En agosto de 2023, el Municipio de Villa Alemana presentó una denuncia por maltrato animal contra un sujeto que, según la acción penal, se hacía llamar “cazador de gatos”.
Según se informó en ese escrito, un grupo de vecinos de la localidad Roque Esteban Scarpa de Villa Alemana afirmó haber presenciado desde 2022 que el “cazador de gatos”, cuyo verdadero nombre es José Tapia, capturaba felinos en jaulas, los metía en su casa para luego dispararles con pistolas de aire comprimido y “deshacerse de ellos”. Se le atribuye la captura de seis gatos, dos de los cuales pudieron recuperarse. Los otros cuatro nunca aparecieron..
Fue así como la fiscalía de Villa Alemana abrió una investigación contra este sujeto, en un proceso que duró más de un año y terminó en un procedimiento simplificado. Periodo en el que Tapia, quien no reconoció los hechos que se le imputaban, fue declarado en rebeldía por no comparecer a todas las instancias procesales.
Finalmente, en noviembre de 2024, el juez de Garantía Ignacio Adana consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes y terminó absolviendo a Tapia. “El tribunal no cuenta con las pruebas necesarias para llegar a una condena”, afirmó el magistrado. Esto, a pesar de que la denuncia estuvo acompañada de fotografías de la casa del sujeto con gatos enjaulados y perros atados con alambre de púas.
El caso del “cazador de gatos” forma parte de una serie de procesos que han terminado de la misma manera: o absoluciones o sentencias mínimas que en la práctica no pueden ser monitoreadas.
Según cifras del Ministerio Público y del Poder Judicial solicitadas por el tercero Vía Transparencia, hasta septiembre de 2025 se habían formalizado 232 personas por el delito de maltrato animal. Sin embargo, no todas estas formalizaciones terminaron en juicios ya que, por las bajas penas, se consideran soluciones alternativas. Por ejemplo, en 2024 hubo 328 formalizados, pero 82 llegaron a un proceso judicial y 68 terminaron con sentencia en Juzgados de Garantía. Esto porque se resolvieron en procesos simplificados o abreviados debido al monto de las penas: el máximo es de tres años de prisión. Del total, 13 fueron absueltos.
Hay muchos que critican la ley. Parte de estas preguntas apuntan al hecho de que las penas para los maltratadores de animales son bajas; Tampoco existe, en la práctica, forma de supervisar la pena accesoria que prohíbe a los condenados volver a tener mascotas. Finalmente, dicen los críticos, no existen especializaciones en jueces ni fiscales para realizar juicios con mascotas.
Críticas a la ley
el abogado Cristian Apiolaza se ha especializado en la toma de casos en defensa de los animales. Uno de los últimos casos como demandante fue un hecho ocurrido en Talagante, donde un sujeto atacó con un machete a un perro llamado “Tony”, en diciembre de 2024. El ataque fue de tal violencia que le partió el hocico en dos y el animal moribundo tuvo que ser sacrificado. El sujeto, que permanecía bajo arresto domiciliario, Fue condenado a 300 días de prisión por impecable conducta previa y presunta colaboración en el proceso.. Como ya llevaba un año bajo arresto domiciliario y un par de días en prisión preventiva, la pena se dio por cumplida. Sólo tendrás que pagar 9 UTM ($625 mil). El caso causa frustración en Apiolaza.
“Es irrisorio que en un caso de maltrato tan grave el condenado se vaya a casa. Se debería crear una circunstancia agravante como es el crueldad contra los animales”, afirma el profesional. Además, la defensa del sujeto interpuso recurso de nulidad, para que se pueda celebrar nuevamente el juicio.
Pese a todo, Apiolaza considera que la Ley Cholito es un avance. “Si lo vemos como un avance histórico, sí. Hace visibles los casos de maltrato animal. Pero hay muchas otras cosas que no están funcionando. Claramente, podría ser una ley mejor”.
Una pregunta similar la hace la diputada Carolina Marzán (ex-PPD). “La Ley Cholito fue un avance importante en su momento, pero hoy se está quedando corto en su aplicación real y las cifras son claras: miles de denuncias por maltrato animal y sólo el 1% termina en condena, según cifras de 2024. Y cuando hay condenas, muchas se traducen en penas sustitutivas, sin seguimiento ni fiscalización efectiva”, dice en comunicación con este diario.
Asimismo, el abogado Apiolaza señala que la fiscalía no tiene especialización para estos casos. “En casos de maltrato animal, Para el Ministerio Público la sensación que da es que no son tan importantes. Siempre hay otras cuestiones más importantes. Eso es un error, porque por algo están en el Código Penal. Con los jueces pasa lo mismo, no hay especialización”, dice el abogado, que lleva casos de mascotas. pro bono.
En total, desde que en 2017 se promulgó la ley que agrava el maltrato y abandono animal, han sido imputadas 2.101 personas, con una media de 233 imputados al año. La ley define la tenencia responsable de animales de compañía y añade sanciones para quienes maltraten a los animales, en línea con lo dispuesto en el artículo 291 Bis y Ter del Código Penal. Tampoco se aplican las circunstancias agravantes que se invocan en los delitos contra las personas.como la crueldad o la planificación.
Según cifras del Poder Judicial, un buen número de casos terminan en sentencias alternativas. De los condenados en 2024, dos fueron condenados a beneficios comunitarios, 41 a remisión condicional de pena, siete a reclusión parcial y cinco a libertad condicional intensiva. Nunca acaba en la cárcel, explica Apiolaza, porque la pena máxima por maltrato o abandono de un animal siempre se sustituye por una pena alternativa. Ni siquiera con el incumplimiento de la conducta irreprochable anterior.
Registro de maltratadores de animales
Por otro lado, la diputada Marzán, quien no fue reelecta en las últimas elecciones, lamenta que el Parlamento no haya apoyado un proyecto que ella impulsa y que buscaba fortalecer la Ley Cholito. Se trata de la creación de un registro de personas que fueron condenadas a la prohibición de tener mascotas a perpetuidad. El registro, como el que existe en los casos de deudores de alimentos o de personas inhabilitadas para trabajar con niños, sería administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, dependiente del Ministerio de Justicia.
Pero la iniciativa, que fue aprobada en lo general, fue rechazada en particular de manera transversal en la Comisión de Constitución de la Cámara. “En una decisión impactante e incomprensible. Fue un verdadero portazo a las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, a una evidente demanda ciudadana y a la protección efectiva de los animales como seres sintientes”, afirma.
“Durante la discusión, algunos diputados sostuvieron que ese registro no era necesario, porque bastaría con exigir un certificado de antecedentes, argumento que desconoce por completo la realidad”, agrega sobre este punto.
Marzán dice que las sentencias que prohíben la tenencia de mascotas son “letra muerta” sin este registro, ya que es imposible de controlar. “La imposibilidad de poseer animales sólo existe en el papelpero no existe ningún mecanismo para hacerla cumplir. Hoy una persona condenada por maltrato puede volver a tener animales bajo su cuidado o incluso trabajar con ellos”.
“Mientras no haya trazabilidad o inspección, el Ley Cholito seguirá siendo una promesa incumplida para los animalesy por las organizaciones que hacen el trabajo que el Estado no hace”, concluye Marzán.