Economia
Caso Convenios: los tropiezos de la comisión investigadora de los convenios irregulares que han ido tensionando su labor
La Comisión Investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha tenido un desarrollo bastante accidentado en sus escasas cinco sesiones. Sin mencionar que algunos de sus integrantes estiman que el proceso ha sido un tanto desordenado y el presidente, el RN José Miguel Castro, fue objeto de una “reclamación” que sorteó con holgura, pero que generó tensión al interior de la instancia. A lo que se suma que, en el marco de la investigación, parte de exposición del ministro de Vivienda, Carlos Montes, fuera declarada secreta el pasado lunes.
De hecho, antes de iniciar su exposición, Montes solicitó que parte de su intervención fuera en reserva, puesto que “tengo información que no puedo entregar públicamente”, tras lo cual la unanimidad de los integrantes dio su venia, pese a que sólo se requiere para ello los 2/3 de los integrantes de la comisión. Y si bien no se puede reproducir lo que se dijo Montes en esos minutos, ha transcendido que no entregó información que ya no fuera pública.
Mientras que, a juicio de algunos diputados, resulta paradojal que en el contexto de una comisión investigadora se entregue información en calidad de secreta, incumpliendo la exigencia al presidente de la instancia de dejar constancia de los fundamentos que motivaron que se declarara secreta.
Según el artículo 299 del Reglamento de la Cámara, “las sesiones de las comisiones, los documentos y antecedentes de las mismas, las actas de sus debates y las votaciones serán públicas. Sin embargo, cuando la publicidad de alguna de ellas afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, el presidente de la comisión, con el voto favorable de los dos tercios de sus integrantes, podrá declarar secreta la sesión o una parte de ella, dejándose constancia de los fundamentos de tal declaración”.
Generar sospechas
María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión Asesora para la Probidad de Fundaciones y Corporaciones sin fines de lucro, que sólo esta semana entregó al presidente Gabriel Boric el informe de 13 medidas forma como se relaciona el Estado con instituciones privadas sin fines de lucro, conformada a raíz del caso convenios, fue categórica en que estas sesiones secretas “deben estar bien justificadas” y ser realmente “excepcionales” y sólo cuando se pueden afectar algunos derechos a los que hace alusión el artículo 299.
Como, en este caso particular, no hubo más fundamento que lo señalado por el ministro en la solicitud, que fue apoyado con una rápida consulta de parte del presidente de la instancia, que recibió un respaldo unánime, Jaraquemada especuló que, tal vez, la reserva se solicitó para “no afectar la honra, la dignidad o la reputación de personas, dando información parcializada que aún no está comprobada”.
Y hace hincapié en que la medida tendría que estar bien justificada con razones excepcionales, porque el “artículo octavo de la Constitución dispone que el principio general es la publicidad de la información y la excepción tiene que fundarse en casos calificados, tiene que ser bastante estricto, tiene que ser realmente excepcional, cuando realmente se pueden afectar estos derechos”.
Pero también advierte la importancia de que la información conocida en el contexto de sesión secreta sea pública, si es que posteriormente resulta en antecedente o fundamento relevante de las decisiones que tome la comisión y subraya que se tendrá que ser “muy estricto con que la mayor cantidad de esa información sea pública al momento de terminar el trabajo”; porque, de lo contrario, resultaría extraño que la comisión investigadora concluyera algo en virtud de información conocida en secreto, pero que no se puede informar.
Es por ello que, aclara, la reserva dura un tiempo y ojalá que esa información se haga pública lo antes posible.
Por otro lado, plantea que puede que lo que se está reservando no sea información tan grave, “pero como estamos en una época de desconfianza grave hacia nuestras instituciones y las instituciones políticas, todo esto lo único que hace es generar sospechas en las personas”.
Falta “un hilo conductor”
En tanto, uno de los integrantes de la instancia, el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente (PDG) admite que “no veo un hilo conductor” en el desarrollo del trabajo de la comisión y, a su juicio, “estamos invitando al boleo”. Explica que no ha habido una lógica en el listado de invitados y tampoco un diseño acerca de lo que se hará con quienes no asisten a la instancia, como es el caso del exministro Giorgio Jackson, quien no llegó a la sesión del lunes recién pasado.
De ahí que el diputado PDG haya decidido presentar en la próxima sesión -el lunes 4 de septiembre-, a modo de propuesta, un formulario con preguntas para que se le envíe al exministro y en el que el resto de los integrantes de la comisión podrán incluir sus consultas.
A esa sesión, la sexta desde que se instaló la comisión, recién están Invitados el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y el exdirector de Presupuesto, Matías Acevedo.
Conflicto de interés
En tanto, el mismo lunes se votó una reclamación contra Castro, presentada por la diputada de Revolución Democrática (RD), Ericka Ñanco, acusándolo de conflicto de interés. El fundamento fue que la seremi de Salud de Antofagasta, en el gobierno de Sebastián Piñera, Rossana Díaz (UDI), pagó vía trato directo $ 513 millones a Hotel Altos del Sol, perteneciente al grupo empresarial Korlaet, cuyo directorio integra la esposa de Castro, Vania Korlaet, quien sorteó la censura que se votó el lunes.
Ello trajo el efecto de que la diputada Ñanco, junto con otros parlamentarios del Frente Amplio (FA), anunciara el ingreso de un proyecto de resolución que exige una modificación al Reglamento de la Cámara para que se prohíba que un diputado con conflictos de interés o involucrado en casos de corrupción pueda integrar comisiones investigadoras y mucho menos presidirlas.
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