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Columna de Miguel Lorca y Mauricio Villena: Reforma previsional: La trampa del reparto

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A medida que se acerca la recta final de la tramitación de la Reforma Previsional con su discusión en el Senado, comienzan a reaparecer voces abogando por un componente de reparto. No obstante, aún no queda clara la justificación ni objetivos de incorporar reparto al sistema de pensiones en Chile cuando el mundo va en la dirección opuesta.

Los esquemas de reparto se caracterizan por dos atributos. Primero, permiten la incorporación de solidaridad intergeneracional, es decir, cotizantes vigentes ayudan a financiar beneficios de actuales jubilados. Segundo, se traducen en la creación de un fondo común de administración usualmente centralizada donde un ente, generalmente público, se encarga de recaudar, administrar y distribuir lo cotizado por trabajadores activos.

Sin embargo, si se desea incorporar solidaridad intergeneracional, hay mejores mecanismos para hacerlo. La actual PGU cumple dicho objetivo, otorgando beneficios a pensionados vigentes que son financiados mayoritariamente por trabajadores activos vía impuestos generales. Además, tiene la ventaja de permitir mayor progresividad y no cargar el costo exclusivamente en trabajadores formales. Ahora, si se desea incorporar solidaridad dentro del esquema contributivo, también existen mejores alternativas. Un seguro de longevidad permitiría traspasar recursos desde trabajadores activos a pensionados vigentes bajo un esquema definido que sea demográficamente sustentable. Asimismo, se podría incorporar solidaridad intrageneracional dentro de la capitalización individual, con un porcentaje de la cotización que se distribuya equitativamente y entre en las cuentas individuales de cada trabajador aportante, respetando la propiedad y heredabilidad de los fondos, pero generando incentivos a la cotización de trabajadores de bajos ingresos.

Así, la necesidad de aumentar la solidaridad, en particular la intergeneracional, no parece ser justificación suficiente para incorporar un componente de reparto. Nos queda como alternativa el deseo incorporar al sector público en la administración de los fondos previsionales. Esto se puede lograr de mejor forma con la creación de una AFP estatal que compita bajo las mismas condiciones y permita la elección entre un administrador privado o público de fondos previsionales. Sin embargo, esta institución se limitaría a recibir el porcentaje de cotización definido por ley y administrar dichos recursos con una estrategia de largo plazo respetando la propiedad individual de los fondos, dejando nulo espacio a la política social. Luego, parece ser que el objetivo de incorporar un componente de reparto radica más en el deseo de generar un esquema administración centralizada y/o estatal de fondos previsionales que garantice cierto espacio a la política social, con ingresos que generan obligaciones que se disipan en el largo plazo, pero permiten financiar beneficios hoy.

La incorporación de un componente de reparto, aunque sea de un porcentaje muy menor, permite la creación de un esquema al alcance de la clase política y su populismo. Después de los retiros, no parece improbable que el día de mañana algunos políticos busquen reasignar un mayor porcentaje a reparto y/o aumentar antojadizamente beneficios de corto plazo para mejorar su popularidad y posibilidades de reelección, traspasando los costos de sus decisiones a futuras autoridades y pensionados. Luego, parece conveniente alejar los esquemas de ahorro destinados a financiar beneficios de largo plazo lo más posible del alcance de los políticos.

Por Miguel Lorca, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), y Mauricio Villena, decano Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales (UDP)

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El tenso momento en la comisión investigadora por caso Putre

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Un episodio de tensión se vivió este lunes en la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados que indaga lo sucedido respecto a la muerte del exconscripto Franco Vargas en Putre. Y es que tras la exposición de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, quien asistió como invitada a dicha instancia legislativa, se produjo un cruce verbal entre algunos diputados presentes.

“Desde casi el inicio de esta tragedia, el INDH comenzó a realizar algunas acciones”, partió diciendo Contreras, quien luego explicó que una de estas medidas corresponde al oficio que envió el organismo que ella dirige a la subsecretaría regional ministerial de Salud, solicitando “precisiones sobre la infección respiratoria que afectó a 46 jóvenes que hacían el servicio militar en Putre, y la característica general era esta infección y el riesgo que implicaba para su salud”.

Además, destacó que otra de las medidas tomadas por el INDH fue interponer una denuncia ante la fiscalía regional, “considerando que desde el primer momento habían hechos que requerían ser investigados por la justicia, y que a nosotros nos asistía la convicción de que aquí podrían haber violaciones a derechos humanos ocurridas en contra de Franco Vargas”.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile

Contreras añadió: “Como nos asistía la convicción de que este era un caso que debía ser visto por la justicia civil, presentamos la acción judicial en la sede de la región de Arica y Parinacota, y solicitamos distintas diligencias de la investigación, que entiendo que ahora volvió a la justicia civil”.

Luego de terminar la exposición de la directora del INDH, llegó el espacio para que los legisladores hicieran sus preguntas. Tras solicitar la palabra, el diputado Cristián Labbé (UDI) le consultó a Contreras “¿cuántas veces se han querellado por la violación de derechos humanos por parte de omisión del Estado, hoy liderado por el Presidente Gabriel Boric, por aquellos que fueron afectados por el octubrismo (…) como emprendedores”.

Sin aún terminar su interrogante, Labbé fue interrumpido por el presidente de la comisión, Luis Malla (PL), quien le hizo un llamado al orden ya que, según él, el parlamentario gremialista se estaba saliendo del tema que se investiga en la instancia.

De igual manera, Labbé continuó: “Por favor, déjeme terminar de formular la pregunta, porque entiendo que también hay civiles que fueron afectados por la omisión por parte del Estado. Entonces, la pregunta es súper concreta: ¿Cuántas otras querellas tiene el Instituto Nacional de Derecho Humano en otras violaciones que hoy día son por omisión en la Araucanía, en el norte y durante el estallido?”.

Así las cosas, continuando con la ronda de preguntas, el diputado Nelson Venegas (PS) recogió el punto de Labbé y le respondió. “Yo estoy seguro que todos los que estamos en esta mesa tenemos un aprecio profundo por el Ejército de Chile. Aquí no hay personas que quieran al Ejército y otras que no lo quieran, acá todos queremos al Ejército. Y, por lo tanto, cuando queremos al Ejército, queremos que funcione bien, y queremos que no curran cosas que lamentablemente ocurrieron”, dijo.

“Entonces, yo quiero que seamos absolutamente razonables, racionales (…) aquí todos queremos llegar a una resolución institucional y con carácter de Estado respecto de una situación que es grave. Por eso, si nosotros traemos el octubrismo y esas frases y esos slogans, yo les digo que esta cuestión, esta instancia que es tan importante para el futuro del propio Ejército, se va a ver envuelto en una cuestión que no corresponde, va a perder su sustento, va a perder la racionalidad institucional que se merece”, agregó.

Tras la intervención de Venegas, el presidente de la comisión señaló que ya había hecho un llamado al orden al diputado Labbé. Sin embargo, Venegas defendió su postura y señaló que esto “se debe tomar en cuenta”.

Luego, la directora del INDH señaló: “Simplemente queremos reafirmar que nosotros estamos en la línea de la protección de los derechos humanos”.

“Es importante que esto se esclarezca, porque el país necesita que los jóvenes se inscriban en el servicio militar, y para eso las cosas tienen que ser claras y transparentes, y ni los jóvenes, ni las madres de los jóvenes, ni sus familias tienen que tener temor de ello. Por lo tanto, nuestra tarea es poder aclarar y ojalá, la justicia determine que no hay violación a derechos humanos”, cerró Contreras.

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“Están ocultando información”: comisión de incendios se tensiona ante falta de información por parte de Senapred, Conaf y Delegación Presidencial

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A las 9:30 de este lunes la comisión especial investigadora (CEI) a cargo de recabar los antecedentes e indagar sobre lo sucedido durante los incendios forestales de febrero de 2024, que dejaron 137 fallecidos y miles de damnificados en la Región de Valparaíso, se reunió para analizar y votar el preinforme realizado por el presidente de la instancia, Tomás Lagomarsino (PR).

Una tarea que se inició en abril de este año y que luego de tres meses de investigación concluyó en duros resultados que apuntaron a negligencias por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a cargo del Ministerio de Agricultura (Minagri), y ocultamiento de información por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), dependiente del Ministerio del Interior, y críticas a la gestión de la Delegación Presidencial Regional (DPR), liderada por Sofía González.

En relación con Conaf, el diputado señaló que “hubo graves errores en la preparación, planificación y operatividad del combate del incendio forestal, subestimando el comportamiento del incendio en condiciones meteorológicas extremadamente adversas y previamente conocidas”. Algunos de estos, según se detalló en el documento, correspondieron a negligencias graves como “no haber monitoreado su avance posterior a las 15:50 horas, no haber entregado información sobre la prognosis cuando fue requerido por la autoridad, no haber interpretado la gravedad del cambio de dirección hacia Viña del Mar y el rápido avance alertado por Charlie Torre a las 17:35 horas en adelante, y haber postergado la entrega de información cuando se conoció que el fuego estaba a 1 km de Pompeya Sur a las 17:40 horas por el helicóptero EC-LXH para iniciar los procesos de evacuación”.

Lo anterior desencadenó críticas por parte de los parlamentarios presentes, como el diputado Hotuiti Teao (ind.-EVO), quien señaló que la falta de información también se ha desencadenado a lo largo del desarrollo de la comisión investigadora, donde instituciones como Conaf y Senapred “se han negado a responder oficios con información de su labor durante la emergencia. No sabemos qué tienen que ocultar”, agregó.

Valparaiso, 2 de febrero de 2024.
Personal de Conaf y bomberos combaten un incendio forestal en el sector de Melosilla que ya ha afectado mas de 30 hectareas.
Andres Pina/Aton Chile

La falta de antecedentes por parte de las autoridades quedó estipulado dentro del preinforme, por lo que incluso la comisión tuvo que votar el documento de manera parcial, puesto que a tres meses del inicio de las solicitudes autoridades aún no respondían los oficios. Tal fue el caso de Senapred, que según el informe se había negado a través de una solicitud vía Ley de Transparencia a entregar información sobre el Manual del Sistema de Alertas de Emergencia.

“Me parece de máxima gravedad, porque un manual de este tipo no debiese negarse menos en una comisión como esta. Además es un manual que se sigue utilizando, no hay razón”, sostuvo la diputada Gloria Naveillán (ind.).

Tanto así que el propio diputado Lagomarsino sostuvo que durante el proceso de recabar información para el informe los organismos “se estaban negando a enviar cierta información”: “En su momento solicité a Senapred el audio del Cogrid que se había sostenido luego de los incendios forestales, y se negó. Luego la directora subrogante de Senapred, Alicia Cebrián, se comprometió a enviarlo, estamos esperando a que ocurra”.

Aunque desde Senapred precisaron que tales audios no existen, pues las reuniones no son grabadas; solo quedan registradas vía acta.

Así también en el informe se detalló que faltó la revisión de la bitácora de comunicaciones de Carabineros de Chile y de la Delegación Presidencial Regional, que fueron requeridas desde la comisión “y que no han sido recibidas al momento de la elaboración de este informe”.

Por lo anterior, el diputado Teao solicitó atrasar la votación del informe para el próximo jueves debido a la falta de antecedentes, o incluso para próximo lunes.

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Tarifas eléctricas también presionan inflación en Argentina

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En un comportamiento que parece confirmar las expectativas del mercado de una aceleración en los precios en Argentina, los datos de la inflación en Buenos Aires mostraron un repunte en los precios.

Según reportó este lunes la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC) en junio el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 4,8% respecto al mes anterior, versus el aumento de 4,4% anotado en mayo, y rompió la tendencia a la desaceleración en la medición mensual que se había anotado desde febrero de este año.

Con ello acumuló un avance de 88,9% en el primer semestre del año y un alza de 272,7% en doce meses, aunque en este último caso el dato fue inferior en 8,2 puntos porcentuales al del mes previo.

El DGEyC detalló que en junio la variación del IPCBA respondió fundamentalmente al alza en las divisiones de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Restaurantes y hoteles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte y Salud, que en conjunto explicaron el 70,3% del aumento general.

En el caso de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se anotó un aumento de 7,3%, contribuyendo con 1,32 puntos porcentuales a la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente la actualización de las tarifas residenciales del servicio de electricidad.

Le siguieron en importancia, los incrementos en los valores de los arriendos y de los gastos comunes por la vivienda.

Restaurantes y hoteles subió 6,4% como resultado de las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un incremento de 2,7%. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Leche, productos lácteos y huevos (4,6%), Pan y cereales (3,2%) y Verduras, tubérculos y legumbres (3,1%).

Transporte registró un aumento de 4,7%, por la nueva actualización en el valor del viaje en subte4 y, en menor medida, los incrementos en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar. En sentido contrario, las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Salud promedió un alza de 4,3% debido a los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor.

Los datos para el total del país serán dados a conocer el viernes y los analistas estiman que también mostraran una aceleración.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado, dado a conocer el jueves pasado por el Banco Central de la República Argentina los consultados prevén que la inflación en el total del país habría aumentado 5,2% mensual en junio versus el 4,2% anotado en mayo, cuando tuvo su menor alza mensual desde enero de 2022.

En el relevamiento, realizado entre el 26 y 28 de junio, se contemplaron pronósticos de 38 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

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