Constructora chilena con 43 años de vida pide su quiebra: deudas superan los $ 44 mil millones

“Agradecemos a todos los que confiaron en nosotros en estos 43 años de grandes logros (…) Ya no tenemos fuerzas, pero estamos satisfechos con lo que hicimos. Si bien muchos han cerrado sus puertas, nos enfrentamos a la adversidad”.

Pedro Pablo Pizarro y Andrés Rosselot, socios de la constructora Queylen, solicitaron la liquidación voluntaria de la empresa, fundada en 1979 y que se enfocaba en tres áreas específicas de desarrollo: vivienda, industria y edificios comerciales e institucionales.

La empresa -que llegó a emplear a más de 1.114 trabajadores- apuntó a la crisis social y la pandemia, sumándose a la larga lista de empresas de la industria del ladrillo y el cemento, que han bajado el telón por los mismos motivos.

“En resumen, presentamos a nuestra querida empresa con una pérdida de $7.037.560.309 en el ejercicio 2022, con una deuda total de $44.090.651.340, con 85 trabajadores contratados y un inventario de bienes con valor contable de $617.459. 341 para que se determine su destino en este proceso”, dijeron los socios de la firma en su presentación ante la justicia.

Allí detallaron que, en el área de vivienda, de 1981 a 2019, la empresa construyó 7.562 casas y 787 departamentos por un valor de venta de US$ 660 millones; en industrial, construyó 120 propiedades por US$376 millones, y en construcción comercial e institucional, desarrolló más de 26 proyectos por US$70 millones.

“Lo inimaginable”

Los socios explicaron al juzgado que los primeros problemas comenzaron en octubre de 2019 con el estallido social: un mandatario decidió paralizar el inicio de obras en la comuna de La Florida a raíz del retraso en todo el sistema de permisos, tanto de la central gobierno y de los municipios, además del ambiente de incertidumbre.

“Luego lo inimaginable que pasaría en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia del Covid-19 en Chile. Todo lo que era impensable sucedió: restricciones de movimiento, pérdida de productividad, aumento de los costos de transporte y escasez de mano de obra”, dijeron.

En ese momento, la empresa tenía once contratos en curso, todos a tanto alzado. La constructora explicó que con algunas inmobiliarias afines logró compartir pérdidas, pero ella -dijo- los costos resultantes se dispararon.

“Es importante resaltar que en el momento de la pandemia, con los bancos no se podía acudir a los fondos de ayuda promovidos por la autoridad por la situación del rubro y nuestras condiciones a esa fecha. Los plazos de ejecución se ampliaron, el costo de mano de obra proyectado se encareció por tiempo y valor, los bancos en su mayoría tomaron una posición defensiva amparados por la protección que les ofrecían sus hipotecas”, dijeron los socios de la empresa.

Ante este escenario, se destacó que todos los controladores de la empresa comprometieron aportes de capital en dos oportunidades y otros préstamos a la constructora para tratar de salvar la situación: “Pedro Pablo Pizarro, Andrés Rosselot, Juan Pablo Vildósola, Alfred Richter, y Freddy Zúñiga también dejaron de recibir remuneraciones y dividendos de todo tipo con grave sacrificio personal y el de sus familias”.

Y agregó: “Pese a ello, tomaron la firme decisión de luchar, de seguir luchando y tratar de reducir la exposición con todas las fuerzas que pudieran, más que la de la empresa y sus socios, que en ese momento ya se veía”. como un desafío de proporciones épicas, de todos los que habían confiado en ellos, de sus entonces 1.114 trabajadores, de las 200 familias de clase media que les habían confiado las promesas de las viviendas que ansiaban, de sus proveedores aliados, de inversores, compañías de seguros y también bancos, avanzar sin descanso en la ejecución de los contratos pendientes para lograr la recepción de las obras, la entrega de las casas y luego ver si logramos salir airosos”.

A la fecha, la empresa acumula más de 65 juicios civiles y comerciales, por unos $2.500 millones. “Tuvimos la comprensión de muchos. Otros, con un derecho legítimo, nos demandaron a pesar de tener pleno conocimiento de la situación (…). Ha sido un frente muy complejo de manejar, con embargos incluso de material de oficina. Una importante entidad financiera matriz nacional (que en otros tiempos recibió la ayuda del país en circunstancias similares) perjudicó gravemente el avance de las obras de su proyecto al suspender el convenio de financiamiento, los ejecutivos responsables de esa decisión ya no se encuentran en sus cargos, ”, dijeron Pizarro y Rosselot. “Otros confiaron en nosotros, nos ayudaron con estrictos controles en el terreno”, agregaron.

Actualmente, de las once obras en ejecución, la constructora dijo que logró terminar el 100% de nueve de ellas. “Lamentablemente las dos obras inconclusas presentan a la fecha un 55% y un 14% de avance y dada la actual deuda impaga, nuestras oficinas centrales han sido embargadas recientemente; No vemos posible seguir avanzando”, dijeron los socios ante el tribunal.