El presidente Joe Biden emitió acciones ejecutivas el 4 de junio con el objetivo de restringir el cruce de migrantes por la frontera sur, un último esfuerzo para reducir los cruces ilegales antes de las elecciones presidenciales.
Biden anunció la medida, que se produjo en forma de una proclamación presidencial similar a una orden ejecutiva, en la Casa Blanca junto con alcaldes y miembros del Congreso de los estados fronterizos.
“Vengo aquí para hacer lo que los republicanos en el Congreso se niegan a hacer: tomar las medidas necesarias para asegurar nuestra frontera”, dijo Biden, refiriéndose a la legislación bipartidista que fue bloqueada por el Partido Republicano. “Los republicanos no me han dejado otra opción”.
No estaba claro si la proclamación tendrá algún impacto medible en la frontera sin una inyección de dinero del Congreso para implementarla, o si los tribunales permitirán que las acciones ejecutivas se mantengan después de los desafíos legales esperados.
Aquí hay algunas respuestas a preguntas sobre la nueva política fronteriza y sus efectos:
El presidente ordenó a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que prohibieran efectivamente a los inmigrantes que solicitan asilo si cruzan la frontera ilegalmente.
Si los cruces ilegales superan los 2.500 por día -como lo han hecho durante casi toda la presidencia de Biden- la prohibición entraría en vigor y no se suspendería hasta que la Patrulla Fronteriza haya registrado 1.500 cruces ilegales por día o menos durante al menos una semana. La Casa Blanca espera que la prohibición entre en vigor de inmediato y puede activarse y desactivarse repetidamente hasta que Biden o un futuro presidente derogue la proclamación.
La prohibición exime a los niños no acompañados, aunque los niños que viajen con sus padres estarán sujetos a ella.
No lo sabemos todavía. El expresidente Donald Trump emitió un programa muy similar en 2018, que rápidamente fue declarado ilegal por varios tribunales federales. En ese caso, los tribunales dictaminaron que la prohibición viola la ley de inmigración, que establece que una persona puede pedir asilo sin importar cómo entró al país.
La administración Biden dice que su prohibición de asilo es diferente de la interpretación de Trump por la forma en que puede activarse y desactivarse, y porque ha incorporado muchas más exenciones para emergencias humanitarias. Aunque a los solicitantes de asilo se les prohíbe cruzar la frontera ilegalmente, el gobierno todavía procesa por separado a los solicitantes de asilo en los cruces fronterizos legales que se registran con anticipación utilizando una aplicación móvil.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya ha dicho que planea demandar a la administración, lo que significa que estas afirmaciones pronto serán probadas en los tribunales.
Los asesores del presidente dicen que han seguido adelante a pesar de las preocupaciones legales y de implementación, porque el nivel actual de inmigración ilegal sigue siendo demasiado alto. Pero Biden también quería seguir adelante, según personas familiarizadas con el asunto, porque sus principales asesores políticos y donantes externos querían que se viera a Biden tomando todas las medidas posibles para abordar la crisis fronteriza antes de las elecciones. Si un tribunal anula la prohibición, el presidente puede entonces decirles a los republicanos -que anularon un acuerdo fronterizo bipartidista a principios de este año- que sus manos están realmente atadas hasta que el Congreso actúe.
La capacidad de los inmigrantes para solicitar asilo se verá drásticamente limitada. Todavía pueden solicitar citas en los puertos de entrada utilizando una aplicación móvil llamada CBP One, pero el gobierno sólo ofrece 1.400 citas por día y los inmigrantes a menudo deben esperar semanas o meses para conseguir una.
Si un migrante que cruza ilegalmente la frontera es detenido por las autoridades y pide que no lo envíen a su país de origen, los funcionarios llevarán a cabo una nueva evaluación más exhaustiva para ver si la persona califica para una forma de alivio de deportación temporal por motivos humanitarios. De lo contrario, el migrante será inmediatamente elegible para la deportación.
Lo que suceda a continuación probablemente estará determinado por la nacionalidad del migrante. Los mexicanos son fáciles de deportar, al igual que los inmigrantes centroamericanos de países como Guatemala y Honduras, que fácilmente aceptan a sus ciudadanos deportados. Otras nacionalidades -que ahora constituyen la mayoría de quienes cruzan- resultarán más difíciles. Algunos países, como Venezuela, casi sin excepción, no cooperan con Estados Unidos para recibir inmigrantes. Otros países, incluidos muchos de África y Asia, se demoran o limitan las cifras que están dispuestos a recuperar en un momento dado.
Eso deja la posibilidad de que, incluso si muchos inmigrantes no son elegibles para asilo bajo la nueva prohibición, el gobierno de Estados Unidos aún no tenga otra opción que liberar a algunos inmigrantes en Estados Unidos.
Según la ley estadounidense, es ilegal detener indefinidamente a un migrante si el gobierno no tiene esperanzas de deportarlo.
No está claro. La efectividad de la prohibición dependería de muchos factores, incluido cuánto personal el gobierno puede movilizar para detener y deportar a migrantes, y cuánto espacio de detención adicional se puede conseguir. También dependerá en gran medida de la cooperación de los países de origen de los inmigrantes y especialmente de México, en el que Estados Unidos se ha apoyado en el pasado para aceptar a inmigrantes deportados de otros países. Funcionarios estadounidenses han dicho que México aceptó recibir inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, aunque, en la práctica, México se ha negado en gran medida a hacerlo.
Si los inmigrantes continúan siendo liberados en Estados Unidos, incluso mientras la prohibición de asilo está vigente, más inmigrantes podrían ver un incentivo para seguir viniendo en lugar de ver las acciones ejecutivas como una forma de disuasión.
Varios miembros progresistas e hispanos han dicho que la medida del presidente apunta injustamente a personas vulnerables con derecho a protección de asilo. Mientras tanto, los demócratas más moderados dijeron que se sentían alentados por la acción. El representante Jared Golden (demócrata por Maine), que enfrenta una dura campaña de reelección este otoño, dijo sobre la propuesta: “Está mejorando, pero no lo suficientemente bien”.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), criticó a los republicanos por no apoyar el esfuerzo legislativo bipartidista anterior.
“El presidente Biden ha dejado claro desde el principio que prefiere la legislación, pero dado lo obstinados que se han vuelto los republicanos -rechazando cualquier oportunidad real de una legislación fronteriza sólida-, al presidente no le queda otra opción que actuar por su cuenta”, dijo Schumer.
Los republicanos se mostraron escépticos de que las medidas sean lo suficientemente fuertes. “Si está en línea con la forma en que ha actuado antes, será muy poco y demasiado tarde”, dijo el representante Juan Ciscomani (republicano por Arizona), cuyo distrito incluye el tramo más largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el estado.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Louisiana), dijo que dudaba de la sinceridad de la propuesta. “Si estuviera preocupado por la frontera, lo habría hecho hace mucho tiempo”, señaló.
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