El cierre de 2023 se caracterizó por números azules para la inversión extranjera en Chile. De acuerdo a cifras de InvestChile -la agencia de promoción perteneciente al Ministerio de Economía- el año pasado concluyó con una cartera de 450 iniciativas en distintas etapas de desarrollo, equivalentes a US$ 33.505 millones.
Del total, US$ 14.716 millones corresponden a inversión en materialización -iniciativas instaladas y en fase de desarrollo en el país-, que se tradujeron en 103 proyectos y 5.936 puestos de trabajo.
En comparación a 2022, fueron menos proyectos (476) y menos empleos directos (18.866), pero el monto total de la inversión involucrada creció 18,2%.
Karla Flores, directora de InvestChile, califica el incremento de los montos como una “buena noticia”, en el contexto de una moderación de la inversión extranjera global el año pasado.
“Pero más importante aún, porque da cuenta de la confianza de los inversionistas internacionales y de las condiciones de atractivo de nuestro país como destino de inversión. Nuestras cifras de cartera no solo hablan bien del trabajo que pudimos desarrollar como agencia, sino también de cómo el mundo nos ve como un lugar privilegiado para desarrollar proyectos de inversión, especialmente ligados a la transición energética y la mitigación del cambio climático”, dice.
Así, apunta a que uno de los principales factores tras el alza fue la activación e ingreso a la cartera de proyectos de energía, especialmente en generación y almacenamiento. Además de otras iniciativas mineras relevantes.
“Chile se ha consolidado como uno de los países más atractivos para invertir en energías limpias, ocupando permanentemente los primeros lugares a nivel global en rankings como el Climatescope de BloombergNEF, y eso se ve reflejado en nuestra cartera”, dice.
Energía al alza
El sector que acumuló el mayor monto fue energía con US$ 15.911 millones, seguido por minería con US$ 8.175 millones y servicios globales con US$ 5.860 millones.
Flores explica que en el caso de los proyectos de hidrógeno verde, su desempeño en la cartera 2023 “depende de los avances en negociaciones y acuerdos internacionales, tanto desde la perspectiva de habilitar el mercado con instrumentos especializados, como del avance de la cartera de proyectos declarados en Chile”.
Y apunta que han ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental iniciativas como el Parque Eólico Faro del Sur y la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF, que entre ambos suman sobre US$ 1.300 millones de potencial inversión.
Mientras que en el caso del litio, destaca que ha habido “gran interés” de empresas internacionales por producir y agregar valor en Chile, lo que ejemplifica con la cartera de Eramet, que inyectó US$ 95 millones para la adquisición de 120 mil hectáreas de concesiones mineras para la exploración y explotación de litio en Atacama y la creación de su filial chilena.
“Por otra parte, están las licitaciones de Corfo que permitirán a las empresas acceder al litio a un precio y condiciones preferentes y que tienen proyectos de las empresas de origen chino BYD y Yongqing Technology, con un potencial de inversión -en conjunto- de cerca de US$ 500 millones”, señala la directora.
Entre los países que lideran la inversión extranjera en la cartera de proyectos están Estados Unidos con US$ 9.913 millones; Canadá con US$ 5.329 millones y China con US$ 4.250 millones.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.