“Mi cargo finaliza constitucionalmente en el mes de noviembre. Es un cargo que es de absoluta confianza del Presidente de la República y obviamente las circunstancias y los momentos dirán la oportunidad de cuándo se tengan que tomar las decisiones, cuando así sea”.
De esta manera el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a su futuro en la policía uniformada, ante la inminente formalización en su contra por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social.
Es que la situación del general Yáñez no es fácil, ni para él, ni para la institución, ni tampoco para el gobierno. La audiencia fijada para el 7 de mayo -en 12 días más- obligó al jefe policial a tomar la decisión de salir de Carabineros sí o sí antes de la audiencia, lo cual ya acordó con el Presidente Gabriel Boric.
Sin embargo, Yáñez quiere jugarse todas las cartas posibles para zafar de la formalización y así evitar su salida. En eso ha estado su abogado, Jorge Martínez, en las últimas 72 horas, a través de distintos recursos legales, luego que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara en dos oportunidades suspender la causa.
El martes vino la primera parte de su arremetida judicial. Ese día, su defensa presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago por ver “perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual” del jefe policial “por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público”.
A juicio del general y sus abogados, el Ministerio Público se ha extralimitado de sus funciones, pues, por ejemplo, aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en la carpeta investigativa, no precisándose en cuántos de esos el general director tuvo una conducta de delito omisivo.
Junto a eso, el miércoles, se interpuso una orden de no innovar (ONI) en que pidió paralizar el proceso que llevan adelante el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.
“Mi representado se ha visto privado de su derecho al conocimiento de los hechos que se le imputarán desde el momento que adquiere la calidad de imputado, su derecho a ser oído y su derecho a tener un plazo razonable para preparar su defensa material; puesto que los hechos de la carpeta investigativa han mutado, aumentando progresivamente (…) los delitos que se busca imputar”, se lee en el escrito. Además, se consigna que “el fiscal Armendáriz se ufanó de mantener en reserva” la cantidad de casos por los cuales se investiga a Yáñez.
Con esas dos acciones presentadas en la Corte, durante las últimas horas Yáñez dobló su apuesta e ingresó dos importantes escritos más.
El primero tiene que ver con un recurso de inhabilidad presentado por el abogado del general contra los fiscales Chong y Armendáriz, a través de un escrito enviado al fiscal nacional, Ángel Valencia.
Allí acusa imparcialidad en el proceso investigativo, como también una vulneración a sus derechos, en la misma línea de lo que dice el recurso de amparo. Sin embargo, esta no es la primera vez que apunta en contra de Armendáriz y Chong. El 24 de noviembre de 2023 también presentó una solicitud de inhabilidad. Allí, el abogado Martínez aseguró que ambos fiscales han demostrado “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019″. Pero esa vez Valencia rechazó el requerimiento.
Ahora, ingresado el documento, el fiscal nacional le dio a Armendáriz 48 horas para hacer sus descargos, ante la nueva solicitud del abogado del general Yáñez, quien además acusó ante la Corte la manera en que el Ministerio Público ha llevado el caso.
Luego de presentada la solicitud de inhabilidad, los abogados del jefe policial se trasladaron -nuevamente- hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora para pedir una “medida precautoria” para suspender la tramitación de la causa y preparar una demanda contra el Ministerio Público.
“En los tres años de investigación, la Fiscalía nunca ha explicado ni detallado cuáles son los cargos claros, precisos y determinados por los cuales está investigando a mi representado; cuestión que cobra especial relevancia cuando pase a explicar la formalización que solicitó el Ministerio Público, que constituye el acto cuya nulidad se solicitará, por haberse ejercido fuera de las competencias constitucionales y legales que tiene dicho órgano del Estado”, explicó Martínez en la Corte.
Para la defensa de Yáñez, el ente persecutor está “creando un delito” al imputarle el delito omisivo por apremios ilegítimos, pues -a su juicio- este solo es aplicable cuando el oficial ve en terreno que la conducta de su subordinado se aleja del protocolo o marco regulatorio de sus funciones.
Lo anterior, se lee en el escrito, “es EVIDENTE (sic), y quedará de manifiesto en la demanda que interpondremos, ya que el delito de apremios ilegítimos omisivo solo puede cometerse por una persona que haya tenido al menos la posibilidad de realizar una conducta con el fin de detener los acontecimientos con un conocimiento que no sea extemporáneo. Esto se denomina la actualidad del dolo, e implica que el sujeto estuvo presente en el lugar de los hechos”.
El general Yáñez busca ganar una batalla que cada vez más se le hace cuesta arriba, aunque está agotando todos los medios para lograr llegar a noviembre como general director de Carabineros. Así lograría ser el primero -en 14 años- en poder finalizar su periodo al mando de la institución y no engrosar la lista de lo que hoy llaman -entre los uniformados- como “la maldición del uno”.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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