“Mi cargo finaliza constitucionalmente en el mes de noviembre. Es un cargo que es de absoluta confianza del Presidente de la República y obviamente las circunstancias y los momentos dirán la oportunidad de cuándo se tengan que tomar las decisiones, cuando así sea”.
De esta manera el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a su futuro en la policía uniformada, ante la inminente formalización en su contra por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social.
Es que la situación del general Yáñez no es fácil, ni para él, ni para la institución, ni tampoco para el gobierno. La audiencia fijada para el 7 de mayo -en 12 días más- obligó al jefe policial a tomar la decisión de salir de Carabineros sí o sí antes de la audiencia, lo cual ya acordó con el Presidente Gabriel Boric.
Sin embargo, Yáñez quiere jugarse todas las cartas posibles para zafar de la formalización y así evitar su salida. En eso ha estado su abogado, Jorge Martínez, en las últimas 72 horas, a través de distintos recursos legales, luego que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara en dos oportunidades suspender la causa.
El martes vino la primera parte de su arremetida judicial. Ese día, su defensa presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago por ver “perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual” del jefe policial “por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público”.
A juicio del general y sus abogados, el Ministerio Público se ha extralimitado de sus funciones, pues, por ejemplo, aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en la carpeta investigativa, no precisándose en cuántos de esos el general director tuvo una conducta de delito omisivo.
Junto a eso, el miércoles, se interpuso una orden de no innovar (ONI) en que pidió paralizar el proceso que llevan adelante el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.
“Mi representado se ha visto privado de su derecho al conocimiento de los hechos que se le imputarán desde el momento que adquiere la calidad de imputado, su derecho a ser oído y su derecho a tener un plazo razonable para preparar su defensa material; puesto que los hechos de la carpeta investigativa han mutado, aumentando progresivamente (…) los delitos que se busca imputar”, se lee en el escrito. Además, se consigna que “el fiscal Armendáriz se ufanó de mantener en reserva” la cantidad de casos por los cuales se investiga a Yáñez.
Con esas dos acciones presentadas en la Corte, durante las últimas horas Yáñez dobló su apuesta e ingresó dos importantes escritos más.
El primero tiene que ver con un recurso de inhabilidad presentado por el abogado del general contra los fiscales Chong y Armendáriz, a través de un escrito enviado al fiscal nacional, Ángel Valencia.
Allí acusa imparcialidad en el proceso investigativo, como también una vulneración a sus derechos, en la misma línea de lo que dice el recurso de amparo. Sin embargo, esta no es la primera vez que apunta en contra de Armendáriz y Chong. El 24 de noviembre de 2023 también presentó una solicitud de inhabilidad. Allí, el abogado Martínez aseguró que ambos fiscales han demostrado “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019″. Pero esa vez Valencia rechazó el requerimiento.
Ahora, ingresado el documento, el fiscal nacional le dio a Armendáriz 48 horas para hacer sus descargos, ante la nueva solicitud del abogado del general Yáñez, quien además acusó ante la Corte la manera en que el Ministerio Público ha llevado el caso.
Luego de presentada la solicitud de inhabilidad, los abogados del jefe policial se trasladaron -nuevamente- hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora para pedir una “medida precautoria” para suspender la tramitación de la causa y preparar una demanda contra el Ministerio Público.
“En los tres años de investigación, la Fiscalía nunca ha explicado ni detallado cuáles son los cargos claros, precisos y determinados por los cuales está investigando a mi representado; cuestión que cobra especial relevancia cuando pase a explicar la formalización que solicitó el Ministerio Público, que constituye el acto cuya nulidad se solicitará, por haberse ejercido fuera de las competencias constitucionales y legales que tiene dicho órgano del Estado”, explicó Martínez en la Corte.
Para la defensa de Yáñez, el ente persecutor está “creando un delito” al imputarle el delito omisivo por apremios ilegítimos, pues -a su juicio- este solo es aplicable cuando el oficial ve en terreno que la conducta de su subordinado se aleja del protocolo o marco regulatorio de sus funciones.
Lo anterior, se lee en el escrito, “es EVIDENTE (sic), y quedará de manifiesto en la demanda que interpondremos, ya que el delito de apremios ilegítimos omisivo solo puede cometerse por una persona que haya tenido al menos la posibilidad de realizar una conducta con el fin de detener los acontecimientos con un conocimiento que no sea extemporáneo. Esto se denomina la actualidad del dolo, e implica que el sujeto estuvo presente en el lugar de los hechos”.
El general Yáñez busca ganar una batalla que cada vez más se le hace cuesta arriba, aunque está agotando todos los medios para lograr llegar a noviembre como general director de Carabineros. Así lograría ser el primero -en 14 años- en poder finalizar su periodo al mando de la institución y no engrosar la lista de lo que hoy llaman -entre los uniformados- como “la maldición del uno”.
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