El desarrollo de proyectos de gran envergadura desde la administración pública requiere de la coordinación entre actores con distintas dependencias, distintos objetivos -más allá de los comprometidos con un programa de gobierno-, con disímiles capacidades y ritmos de ejecución, lo cual es sumamente complejo. .
No hacerlo o hacerlo a medias, como suele ser el caso, tiene impactos significativos en la productividad del sector público, particularmente en el campo de la infraestructura, como concluyó un estudio del Consejo Nacional de Productividad en 2020.
Dada la Agenda de Productividad propuesta por el gobierno, como CPI hemos propuesto la creación de una instancia técnica supraministerial (Comisión Asesora de Políticas Nacionales de Infraestructura), dependiente del Presidente de la República, con la responsabilidad delegada de planificar la infraestructura nacional en el largo plazo . Esta institución, junto con los ministerios, estaría a cargo, además de definir las fuentes de financiamiento de las obras más relevantes, monitorear las acciones de cada organismo ejecutor y revisar periódicamente ese plan.
Mientras se estructura esta instancia, sería recomendable implementar la figura de “directores delegados presidenciales” para inversiones de relevancia nacional, quienes deberán ser designados por la máxima autoridad. Imaginamos a estos ejecutivos como personas que reciben el mandato y las facultades para alinear las entidades públicas a fin de asegurar el éxito de los proyectos a su cargo en plazos razonables. No se trata de incumplir normas ni de operar con laxitud ante exigencias de sostenibilidad, sino de priorizar obras definidas como fundamentales por los gobiernos.
Lo vemos claramente en la decisión del Ministro de Energía de asumir como propio el proyecto público-privado de la línea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre que impulsan ISA, Transelec y China Southern Power Grid, entre las regiones de Antofagasta y la Metropolitana. . Esto involucra a varios ministerios y requiere una estricta supervisión por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
Algo similar debería ocurrir con otras inversiones estratégicas, como ha señalado el propio presidente Boric: el Puerto Mayor de San Antonio, el nuevo tren Santiago-Valparaíso y la construcción de 260.000 viviendas en tres años. Sugerimos incluir las plantas desalinizadoras que están siendo evaluadas a través de la Ley de Concesiones del MOP. La emergencia hídrica así lo amerita.
Como en el caso del sector energético, los ejecutivos a cargo de estos proyectos deberán asumir la coordinación técnica de las entidades relacionadas, la tramitación de los permisos necesarios y la invitación a las comunidades a ser parte de este esfuerzo del Estado. Creemos que solo así será posible lograr un ritmo de ejecución en proyectos de esta magnitud. El país lo requiere para lograr las tasas de crecimiento necesarias para cumplir con los compromisos asumidos.
Por Carlos Cruz, Director Ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
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