El jueves de la semana pasada, los presidentes de los clubes de la Primera División se reunieron con el directorio de la ANFP. Se había convocado a un almuerzo para discutir una materia que tiene de cabeza al balompié nacional: la orden del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia que obliga a la corporación que rige al fútbol chileno a terminar el vínculo con Betsson, el patrocinador de sus principales campeonatos y el dictamen de la Corte Suprema que declara la ilegalidad de las casas de apuestas online, que se han convertido en uno de los principales sustentos económicos de la actividad, al punto de ofrecer acuerdos comerciales muy superiores a los que se habían suscrito en el último tiempo.

Las medidas generaron efectos inmediatos. Betway, que patrocinaba a cinco equipos (Coquimbo Unido, Audax Italiano, Ñublense, Unión La Calera y Everton) les comunicó a esas instituciones que dejaba el negocio, al menos hasta que la situación legal se aclarara, aunque se comprometió a pagar los compromisos adquiridos hasta fin de año. Entre los clubes, en tanto, la incertidumbre por el impacto que pueden tener las medidas en la gestión económica de la actividad, se mezcla con la molestia respecto de la forma en que la mesa que encabeza Pablo Milad ha conducido la crisis.

La reunión concitó la presencia de todos los timoneles de la máxima categoría. Mientras Universidad Católica y Unión La Calera aprovecharon la concesión de conectarse al cónclave vía Zoom, Universidad de Chile no participó de la cita, que se inició alrededor de las 13.30 y cuyo fin se produjo las 18 horas, aproximadamente. Cobresal, en tanto, también se ausentó por venir viajando a Santiago para el duelo frente al Cacique. Previo a dicha se instancia, algunos directivos especulaban que el directorio de la sede de Quilín informaría su decisión de suspender toda relación con las casas de apuestas mientras se regularice la situación. Sin embargo, tras más de cuatro horas de tensa conversación, el panorama final terminó siendo absolutamente diferente.

Según testigos, la ANFP no supo dar una respuesta clara sobre la legalidad o ilegalidad de las casas de apuestas online. “Lo estamos evaluando”, era la frase que más se repetía. Tampoco pudo hacerlo el presidente Pablo Milad, quien optó por dejar el asunto en manos de sus asesores. En ese sentido, informó de las acciones que ha tomado, entre las cuales figura el informe encargado al abogado Gonzalo Cisternas.

En términos generales, se instó a la asociación a informar de manera pública y firme sobre la postura del fútbol chileno ante esta problemática con el Gobierno. Primero, en términos de defender la relación comercial con Betsson y la legalidad del rubro con el que está vinculado económicamente. Luego, en el sentido de trasladar la definición de la controversia a la vía judicial, a través de la interposición de un recurso de protección, bajo el precepto de que una instancia administrativa, como la repartición del Ministerio de Justicia, sí tiene la facultad para supervigilar a las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, pero no para ordenar el fin de estos convenios. Por eso, la convicción es que se han vulnerado derechos fundamentales. Y la estrategia, dilatar lo más posible la aplicación de las medidas. Así se fraguó el comunicado que la entidad publicó el viernes pasado, un día después de la reunión.

“La ANFP estima que dicho oficio ha vulnerado sus derechos constitucionales como asociación, porque el Subsecretario de Justicia, en lugar de reclamar ante un juez los vicios que señala tienen ciertos contratos vigentes entre la ANFP y terceros, como lo debe hacer cualquier persona o autoridad en Chile, ordenó directamente dejarlos sin efecto por vía administrativa. Para esto ni el Ministerio ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales y, por el contrario, lo prohíbe la Constitución”, explicó la entidad.

“El fallo de la Corte Suprema se refiere exclusivamente a un operador de internet que fue recurrido de protección por una empresa del Estado (Polla), en un proceso en que no han sido parte ni la ANFP ni otras entidades del fútbol chileno. Luego, ese fallo no alcanza a esta organización. Pero, además, lo discutido en ese recurso fue distinto de lo que se reclama en el recurso de protección recientemente interpuesto por la ANFP, en el que se busca que sea precisamente un tribunal -y no una autoridad administrativa- el que conozca cualquier reclamo contra contratos vigentes”, agregó.

Milad y sus compañeros de mesa tuvieron que escuchar abiertos reproches. “Se criticó mucho que la ANFP no era capaz de tener posturas claras. Varios ahí intervinieron para señalar que frente a un problema así hay que tener claridad. Si es legal o no, si vamos a terminar los contratos, qué vamos a hacer, en definitiva. La ANFP no fue capaz de mostrar una posición firme y certera”, explica un timonel que estuvo en la junta. “No son capaces de decir si van a mantener los contratos o si hay que cumplir las instrucciones del ministerio para evitarse problemas”, reclama.

Otro dirigente apunta que no hubo instrucciones concretas respecto de cómo actuar. “Se habló del dictamen, pero desde el punto de vista de ellos”, revela. “Acá hay una campaña de enlodar al fútbol chileno. Siempre se va a prestar para presunciones, pero nuestro estándar de fiscalización es mayor que en el fútbol europeo. Tenemos control financiero. De todos los latinoamericanos somos los más ordenados. Lo destaca incluso la Conmebol. Los jugadores argentinos vienen acá aunque ganen un poco menos, porque se paga. Entonces, cómo la ANFP no va a tener la capacidad de mostrar y defender esto”, cuestiona.

En la ANFP, en tanto, aseguran que el almuerzo cumplió el objetivo final que apuntaba a escuchar los descargos de los clubes. Más cuando este miércoles, cerca del mediodía, se realizará un consejo de presidentes abocado en la materia. Asumen la crítica de ser más enérgicos al momento de comunicar los pasos a seguir frente a la lucha que mantienen las casas de apuesta con gobierno. De algún modo, el silencio que reinaba en Quilín daba una mala señal de cara a la regularización de los juegos de azar que se está realizando.

“La reunión fue en un clima en el que se presentaron las diferentes estrategias que ya teníamos en marcha por el tema de las casas de apuestas. Después de conversar y asesorarnos con los abogados, se decidió presentar un recurso de protección. En esta cita se escuchó a los clubes y se juntaron fuerzas para ir todos juntos por lo que más le convenga al fútbol”, dijo Pablo Milad, presidente de la ANFP, a El Deportivo.

En la cita, Alfredo Stöhwing y Juan Tagle, presidente de Blanco y Negro y Cruzados, respectivamente, fueron los que se mostraron más inquietos. Las razones son obvias: son dos de los clubes que perciben más recursos producto de los pactos con casas de apuestas online.

En el caso de los albos, por ejemplo, las utilidades llegan a los US$ 3 millones por año y han derivado en otras regalías, como el financiamiento de la instalación del wifi en el estadio Monumental por US$ 500 mil. Es decir, se trata de un ingreso importante en el presupuesto albo. Alejandro Paul, gerente general del Cacique, quien también participó de forma presencial en la reunión, cuantificó en casi US$ 4,5 millones anuales los perjuicios para la concesionaria, si es que es obligada a terminar su vínculo con Coolbet de manera anticipada.

Ambos timoneles coincidieron en la postura de pedirle a Milad mayor energía en sus acciones. En definitiva, que imponga la trascendencia que tiene la actividad a nivel público. “Hay que hacerse respetar”, es la conclusión que surge entre los clubes. También se planteó una exigencia concreta: no interrumpir unilateralmente la relación con Betsson, pues esa determinación podría generar un precedente que, en definitiva, valide antes de tiempo el bombardeo que los acuerdos están recibiendo desde el punto de vista formal. Sería un precedente para los clubes.

Lo otro es la urgencia de generar una contraofensiva concreta y contundente. “Evidentemente, la ANFP y los clubes tendrán que ser capaces de generar un plan de acción. Este país es un estado de derecho y existe derecho a defenderse”, puntualiza, por ejemplo, Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins. “Sobre eso, de acuerdo a lo que explicó el presidente, se consultaron los abogados y van a presentar los recursos que correspondan”, amplió el timonel rancagüino.