Centros Comerciales responden a Monsalve

El violento robo en una tienda MacOnline ocurrido este domingo en Mallplaza Egaña generó un activo intercambio de declaraciones entre el gobierno y los centros comerciales.

Todo empezó cuando el subsecretario de Gobernación, Manuel Monsalve, acusó que el centro comercial vinculado a Falabella “no cumplía con los estándares de seguridad”.

A través de un escueto comunicado, la empresa respondió que “todo el contingente de seguridad presente el domingo en Mallplaza Egaña ha realizado los cursos exigidos por la norma y cuenta con la certificación otorgada por los organismos competentes”.

Agregó que solo un guardia espera la entrega de su credencial por parte de Carabineros y que al momento del robo el 87% de los oficiales se encontraba activo, mientras que el 13% restante estaba siendo reasignado por la empresa. de seguridad

apoyo sindical

Rápidamente, la Cámara de Centros Comerciales salió a apoyar a Mallplaza. El gremio afirma que el sector aumentó sus inversiones en seguridad en un 30% durante el último año. Así, su presidenta, Katia Trusich, señaló que “no tiene sentido generar una polémica sobre responsabilidades, porque la lucha contra el crimen es tarea de todos. Lo que corresponde ahora es que prevalezca la cordura, optimizar la coordinación entre autoridades, policías y empresas del sector privado y avanzar juntos en mejorar la legislación contra el delito”.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aludió a que el gobierno es quien debe jugar un rol protagónico en este asunto. “La seguridad pública es responsabilidad del Estado y las empresas tienen un margen de acción muy limitado, especialmente dada la magnitud actual del problema”.

El gremio que preside María Teresa Vial agregó que “no existen medidas que las empresas puedan adoptar para enfrentar delitos de estas características y dimensiones, bandas armadas y organizadas que irrumpen violentamente en espacios de alto tránsito”.

“No podemos aceptar que en estas circunstancias se culpe a las víctimas, que en este caso es un centro comercial”, concluyó la CCS.

reunión de la agenda del gobierno

Tras esta oleada de declaraciones, Monsalve volvió a tomar la palabra y sostuvo que antes que entrar en polémica con los centros comerciales, buscará avanzar en medidas conjuntas con el sector privado para evitar hurtos y desalentar la delincuencia dentro de estos locales.

el subsecretario anunció que en los próximos días se reunirá con la Cámara de Centros Comerciales para acordar medidas que no requieran trámite legal. Propuso, por ejemplo, detectores de armas y reconocimiento facial.

Sin embargo, Monsalve volvió a apuntar a empresas del sector. Argumentó que los centros comerciales reciben entre 700 y 750 millones de visitas en un año, con lo cual “en 2022 Mallplaza tuvo ganancias por $53 mil millones y Parque Arauco por cerca de $122 mil millones, por lo tanto, es un negocio que tiene obligaciones legales y dentro del En el marco de esas obligaciones siempre es bueno llegar a acuerdos públicos y privados”.

Recordó acuerdos que permitieron reducir los robos en cajeros automáticos y puso el ejemplo de las tiendas que venden joyas, que “han tenido que invertir en mejores medidas de seguridad”.

“Los centros comerciales no son una excepción y, por supuesto, la seguridad es principalmente una responsabilidad pública y, en algunos aspectos, pública y privada. No quiero entrar en la polémica, porque se ha dicho que queremos responsabilizarlos y nadie ha usado esa palabra, solo se ha verificado un hecho y es que tenían ciertas obligaciones legales y Carabineros verificó que no se estaba cumpliendo en Mallplaza Egaña, por lo tanto, se denunció ese incumplimiento”, dijo.

El subsecretario agregó que ahora lo que resta es evitar que los visitantes de los centros comerciales “se expongan a situaciones de riesgo, para eso el gobierno está disponible para buscar mejores medidas de seguridad”.

En los centros comerciales existe cierta incomodidad con las ubicaciones, ya que Aseguran que las inversiones en seguridad han aumentado un 30% en el último año, y agregan que la ley no les autoriza a tener las herramientas necesarias para enfrentar el nivel de violencia que atraviesa el país.