Economia
Colmena niega que crisis del sector sea “responsabilidad de las isapres”
El proyecto de Ley Corta presentado hace unos días por el Gobierno y que cumple con la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la mesa de factores que ordena la devolución de cargos por encima del marco vigente desde abril de 2020 provocó no solo una serie de citatorios del gremio que representa a la industria, sino también ahora reacciones de los propios aseguradores individualmente.
Este es el caso de la isapre Colmena, que a través de una carta abierta rechazó enfáticamente las acusaciones difundidas en el marco de la presentación del proyecto de ley, refiriéndose a que “La situación actual es responsabilidad de las isapres” y que “han hecho del abuso una forma habitual de actuar”.
“Eso no es verdad. Colmena siempre ha cumplido estrictamente con las instrucciones de la Superintendencia de Salud (SIS). De hecho, la SIS auditó en agosto de 2020 la implementación de la Tabla Unifactorial por parte de Colmena, sin hacer observaciones”, dijo la empresa vinculada al grupo Bethia.
Además, la isapre señaló que a través de una nueva sección de transparencia poner a disposición “de nuestros afiliados y de la opinión pública la información que confirme que Hive siempre ha actuado de acuerdo con el marco legal dictado por la Superintendencia de Salud (SIS) y no ha realizado cargos indebidos o excesivos. Tampoco ha tenido ganancias excesivas”.
Finalmente, la empresa destacó que “luego de una década de incertidumbres, hoy vuelve a estar en el Congreso la discusión sobre la tabla de factores”. Y afirmó que “el Poder Legislativo tiene la oportunidad de resolver el tema de fondo: implementar una tabla única para todos los planes, pero sin romper el equilibrio financiero que exigen las isapres para mantener la cobertura de salud de las personas”.
Contexto de declaraciones
Las declaraciones de Isapre Colmena se dan luego de que el Gobierno ingresara el 9 de mayo un proyecto en el Senado que busca cumplir con la sentencia de la Corte Suprema -que obliga a las empresas a desembolsar cerca de US$ 1.400 millones- y el marco operativo de la industria, a lo que se suma un plan de fortalecimiento del Fonasa.
Paralelamente, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley alternativo que incorpora una disposición transitoria aplicada a la adecuación de los planes básicos de saludpara cumplir con la sentencia, pero con ciertas flexibilidades.
Entre sus principales puntos, el proyecto de ley propone autorizar a las isapres a subir los precios de los planes base, lo que redundará en mantener el valor final pagado por los afiliados, ya que, en última instancia, compensa el efecto de ajuste a la baja por tabla de factores que determinó el fracaso.
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