Julio sería un mes determinante para el destino de la reforma de pensiones del Gobierno.
Mientras la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado recibe a diversos invitados a exponer sobre el proyecto de acuerdo con el cronograma fijado, el mundo previsional está expectante respecto del trabajo que emanará de la mesa técnica, el que se espera se traduzca en puntos de acuerdo para posteriormente votar.
La atención es mayor aun considerando que el análisis del grupo de expertos que representan a los cinco senadores de la comisión de Trabajo se está llevando adelante bajo total hermetismo.
“Esta es nuestra última oportunidad y para que resulte no podemos revelar nada”, comenta un integrante de la mesa.
El grupo ha trabajado con números sobre la mesa, en buen ambiente y en varios temas han encontrado mayores acuerdos de los que habrían esperado.
Sin embargo, otras fuentes dan ciertas luces de lo que ha sido este trabajo. Destacan que el análisis ha sido serio, con números sobre la mesa y aseguran que hay un buen ambiente al interior, donde incluso en varios temas han encontrado mayores acuerdos de los que ellos mismos habrían esperado.
Representando a parlamentarios de Chile Vamos están la exministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar; y las economistas Cecilia Cifuentes y Soledad Hormazábal.
El oficialismo está representado por la economista Paula Benavides; el exsenador socialista, Juan Pablo Letelier; y Hermes Gutiérrez, asesor de la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda.
La mesa técnica opera formalmente hace más de un mes y se reúne al menos una vez por semana. La instancia es coordinada por el economista y asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Cristóbal Huneeus, quien no es primera vez que se cruza con varias de las caras que forman parte de la mesa que ahora dirige.
Por ejemplo, con Zaldívar se conocen hace muchos años y con Benavides ya les había tocado enfrentar algo parecido en la búsqueda de un consenso para la reforma de Bachelet II. En tanto, con Hormazábal estuvieron frente a frente en la anterior mesa técnica, en 2023, la que no tuvo éxito.
La idea de establecer el grupo técnico nació de una reunión en abril entre los senadores de la comisión de Trabajo del Senado con los ministros de Hacienda, Mario Marcel; y de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.
En dicha cita se acordó que cada senador nombraría expertos que verían una serie de temas en torno a cambios al sistema de pensiones, pasando por los nudos más críticos, como las fórmulas para incorporar solidaridad (destino del 6% de cotización adicional) y la reorganización de la industria, temas que siguen distanciando al mundo político.
En la oposición insisten que el 6% debe ir a cuentas individuales y que dicha posición refleja el sentir de la ciudadanía. Distintos actores en Chile Vamos aseguran que hay que evitar a toda costa la creación de un Seguro Social, lo que para el Gobierno y el oficialismo es fundamental. Así, hay otros que plantean que se podrían buscar mecanismos alternativos, pero enfocados en solidaridad intrageneracional, vale decir, entre quienes cotizan.
Industria y licitación
En materia de industria no existiría una posición única, ni siquiera al interior de un mismo sector político, tal como ocurrió en su momento en la Cámara de Diputados cuando algunos plantearon que eran partidarios de una división, aunque distinta a la que establecía el proyecto de ley.
Así, hay técnicos que ven con buenos ojos la idea de dejar atrás el giro único y separarlos en dos (inversiones y administración), pero sin dividir la industria como lo propone el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo.
Fuentes al interior del Gobierno aseguran que hay temas relativos a la regulación en los que ya existiría consenso, como cambios en el régimen de inversión y la idea de avanzar en una nueva estructura de comisiones que permita, por un lado, bajar los cobros y por otro, alinear mejor los incentivos de las administradoras con los de los afiliados.
La reciente presentación del economista de la UAI, Salvador Valdés, en el Senado -donde explicó por qué es partidario de impulsar una licitación del stock de afiliados en el sistema- captó la atención de varios técnicos y senadores.
No obstante, advierten que, para algunos expertos, una licitación de ese tipo debe acompañarse de restricciones en el proyecto de ley que impidan que se pudiera generar una excesiva participación del Estado.
Sintonía con la política
Si bien existe una suerte de sensación de esperanza por parte de algunos técnicos de que esta instancia permitirá darle el empujón definitivo a los cambios al sistema previsional después de más de una década de intenso debate, se ha instalado una preocupación transversal entre los expertos.
Se trata de la sintonía que tendrán las conclusiones de la mesa técnica con la política, vale decir, qué tanto de lo que puedan definir los técnicos terminará coincidiendo con las decisiones que tomen sus mandantes, los senadores, pues el trabajo de la mesa no es vinculante.
Uno de los recuadros del Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio está destinado a analizar la evolución de los créditos comerciales -o sea, los entregados a la banca para el crecimiento e inversión de las empresas en el país- y los de consumo (a personas).
En el reporte, el instituto emisor consigna que las colocaciones tanto comerciales como de consumo han evolucionado acorde a las condiciones macroeconómicas y el efecto de la política monetaria. Pero también lanza una advertencia.
Así, narra que en el último año la Tasa de Política Monetaria (TPM) ha disminuido 550 puntos base (pb.), reduciendo “significativamente” el nivel de restricción de la política monetaria.
“Esta menor TPM se ha ido traspasando a las tasas de crédito bancario de corto plazo, tanto para las colocaciones a empresas como a personas. No obstante, el stock de colocaciones bancarias comerciales y de consumo sigue mostrando tasas de variación anual negativas, aunque menores a las que se observaban hace unos trimestres“, sostiene el instituto emisor.
El actual desempeño del crédito se da en un contexto en que, según distintas fuentes, se perciben condiciones de oferta y demanda “poco favorables”, según el IPoM.
Por un lado, la Encuesta de Crédito Bancario del Banco Central mostró durante varios trimestres consecutivos un aumento en los niveles de restricción de la oferta de crédito, al mismo tiempo que la demanda se debilitaba. En su último levantamiento, del primer trimestre de 2024, se aprecia que los factores de oferta de crédito comercial se perciben similares a los del trimestre previo, aun cuando las tasas de créditos comerciales han disminuido de acuerdo a lo esperado, siguiendo la caída en la TPM, dice el Central.
“Los factores de demanda, por otro lado, vuelven a debilitarse, en particular por una menor inversión. El Informe de Percepciones de Negocios de mayo apunta a un panorama parecido. Las empresas entrevistadas señalan que las condiciones de oferta de crédito son restrictivas, aunque no se han deteriorado en el margen, mientras que su disposición a adquirir más deuda es baja”, expone el recuadro.
Así, el emisor analiza la evidencia en base a microdatos administrativos anonimizados, la que sugiere que la evolución del crédito comercial obedece tanto a factores de demanda de las empresas como a factores macroeconómicos, como la actividad, las expectativas de crecimiento y la TPM.
“Datos recientes sobre crédito comercial, sin embargo, podrían indicar una desaceleración adicional en el trimestre en curso e inducen a cierta cautela. El banco continuará monitoreando de cerca ésta y otras variables financieras”, concluye el reporte.
El Gobierno informó que un total de 680 empresasen todo el país conforman el listado de compañías habilitadas para emitir facturas de primera venta de vehículos. Ello, con el objeto de detectar a las llamadas “empresas ideológicamente falsas” que, previo delito de portonazo, robo o clonación, buscan inscribir ilícitamente dichos automóviles en el Registro de Vehículos Motorizados (RVM).
Se trata de un registro que en 15 días más estará habilitado para hacer consultas y denuncias en el portal del Registro Civil y que forma parte de la implementación de la ley 21.601 que busca prevenir delitos asociados al robo de vehículos.
El director del Registro Civil, Omar Morales, explicó que este registro permite evitar la primera inscripción de vehículos que no provienen de un ámbito lícito: “Por ley nosotros llevamos el RVM y hemos podido identificar 680 instituciones, donde se puede realizar una compra segura”.
Asimismo, señaló que a junio de este año “hemos podido desbaratar 1.109 intentos de inscripciones fraudulentas” y por ello en este plazo de transición a la espera de la habilitación del portal han generado el correo reg.emisoresRVM@registrocivil.gob.cl para que las personas puedan hacer consultas y denuncias.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destacó que “este mecanismo de enrolamiento es un avance, porque había un vacío respecto a la información que no solo las instituciones dedicadas a la persecución de delitos tenían, sino que también los usuarios” y que con esta herramienta se permite “definir en forma pública cuáles son las concesionarias y las empresas que cumplen con requisitos para venta de vehículos, emitir boleta e inscripción en el Registro Civil”.
La autoridad agregó que en 15 días estará disponible el portal en el Registro Civil para saber con claridad el listado de empresas autorizadas para operaciones de ventas de autos y así “evitar el blanqueo de autos robados, el fraude, las estafas, la clonación, lavado de activos y poder combatir al crimen organizado”.
El secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza, sostuvo que “esta exigencia es muy positiva, porque el enrolamiento a nivel nacional de todos los puntos oficiales de ventas de vehículos nuevos y usados cierra la ventana a que se compren vehículos en automotoras falsas”.
Cabe señalar que si el vendedor o emisor de la factura de un vehículo no se encuentra incluido en la nómina oficial, el Servicio de Registro Civil e Identificación no procederá a la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.
Este miércoles, la administradora general de fondos (AGF) de SURA se reunió con los aportantes de su fondo de inversión “Renta Inmobiliaria III”, el tercero de su familia de productos que invierte en el sector a través de la compra de propiedades no residenciales para el arriendo.
Tal como adelantó DF a inicios de esta semana, la gestora entregó más información a través de un webinar sobre el aumento de capital que se deberá votar el 2 de julio en una asamblea extraordinaria.
En detalle, la firma buscará inyectar recursos al fondo por cerca de UF 700 mil (aproximadamente $ 26.200 millones), a través de la emisión de dos series de cuotas preferentes que “irían a disminuir la deuda financiera”, dijo en la presentación el vicepresidente senior de Inversiones Inmobiliarias de SURA Investments, Ruperto Lira.
De esta manera, se otorgaría mayor tiempo para las desinversiones del fondo, así como lograr expectativas de mejor retorno.
Eso sí, Lira sinceró la situación del vehículo: “Creemos que es muy difícil que este fondo en particular logre prorrogarse, dado que se vería enfrentado a la necesidad de pagar un derecho a retiro que no podría solventar”.
Según su reglamento interno, aquellos aportantes disidentes que se opongan a alargar la duración del fondo tendrán la facultad de pedir su capital.
“Lo más probable que vemos hoy como paso a seguir, es que este fondo entre en periodo de liquidación”, precisó.
Sin embargo, añadió, “ese periodo de liquidación va a requerir ser bastante prolongado para que las condiciones de mercado sean favorables para una desinversión”.