral”. Hace unos días concedió una entrevista a El Siglo, en la que se mostró optimista y reiteró sus críticas al ente persecutor.

El sábado se difundió una carta con más de 1.400 firmas en su respaldo. Entre las personalidades que adhirieron figuraban los diputados Luis Cuello, Lorena Pizarro, Daniela Serrano, Matías Ramírez, Boris Barrera, Nathalie Castillo, María Candelaria Acevedo y Emilia Nuyado.

Por otro lado, se realizó una convocatoria en redes sociales para que seguidores del alcalde se reúnan en las afueras del tribunal este miércoles a manifestarle su apoyo. En entrevista con radio Nuevo Mundo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, anunció que una delegación ciudadana acompañará a Daniel Jadue y que se realizará una vigilia a la espera de la audiencia.

En caso de que el jefe comunal quede con alguna medida cautelar como prisión preventiva o arresto domiciliario, según la ley, estaría inhabilitado para seguir ejerciendo el cargo. Esto podría desembocar en una elección entre los concejales para determinar a un subrogante.

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Con un delincuente fallecido habría terminado intento de encerrona a funcionaria de la PDI en Quinta Normal

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Con un delincuente fallecido habría culminado un intento de encerrona a una funcionaria de la Policía de Investigaciones durante la noche de este martes en la comuna de Quinta Normal.

Los hechos, se habría registrado pasadas las 23 horas, cuando la funcionaria que se transportaba en su vehículo fue interceptada por un grupo de sujetos quienes la amenazaron con armas de fuego. La detective utilizó su arma de fuego para repeler el ataque resultando herida en el proceso.

De acuerdo a lo que detalló el Prefecto Carlos Alegría, Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales, “en horas de la noche una oficial de la Policía de Investigaciones de Chile es interceptada por alrededor de cuatro sujetos quienes transitaban en un vehículo por este sector de Quinta Normal”, agregando que “estos sujetos efectúan disparos y de igual manera la oficial repele el ataque efectuando disparos contra estos individuos”.

La oficial de la PDI, recibió un impacto balístico en la zona lumbar por lo que fue trasladada hasta un recinto asistencial donde se encuentra afuera de riesgo vital.

Por otro lado, según detallaron desde la PDI “en el centro asistencial de Renca, ingresa un sujeto herido por proyectil balístico, quien ingresa fallecido. Este sujeto mantendría concordancia con uno de los autores del hecho que afectó a la oficial de la Policía de Investigaciones de Chile”.

“Conforme a los antecedentes que mantenemos, el sujeto habría sido abandonado en ese centro asistencial fallecido”, apuntó, a la vez que informó que este mantenía antecedentes policiales.

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