Cámara aprueba test de drogas a diputados: iniciativa incluye que resultados sean públicos y elimina inhabilidades directas

El martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados envió a la Cámara el Normas para la aplicación de una prueba de drogas. a los legisladores, luego de revisar las indicaciones en particular.

asi que este miercoles Cámara de la Cámara Baja se reunieron para examinar en general los nuevos indicios presentados el martes por la Comisión.

El examen se convirtió en norma legal al estar incluido en la Ley de Presupuesto 2022, que fue aprobada a fines del año pasado. Pero para su implementación requería una regulación específica que la propia Cámara debía establecer.

En detalle, la normativa busca elevar los estándares de transparencia en el trabajo parlamentarioademás de evitar delitos relacionados con el narcotráfico y cualquier relación entre este flagelo y los parlamentarios.

Una de las dificultades que tuvo el proyecto para avanzar en la Cámara se dio el 13 de junio, cuando el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), al inicio de la sesión, solicitó votar el miércoles 15 del mismo mes, en primer lugar de la mesa, el reglamento. En la ocasión, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, no dio la unanimidad que el tema pase del tercer al primer lugar de la tabla.

Era tan solo el El 28 de junio se votó en general en el Salón de la Cámara de Diputados presentando las indicaciones del reglamento que fueron revisados ​​por la Comisión el martes.

Mientras tanto, en la comisión la discusión se retrasó el pasado 5 de julio cuando los parlamentarios no lograron discutir las indicaciones por falta de tiempo. Lo mismo sucedió al día siguiente cuando tampoco hubo unanimidad para ponerlo sobre la mesa.

Entre las nuevas indicaciones aprobadas al reglamento por la Comisión y que fueron ratificadas por la Cámara, se acordó reprimir los párrafos primero y segundo del artículo 11 como “inconstitucionales”. Estos manifestaron que “el diputado cuyo examen arroje un resultado positivo deberá ser inhabilitado de todas las votaciones relacionadas con la prevención y control del consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que produzcan dependencia física o psíquica, capaces de causar efectos tóxicos graves o daños considerables a la salud sin la debida autorización, contemplados en la Ley N° 20.000″ y que “el diputado que se negare injustificadamente a realizar el control, tendrá como sanción adicional a la establecida en el párrafo anterior”, esto es, la inhabilitación.

En cuanto al secreto bancario, se sustituyó el artículo 7 por los siguientes puntos: “Todos los diputados de esta Cámara, independiente de las pruebas de drogasdeberán presentar una autorización para levantar el secreto bancario, la cual será remitida por escrito dentro de los 15 días siguientes al inicio del período legislativo, por el funcionario designado en virtud del artículo 6, a fin de transparentar sus fuentes de ingresos y egresos y así evitar la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico, además de cualquier vínculo de esta Sala con las redes de narcotráfico que existen en el país”.

“Si el funcionario detecta movimientos que excedan de 800 unidades de desarrollo, individualmente consideradas o en su conjunto, durante el plazo de un mes, remitirá la información a la Comisión de Ética y Transparencia de esta Cámara, la cual solicitará al diputado en cuestión que justifique el movimiento económico”.

El levantamiento del secreto bancario se aplicará de forma reservada y protegerá la dignidad e intimidad de los titularesobservando lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, o el texto que la sustituya.

También se estableció que “Si la persona señalada se negare injustificadamente a entregar la información requerida a que se refiere este artículo, será sancionada por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.con las medidas señaladas en el artículo 347 del Reglamento de la Sociedad y las medidas accesorias señaladas en el artículo 348 del mismo estatuto interno.

Uno de los puntos que generó debate está relacionado con una indicación de la diputada Coloma (UDI), quien propuso insertar en el artículo 1, entre la palabra “al azar” y la palabra “a través”, la frase “cuyos resultados serán públicos”. Esto fue rechazado el martes por la Comisión, sin embargo, Este miércoles se aprobó con 86 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones. Por lo tanto, Los resultados de la prueba serán públicos.

Otro tema relevante fue que, dentro del reglas transitorias, Se aprobó la propuesta de la diputada Coloma y la diputada Pamela Jiles, quienes expresaron lo siguiente: “Todos los diputados en ejercicio deberán someterse a un control de drogas en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de aprobación de este reglamento. Es decir, todos los legisladores de la Cámara de Diputados deberán realizar este trámite en los días siguientes a la publicación en el Diario Oficial,

Lo anterior, según fuentes parlamentarias, podría generar polémica, abriendo la posibilidad de que los diputados recurran a acciones legales.

En detalle, entre las indicaciones aprobadas el 28 de junio en la Sala y que no tuvieron modificaciones ni en la Comisión ni en la Sala este miércoles está la que señala que cada seis meses los diputados se someterán a un control obligatorio del consumo de estupefacientes o psicotrópicos o sustancias ilícitas. El procedimiento de control incluirá a todos los diputados, sin excepción, aleatoriamente y cada seis meses.

También se establece que cada legislador debe controlar, al menos, dos veces durante el período legislativo.

La prueba se aplicará en reservada y salvaguardará la dignidad e intimidad de los diputados, de conformidad con la normativa sobre protección de datos personales.

La información que produzcan las pruebas será tratada de forma confidencial por la Comisión de Ética y la Secretaría de la Cámara y la difusión de la identidad de los involucrados no puede ser utilizada con fines políticos o periodísticosa menos que sea autorizado por esa persona o su representante legal.

La técnica para aplicar será la prueba del cabello. Se utilizará un laboratorio autorizado por la autoridad sanitaria y se adjudicará cada cuatro años mediante licitación pública.

Durante la sesión, desde la oposición se manifestaron en contra de que no se hicieran públicos los resultados de los exámenes, modificación que había sido rechazada ayer, en ese sentido, el diputado Felipe Donoso (UDI), señaló que “debemos poder publicitarlo, ser transparentes (…) ¿Por qué los diputados vamos a tener el privilegio de tomar un examen de drogas positivo y esconderlo para que nadie lo sepa? eso no corresponde”, reparó.

La misma línea sostenía el diputado republicano, Luis Sánchez, quien criticó que ayer durante la votación en particular en la Comisión de Constitución aprobaron, a su juicio, “indicaciones que no tienen nada que ver con lo que buscas que es hacer transparente la eventual dependencia de algunos congresistas a las drogas y el evidente financiamiento del narcotráfico”, y convocó a sectores de “izquierda”, que a su juicio, “quieren confundir el debate (….) eliminaron la publicidad del resultado e intentaron cambiar la prueba del cabello por uno de orina, lo que significaría que el resultado mediría unos días”.

Diputado Juan Antonio Coloma (UDI) destacó que “cuando decidimos hacernos un test de drogas, lo hacemos por algo, para que la gente sepa si el parlamentario por el que votan es o no consumidor de drogas”.

Del Partido Comunista (PD), el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Carol Cariola, celebró la medida y explicó que hoy “Se aprobó un indicativo que establece que todos los parlamentarios podrán hacerse la prueba dentro de los próximos 30 días, pero también quiero decir que incorporamos una indicación que me parece la más importante, que es la que permita abrir el secreto bancario a todos los parlamentarios”.

Mientras tanto, el diputado Ana María Gazmuri criticó el reglamento argumentando que “parece un proyecto mal, populista que va en la dirección opuesta a donde camina el mundo, que es precisamente desde la perspectiva de los derechos humanosatención, no estigmatización y no criminalización de los usuarios”.