Esta semana cayó el cruel régimen de Bashar al-Assad en Siria. Aún queda un largo camino por recorrer para saber qué destino le espera al pueblo sirio, pero ciertamente despierta cierto optimismo de que los dictadores caerán, aunque al Partido Comunista de Chile no le guste.
La situación en Siria y Venezuela es muy diferente, pero la caída de Al-Assad nos recuerda que las dictaduras dependen del oxígeno que les proporcionan sus aliados y que su destino está en manos de su propio pueblo.
Chile (y en particular el presidente Boric) no es ningún aliado de Maduro, hasta el punto de que nuestros diplomáticos fueron expulsados de Caracas. Sin embargo, el gobierno ha hecho pocos esfuerzos por obstaculizar el suministro de oxígeno que Maduro sigue recibiendo de sus aliados y cómplices pasivos. En la región, Chile cambió una voz fuerte y clara por una más tímida y por momentos confusa, bailando al ritmo de México, Colombia y Brasil, que hoy se declaran “desinteresados”. Y luego tenemos a Cuba, que a pesar de permitir la dictadura venezolana, es intocable para el presidente Boric y sus socios.
Por otro lado, el apoyo de nuestro gobierno a la oposición venezolana ha sido tibio. El presidente Boric acusó a Maduro de fraude electoral, pero aún no reconoce a quien legítimamente ganó esa elección: Edmundo González. Para justificar su posición a medias, el gobierno ha sostenido que el reconocimiento de González corresponde sólo al pueblo venezolano. Pero su argumento es falaz, porque la voluntad popular ya quedó claramente expresada con lápiz y papel en las elecciones de julio pasado. A diferencia de Juan Guaidó, Edmundo González ganó unas elecciones y anunció que estará en Caracas para asumir in situ la Presidencia que le corresponde el próximo 10 de enero. ¿Qué posición adoptará el gobierno de Chile el próximo mes? ¿Reconocerá como presidente a quien ganó las elecciones con más de siete millones de votos?
Finalmente, el gobierno ha sido demasiado cauteloso al utilizar la arquitectura multilateral para denunciar violaciones de derechos humanos en Venezuela, con un mensaje elocuente pero de ejecución limitada. Las palabras del presidente Boric se vuelven menos creíbles cuando no van acompañadas de esfuerzos en la fiscalía de la Corte Penal Internacional, o de una participación más activa en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El fin de Maduro sigue siendo un interrogante, pero el gobierno chileno actúa como un espectador al que no le interesa demasiado la solución. Lo que quizás el gobierno olvida es que Maduro no sólo constituye una amenaza a la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino también a la seguridad regional y nacional. La solución a la crisis en Venezuela para Chile no es una opción, es un imperativo.
Por Benjamín Salasabogado, colaborador asociado horizontal