Chadwick sostiene que llamada a la CMF por STF no aplica a Ley de Lobby y regulador envió todos los antecedentes al Ministerio Público

Un nuevo giro tomó en las últimas horas el denominado caso Audios, luego de que La Tercera reveló un oficio que envió la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, al persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Sepúlveda.

En el documento, dio cuenta que dos comisionados, Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena, recibieron llamadas entre fines de marzo y comienzo de abril de 2023 durante el proceso de supervisión de STF Capital Corredores de Bolsa, firma ligada a los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg.

“Sin perjuicio de que no se aprecia que la información recibida por los comisionados se refiera a hechos que revistan caracteres de delito, en aplicación del principio de colaboración aplicable a los servicios públicos, se ha estimado pertinente informar su contenido a esta Fiscalía, para los fines que correspondan en sus investigaciones”, sostuvo la presidenta de la CMF en el oficio que envió al Ministerio Público.

Solange Berstein, estimó en el oficio que “no se aprecia que la información recibida por los comisionados se refiera a hechos que revistan caracteres de delito”, pero consideró pertinente informar.

Las llamadas

En el caso de Piedrabuena, la llamada provino de Leonarda Villalobos, mientras que a Iglesias lo contactó vía telefónica el exministro del Interior y amigo de Luis Hermosilla, Andrés Chadwick.

A raíz de la situación, el exsecretario de Estado salió a explicar el llamado que hizo a Iglesias. “Se me solicitó realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión”, aseguró Chadwick en una declaración escrita este miércoles.

El exministro argumentó que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby”.

Chadwick afirmó que “no tuve ningún contacto -ni antes ni después- con ninguna persona relacionada con STF” y recordó que “a la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.

Según lo informado por Berstein a la Fiscalía, Chadwick le comentó a Iglesias la voluntad de los controladores de STF de aportar a la corredora los recursos necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios. El comisionado le indicó que los hechos y las acciones de las partes se ponderaban en el proceso supervisor. 

Por su parte, a Piedrabuena “la Sra. Villalobos le preguntó si con un aumento de capital se procedería a levantar la suspensión de STF Capital Corredores de Bolsa”, precisó el oficio.

A lo que la comisionada replicó que “no podía responder a esa pregunta y que siguiera los conductos regulares de la CMF, que era responder al oficio del equipo supervisor, no habiendo otro tema abordado en la llamada”, agregó el documento.

La investigación interna

Las llamadas a los comisionados de la CMF son antecedentes que no se conocían a la fecha, aseguraron fuentes cercanas al Ministerio Público.

La acción se suma a otras que ha impulsado el regulador. En noviembre de 2023, Berstein designó al comisionado Beltrán de Ramón para instruir una investigación interna.

La indagatoria buscaba determinar eventuales infracciones administrativas y responsabilidades funcionarias respecto de los hechos contenidos en la denuncia por el presunto delito de soborno que presentó la CMF a la Fiscalía un día antes de designar a De Ramón.

El 29 de mayo de 2024, la CMF puso término al sumario administrativo y concluyó que no hubo sobornos a funcionarios de la CMF ni tampoco entrega de información reservada por parte del fiscal de la Unidad de Investigación, Andrés Montes; ni la divulgación de otros antecedentes que pusieran en riesgo la investigación en contra de STF.

Según el sumario administrativo liderado por el comisionado Beltrán de Ramón, cuya copia fue enviada a la Fiscalía, se tomaron declaraciones a 18 funcionarios de la CMF, incluidos Montes; el director general Jurídico, José Antonio Gaspar, y el director general de Supervisión Prudencial, Osvaldo Adasme.

De esta manera, según se desprende del documento, no prestaron testimonio ninguno de los comisionados, incluidos Iglesias o Piedrabuena, por lo tanto, los llamados telefónicos no formaron parte del informe de De Ramón.

De hecho, los nombres de estos comisionados no aparecen en las indagatorias descritas por la entidad al Ministerio Público.

En detalle, gran parte de la investigación se centró en aclarar las menciones a Montes, y en los antecedentes y posterior formulación de cargos a la exasesora de Asuntos Corporativos de la CMF, Marcela Gómez.

Sobre los últimos antecedentes, la CMF señaló por escrito que la entidad “ha puesto a disposición del Ministerio Público toda la información pertinente, incluyendo el sumario administrativo tomado razón por la Contraloría General de la República y el oficio N°107.355 del presente año” y reiteraron la “permanente disposición de la CMF a colaborar con las diligencias que el Ministerio Público requiera”.

Agregó que la información dice relación con el proceso de supervisión y sancionatorio contra STF, “durante el cual la CMF detectó las irregularidades y actuó con extrema diligencia y solidez, adoptando en contra del grupo, por la unanimidad del Consejo, las máximas medidas administrativas y sancionatorias que contempla nuestra legislación”.

Perfil técnico de Iglesias

Acostumbrado a guardar un estricto bajo perfil, Augusto Iglesias entró en la órbita del caso a partir de la revelación de la llamada de Chadwick.

Iglesias aterrizó en 2020 en uno de los cinco cupos que componen el Consejo de la CMF luego de que en agosto de ese año el entonces Presidente Sebastián Piñera decidió nominarlo junto a Piedrabuena como comisionados, siendo posteriormente ratificados por el Senado.

Quienes lo conocen describen al ingeniero comercial con mención en Economía de la UC y magíster en Economía de la Universidad de California como un profesional técnico, de bajo perfil, minucioso, estudioso y concentrado en sacar adelante las tareas que se le han encomendado en los distintos roles que ha tenido. De hecho, no ha dado entrevistas desde su rol como comisionado de la CMF.

Dentro del mundo financiero, Iglesias es reconocido especialmente en el segmento previsional, tanto en Chile como en el extranjero como un destacado consultor a través de su exempresa PrimAmerica.

En el ámbito público, fue subsecretario de Previsión Social durante los cuatro años de la primera administración de Piñera bajo el alero de tres ministros distintos en el período.

Antes de aterrizar en la CMF, fue asesor presidencial para la reforma previsional en Piñera II.