A poco más de ocho meses de iniciar acciones judiciales en el marco del denominado “Caso Audios”, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ingresó este lunes una querella en contra del penalista Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y el cónyuge de esta última, Luis Angulo, por delitos tributarios.
En total, el SII calculó que, a través de ingresos no declarados y uso de facturas falsas, se habría realizado un perjuicio fiscal de más de $ 1.000 millones.
La querella acusó que Hermosilla habría presentado declaraciones de renta inferiores a sus ingresos reales entre los años tributarios 2020 y 2024. Estos “ingresos constitutivos de renta por montos menores a los que efectivamente percibió en los respectivos ejercicios comerciales anuales, rebajando de forma indebida la base imponible del Impuesto Global Complementario que le correspondía soportar en dichos períodos, razón por la cual, dichas declaraciones impositivas son maliciosamente falsas”.
En cuanto a Villalobos, la conclusión sería similar, estimando declaraciones tributarias falsas durante el año tributario 2023. Mientras que para Asesorías y Negocios Commercia SpA (Commercia), en la que la abogada es administradora y Angulo es su representante legal, acusó el uso de facturas falsas y gastos sin respaldo necesario.
Irregularidades
El descubrimiento de los ingresos no declarados de Hermosilla se realizó luego de que el SII revisara las cartolas de su cuenta corriente en Bci, análisis que concluyó que entre enero de 2019 y diciembre de 2023, el abogado recibió $ 2.153 millones desde dos de sus sociedades, pero solo declaró $ 858 millones de renta. Es decir, una diferencia no declarada de $ 1.294 millones.
El organismo señaló en su querella que no fue posible identificar el origen de $ 376 millones -que Hermosilla recibió en su cuenta de Bci a través de cheques y depósitos en efectivo-, por lo que el perjuicio fiscal ocasionado por el penalista sería de
$ 800,8 millones.
Por su parte, el SII le imputó a Villalobos haber recibido unos $ 58 millones desde Factop durante el año tributario 2023, sin que ese monto se haya considerado en su declaración de renta, los que, además, “no cuentan con un respaldo documentario respecto de alguna transacción comercial o alguna prestación de servicios que digan relación con la cantidad de los dineros percibidos desde esta sociedad, situación que se percibe como irregular”.
También, la acción judicial agregó que Villalobos recibió $ 495 millones desde su sociedad Steuern Asesorías Spa, sin que registrara esos retiros como dividendos desde su empresa hacia su cuenta corriente de Scotiabank.
A lo que se suma que Villalobos en Scotiabank registraría depósitos a través de cheques y dinero en efectivo por $ 44 millones, pero se desconoce el origen de esos fondos.
Así, el perjuicio fiscal que se imputa por las irregularidades detectadas en los movimientos de Villalobos, habría alcanzado a
$ 214,6 millones.
Facturas falsas
Respecto de la sociedad Commercia, propiedad de Angulo y administrada por Villalobos, la querella concluyó que, tras analizar una serie de declaraciones -de los imputados y otros involucrados- e información tributaria, “incorporó como gastos” unas 254 facturas falsas y gastos sin respaldo en su declaración tributaria del año 2023.
“Del mismo modo, incorporó en dicha declaración, supuestos ingresos producto de la emisión de facturas falsas, por supuestos servicios prestados, los que previamente fueron incluidos en la contabilidad de la sociedad”, añadió el texto.
Por lo tanto, la exclusión tanto de los ingresos como de los gastos falsos de dicha declaración, “implica la improcedencia de su pérdida declarada ascendente a $ 770.062.109, y determinar un perjuicio por concepto de impuesto a la renta, cuyo monto actualizado a agosto de 2024 es de $3.454.853”, concluyó.
Fiscalía pide formalización del Caso Audios
En paralelo, este lunes la Fiscalía Oriente solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía la formalización de la investigación para Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, por los delitos de cohecho y lavado de activos.
El Ministerio Público pidió establecer a la brevedad una fecha para realizar la diligencia, la cual se da en el marco de la más reciente querella del SII y a poco menos de una semana de la declaración del penalista ante persecutores de la entidad.
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