Columna de Álvaro Ortúzar: Usurpaciones, ¿un problema humanitario?

El gobierno manifiesta su adhesión ideológica al antiguo allendismo no solo en su invocación, sino en la imitación de los comportamientos más radicales y dañinos que caracterizaron ese régimen. Comenzaron con el intento de destruir las instituciones de la República en la Convención Constitucional, de la cual el país fue luchado con un rechazo abrumador. La gestión política del puertorrolismo continuó y, dado que no pudieron reformar la constitución, no cumplen. Solo tres ejemplos lo muestran. Primero, el enlace y la sumisión al Partido Comunista, cuya vocación revolucionaria e inconstitucional se reveló en la violencia octubrista de 2019. Luego, en la obstrucción sistemática de las inversiones para los servicios responsables de revisar y otorgar los permisos para la implementación y operación de la operación de Industrias y empresas, dirigidas por grupos ultraambientales, que violan el derecho a desarrollar actividades económicas legales. Y, finalmente, la característica de mayor gravedad está constituida por el incumplimiento de las sentencias de desalojo emitidas por nuestros tribunales de justicia. En el gobierno de Allende, las fallas se quedaron sin cumplir. Lo mismo sucede en el actual. Aquí nos detendremos.

En disparos de tierras privadas, el desapego a la Constitución y las garantías establecidas son alarmantes. El derecho de propiedad se desprecia, la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y la obligación de cumplir con el ordenado por la justicia, la no discriminación arbitraria en asuntos económicos que el estado y sus organismos deben dar, y el derecho a usar, Disfruta y tiene tus productos. Todos son letras muertas cuando se trata de respaldar usurpaciones e interrumpir lo que se resuelve en oraciones repetidas. El Minvu, en un catastro de 2024, reveló un aumento de más del 30% de la tierra tomada desde que comenzó el gobierno de Buric, tanto en la región metropolitana como en Valparaíso, Biobío y Antofagasta. En la mayoría de ellos, se encuentran inmigrantes irregulares y delitos organizados. La información oficial indica que actualmente hay 130 mil personas que habitan 1,432 campos. Dentro de estos lugares, se han cometido crímenes abominables como la tortura y el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. En la toma de San Antonio, se acredita que es una verdadera urbanización, con calles y topografía, organización de logística y servicios, lo que muestra que hay inversores desconocidos que ponen capital, desarrolladores de proyectos urbanos, maquinaria, empleados y trabajadores, sitios, sitios, Empresas perfectamente demarcadas e inmobiliarias con hechos e inscripciones de dominio falsas. Así, los actos del crimen organizado. Pero, el Ministro Montes ha descrito el problema de los desalojos, “antes de nada, como humanitario”. De esta manera, el fallo que ordene el desalojo no se cumple y el ministro, aunque el olor a pólvora de estos campos llega a sus oficinas, viola la constitución en detrimento de la empresa.

Por Álvaro Ortúzarabogado