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El último informe de Política Monetaria del Banco Central confirmó una vez más el mal desempeño de la economía chilena. Nuestro PIB per cápita no sólo no ha crecido durante 11 años, sino que se proyecta que este estancamiento continuará durante diez años más.
En el debate público se escucha a menudo que la razón de nuestro deterioro económico fue que dimos por sentado el crecimiento y las políticas públicas se centraron en el gasto y la distribución. Cuando se analizan los datos macroeconómicos, esta tesis cobra fuerza. No sólo aumentó el gasto fiscal, sino que hay señales de que este aumento del gasto debilitó la actividad privada y tuvo un enfoque de corto plazo, en detrimento de una visión de largo plazo que favorecía el crecimiento. Te lo describo.
Desde 2008, el gasto público ha aumentado de manera sostenida: nuestro Estado pasó de tener un gasto equivalente al 19,3% del PIB en 2007, a tener un gasto equivalente al 27,4% en 2023 (gráfico 1). Lo grave es que desde 2008 tenemos sistemáticamente déficit fiscal, es decir, el Gobierno gasta más de lo que recauda. Pasamos de tener una deuda pública equivalente al 3,9% del PBI en 2007, a una deuda equivalente al 41,6% del PBI en 2024.
Existe una extensa literatura económica que habla del “efecto recesivo de la expansión fiscal”: cuando las finanzas públicas de un país se deterioran y el gasto excede sus capacidades de financiamiento, puede causar una contracción en el sector privado (Giavazzi & Pagano 1990; Barro 1979, 1981; 2008;
Un mecanismo principal detrás de este efecto se debe a que, cuando un país se endeuda, se genera entre los agentes la expectativa de que, tarde o temprano, el Estado tendrá que obtener recursos adicionales del sector privado a través de mayores impuestos. Esto impacta negativamente en las expectativas y la confianza de empresas e inversores. Y los datos respaldan que este fenómeno ocurrió en Chile.
El aumento del gasto público estuvo acompañado de un aumento continuo en la tasa del impuesto corporativo pagado por las empresas chilenas. En 2009, Chile era el país número 35 de la OCDE con la tasa impositiva corporativa más alta, y hoy somos el décimo país con la tasa más alta.
Junto al aumento de impuestos, el Índice Mensual de Confianza Empresarial, que mide las expectativas que tienen las empresas en Chile sobre su situación actual y futura, comenzó a deteriorarse. Entre 2003 y mediados de 2013, el nivel promedio de confianza de las empresas fue optimista el 89% de los meses, mientras que desde 2013 hasta la actualidad el optimismo fue solo el 31% de los meses. El aumento de los impuestos y el deterioro del entorno empresarial se reflejó en un estancamiento del sector privado en la inversión y el empleo, a partir de 2014.
Se podría argumentar que el mayor gasto fiscal se asignó a políticas que buscaban fortalecer el desarrollo económico. Pero el análisis del destino del gasto estatal indica que no. La inversión pública en capital fijo representa el gasto en activos que tienen un uso a largo plazo y contribuyen al desarrollo económico a largo plazo, como infraestructura, terrenos, edificios y equipos. Esta inversión fue a la baja: en 2009, el gasto público en inversión de capital fijo equivalía al 5,0% del PIB, y en 2023 equivale al 3,5%.
Las dos reformas de la última década que implicaron el mayor uso de recursos fiscales respaldan que hayamos priorizado un enfoque de corto plazo: la reforma de las pensiones y la educación. Desde 2008, las principales reformas a nuestro sistema de pensiones han sido aumentar las transferencias estatales a los pensionados, sin ningún esfuerzo por aumentar el ahorro mediante aumentos en la tasa de contribución que va a las cuentas de los trabajadores. Sin ahorro no hay sistema de pensiones que apoye el envejecimiento de la población.
En educación, si bien la evidencia indica que la inversión en las primeras etapas proporciona mayores retornos a largo plazo (Cunha et al., 2006; Heckman et al., 2008), desde 2014 el gasto estatal en educación superior ha ganado protagonismo en comparación con el preescolar y la escuela. etapas, producto de la ley de universidad libre. ¿Resultado? Hoy Chile es el 4to país de la OCDE que más recursos públicos destina a la educación superior en relación a la educación preescolar y escolar.
Desde 2008, nuestro Estado ha gastado más allá de sus capacidades de financiamiento, lo que provocó aumentos en los impuestos corporativos y un deterioro de la actividad privada en nuestro país. Y este aumento del gasto no se reflejó en políticas de crecimiento económico a largo plazo. Debemos poner fin a esta inercia y reactivar el desarrollo económico.
Primero, debemos mejorar la calidad del gasto público, ser más exigentes con lo que gastamos. Para este objetivo, es fundamental crear un estatuto único de empleo público encargado de contratar, promover y destituir a los funcionarios estatales en función del mérito y desempeño. También se debe avanzar hacia una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, como organismo autónomo encargado de la evaluación ex ante y ex post de los impactos regulatorios de las políticas de Chile.
Por último, las propuestas que generen retornos positivos en horizontes temporales más largos deberían ganar protagonismo en el debate. En la reforma previsional se debe evitar que el acuerdo sea sólo para seguir aumentando el gasto estatal en PGU, sin fortalecer el ahorro previsional a través de aumentos en los puntos de cotización. Y en educación se debe priorizar el gasto fiscal en las primeras etapas, no en la educación superior como propone el proyecto de reforma CAE del oficialismo.
“Gastar y gastar, adiós al crecimiento”. Ese fue el foco de las políticas chilenas en los últimos años. Cambiemos esta inercia y ahora el foco es “¡mejorar la calidad del gasto y darle la bienvenida al crecimiento!” 
