La deserción escolar en Chile es un problema que persiste, sin que las políticas públicas puedan abordarlo de manera efectiva. Con más de 47.500 estudiantes fuera del sistema educativo, no podemos ignorar las causas que impulsan este fenómeno, ni subestimar sus consecuencias. Las respuestas deben ir mucho más allá de los actuales planes de reactivación; requieren una estrategia integral que aborde los factores socioeconómicos, académicos y de seguridad escolar.
En primer lugar, las familias de bajos ingresos enfrentan dificultades que impactan directamente la educación de sus hijos. Para muchos jóvenes, la necesidad de contribuir a la economía de origen prima sobre la continuación de sus estudios, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.
El sistema educativo, en segundo lugar, conlleva una rigidez curricular que en ocasiones ignora sus contextos. Es difícil para los estudiantes encontrar relevancia en asistir a clases con contenidos que no se ajustan a sus intereses o que no ofrecen habilidades prácticas para afrontar la vida.
En tercer lugar, la Ley de Inclusión, al imponer restricciones a la apertura de nuevas escuelas y provocar el cierre de otras, ha limitado las opciones y la libertad de educación. Por otro lado, el Sistema de Admisión Escolar (SAE), con su sistema de asignación aleatoria, ha dejado a muchos estudiantes sin matrícula o en escuelas que no eran de su preferencia, lo que aumenta la probabilidad de deserción.
En cuarto lugar, hay un aumento de denuncias por violencia en los establecimientos educativos, generando un ambiente hostil e inseguro. La falta de medidas efectivas para abordar y prevenir estas situaciones ha creado un círculo vicioso, donde la inseguridad en las aulas se traduce en ausentismo y, en algunos casos, deserción escolar.
Finalmente, para abordar eficazmente la deserción escolar se debe diseñar una política pública que proporcione incentivos correctos a través de transferencias condicionadas para evitar que el costo de oportunidad sea mayor que el beneficio de acceder a la educación. Por su parte, se debe flexibilizar el currículum para adaptarlo a las necesidades actuales y ofrecer alternativas educativas como las escuelas de segunda oportunidad. Asimismo, es necesario revisar la Ley de Inclusión y la SAE, asegurando que no se limiten las opciones educativas. Además, es urgente restablecer la seguridad en los establecimientos, garantizando un ambiente propicio para el aprendizaje. Sólo una política integral que considere estas dimensiones puede frenar de manera más efectiva la crisis de asistencia y deserción escolar, garantizando que todos los jóvenes tengan acceso a una educación que realmente les permita construir un futuro mejor.
Por Mauricio Bravovicedecano de la Facultad de Educación de la UDD