En atención a recientes informaciones de prensa que involucran a integrantes de la Corte Suprema, el presidente dde este tribunal, Ricardo Blanco Herrera, expresó su preocupación por esta situación y señaló que serán tratadas ccon la máxima prioridad en el pleno de mañana lunes 9 de septiembre.

Asimismo, reiteró el compromiso de la Corte Suprema con su trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del estado de derecho para dar garantías  de independencia y probidad a todas las personas.

La reacción del máximo tribunal se produce luego que este sábado se revelaron nuevos antecedentes respecto al caso Audio, que involucran al abogado Luis Hermosilla con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Las conversaciones fueron publicadas por Ciper Chile y revelaron una serie de favores que se habrían concedido desde ambas partes. El primero de ellos se remonta a 2018, cuando Vivanco le pidió ayuda al abogado para llegar a la Corte Suprema.

Acusación constitucional

Durante la jornada de este domingo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también fue consultado sobre los chats de Whatsapp que salieron a la luz entre Hermosilla y Vivanco, y que llevó a que diputados del Partido Socialista anunciaran una acusación constitucional “contra los jueces presuntamente involucrados en la red de tráfico de influencias del abogado Luis Hermosilla”.

Según señaló Monsalve, “hay parte de esas materias, que tendrá que ser decisión del Ministerio Público para ver si se investiga eventualmente un delito”, agregando que en el caso de la acusación constitucional anunciada, esta es una herramienta del Congreso, por lo que se espera que se use “con la mayor seriedad y fundamentación posible”.

“Las acusaciones constitucionales son una facultad del Congreso, lo que uno espera es que herramientas de esa naturaleza sean usadas con la mayor seriedad posible y con la mayor fundamentación posible, si es que se decide usarlas, pero eso es una facultad de un poder distinto al Ejecutivo”, mencionó agregando que “los parlamentarios tendrán que evaluar si deciden presentar una acusación constitucional”.