CMF alerta por los efectos negativos de la ley de fraudes con tarjetas

“En el caso de ley de fraudes, está comenzando a dar luces de que podría incidir negativamente en la solvencia de las instituciones”, sostuvo al inicio de su presentación la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, quien expuso este martes por la mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado.

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En la instancia se abordó el proyecto de ley que busca abordar el sobreendeudamiento a través de la creación de un programa de garantías para permitir el refinanciamiento de personas sobreendeudadas; y de la regulación del pago mínimo de las tarjetas de crédito. Pero fue la modificación que se propone al la ley de fraudes con tarjetas lo que se tomó la agenda, tema que también fue abordado por la Asociación de Bancos y BancoEstado.

En su presentación, Berstein sostuvo que “lamentablemente se han generado situaciones que han llevado a que esta iniciativa legal, que tenía un propósito muy claro, esté hoy afectando incluso la solvencia de algunas de las instituciones financieras más allá de lo que se pueda evitar a través de los mecanismos que hoy se han implementado”.

Además, indicó que “es importante avanzar en este proyecto considerando que las proyecciones de pérdidas por fraude del BancoEstado, alcanzaría un porcentaje relevante de su última capitalización, US$ 80 millones hasta octubre, esto respecto de los US$ 335 millones capitalizados, en el contexto de mayores requerimientos de capital establecidos por la implementación de Basilea”.

En tanto, el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, comentó que los reclamos pagados por ley de fraudes se ha multiplicado por 7 veces, y que los montos involucrados han crecido 19 veces.

“Esencialmente la inmensa mayoría, el 99% de los reclamos están por debajo de los UF35 para un pago expedito y automático por parte del banco durante los primeros 5 días desde que se realiza el desconocimiento de la transacción”, dijo Hojman, y apuntó que “los reclamos por fraude han aumentado, y lo que uno observa son registros de comportamientos defraudatorio y negligentes. El problema no es falta de medidas de seguridad, no es de tecnología, sino más bien una debilidad en la regulación que está asociada con un incentivo al autofraude”.

Así, señaló que “hay un problema de solvencia. Hay un importante daño patrimonial que en el caso de BancoEstado, a noviembre, ha pagado US$120 millones por reclamos formulados al amparo de esta ley, y esto ciertamente reduce el aporte al fisco en el mismo monto. Parte de las consecuencias de eso es que se pone en riesgo la capitalización del banco”.

El presidente de la estatal, agregó que además se han producido agresiones “contra trabajadores y trabajadores de BancoEstado. En la práctica lo que la ley define, es que la única forma que tiene un banco de atender a este tipo de problemáticas, es que si esto se sucede varias veces con un cliente, se procede a bloquear una tarjeta o una medida de cierre justificado de una cuenta. Y lo que ha pasado es que muchos usuarios van a sucursales de manera bastante agresiva y violenta a pedir que se revierta esta medida”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, apuntó a que uno de los principales problemas actuales es el estándar probatorio para demostrar un fraude, ya que “en la práctica es virtualmente imposible probar el dolo o culpa grave en operaciones masivas” , apartándose de la regla general de culpa leve. Así, indicó que “incluso si se llegase a probar la culpa grave o dolo, la probabilidad de recuperar las UF 35 abonadas dentro de los primeros 5 días es muy baja”.

Además, Mena sostuvo que “la proyección anualizada, en base a información del primer semestre de 2023, indica que los fraudes se ubicarían en torno a US$ 350 millones en doce meses”, y que “las operaciones desconocidas por montos de hasta UF35 se estiman en 95% del total”.