Columna de Daniel Rodriguez: CAE: tres consideraciones

La promesa presidencial de condonar todas las deudas contraídas por los beneficiarios del Crédito con Garantía del Estado, más conocido como CAE, ha vuelto a la discusión pública. Este debate suele terminar en un callejón sin salida: el enorme costo -más de 10 millones de dólares (el 13% del presupuesto del país)- termina silenciando el impulso idealista de hacer desaparecer la deuda a través de un acto legislativo, y que alguien (el Estado, los bancos … nadie) paga. La alta rentabilidad electoral hace que la discusión, luego de una pausa, vuelva. Pero así es imposible pensar en mejores herramientas de financiación para la educación superior. Por eso, es más útil discutir las características de una política pública que sustituya al CAE. Tres consideraciones podrían hacer avanzar esta discusión al diseñar un reemplazo.

Lo primero es que se necesitan ayudas económicas para estudiantes que no sean beneficiarios de gratuidad, nada menos que 860.000 jóvenes, el 67% de la matrícula. Los estudiantes más vulnerables que no tienen acceso a la gratuidad, y cada vez más los de mayores ingresos, hacen uso del CAE como forma de financiar sus estudios. En otras palabras, la herramienta que la reemplace debe ser de carácter masivo, disponible para todos los estudiantes que requieran apoyo y elijan instituciones acreditadas. Nadie que cumpla con los requisitos académicos debe quedarse sin estudiar. Como debería ser universal, no conviene que esta nueva herramienta emule la gratuidad, ya que el costo fiscal sería imposible de solventar. Esta es la razón por la que un crédito estatal supeditado a los ingresos tiene más posibilidades de funcionar.

La segunda es que la nueva herramienta debe aprender de los errores anteriores. La gratuidad impone importantes restricciones a la autonomía de las universidades, limita su crecimiento y sus fuentes de financiación, y las conduce a un déficit del que se quejan periódicamente los rectores de la Cruch. Por ello, cualquier herramienta de financiación que pretenda sustituir al CAE debe evitar estas limitaciones que hacen de la gratuidad una política pública mal diseñada que afecta a las instituciones. La clave está en permitir el copago, es decir, que junto con el subsidio estatal se permita cobrar a las instituciones. ¿Porque? Porque la educación superior será cada vez más cara (cada vez más, nuestro sistema hace más investigación, innovación y extensión, contrata más profesores con doctorados, entre otros), y no conviene que los contribuyentes financien estos costos crecientes. Si no se da autonomía a las instituciones para buscar su propia financiación, será Hacienda la que tarde o temprano tendrá que cubrirla. Teniendo otras prioridades y urgencias, como la reactivación de la educación escolar, esto debe evitarse.

Lo tercero es que es imperativo hacerse cargo del grupo de beneficiarios del CAE que, por las razones que sean, hoy cargan con una deuda que no podrán pagar. Si bien la Comisión Ingresa -institución administradora de crédito del CAE- los cifra en un 5% de desertores y un 5% de egresados, los sobreendeudados podrían ser más, según los criterios establecidos. Pero es posible anticipar que se debe dar prioridad a quienes han dejado sus estudios (deserción) y por tanto no se benefician de los mayores ingresos de tener un título, y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pero los que pueden pagar deben seguir cumpliendo con su compromiso y obligaciones. Según datos oficiales, el Estado recaudó 4,9 millones de UF en 2021 vía restitución de créditos. Aquí surge un problema de justicia: ¿por qué condonar a unos y a otros no? Ya se ha propuesto una salida a esto: que todos los beneficiarios paguen parte de su deuda y, al mismo tiempo, que todos se beneficien un poco de la reprogramación.

Estos son solo algunos de los puntos de esta difícil discusión. Lo que está claro es que la idea del perdón resulta ser un muro infranqueable para discutir asuntos de fondo. Según datos de Acción Educar, cuando el presidente Boric ganó las elecciones y reafirmó su promesa de remisión universal, la morosidad de los estudiantes de posgrado beneficiarios del CAE aumentó 10 puntos porcentuales. Solo por el interés, la promesa presidencial ya se ha vuelto más cara de cumplir. Debemos admitir, por impopular que sea, que el eslogan del perdón es enemigo de una mejor financiación de la educación superior.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar