Las fuertes críticas realizadas por expertos sobre la falta de transparencia en la forma en que se calcula el impuesto predial que determina el pago de las contribuciones sobre inmuebles en el país fue uno de los argumentos que consideró el gobierno para decidir posponer por un año la reliquidación que debería aplicarse en 2026.
En un primer intento, el Ministerio de Hacienda incluyó esta idea en un proyecto de ley de impuestos para las pymes. Sin embargo, esta propuesta no avanzó y, por ello, el Ejecutivo decidió separarla y introducir esta modificación como una iniciativa separada junto con una propuesta para reformular el Fondo Común Municipalque tampoco avanzó.
Finalmente, y dados los plazos acotados, en la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, la administración Boric Se comprometió con los parlamentarios a incluir esta norma de postergación en el proyecto de ley de reajuste público, que deberá iniciar su discusión el próximo lunes 5 de enero.
Pero mientras se ultima y legisla, el Servicio de Impuestos Internos (SII), cumpliendo con la ley vigente que dice que se debe realizar un proceso de reevaluación cada cuatro años. -esta vez a partir del 1 de enero de 2026-, publicó una resolución que actualiza el valor fiscal de los inmuebles no agrícolas en el país.
Desde el SII le explicaron a Pulso que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Predial, cada cuatro años el servicio debe realizar un proceso masivo de actualización del valor fiscal de los inmuebles no agrícolas en el país, por lo que, en cumplimiento de este mandato legal vigente, el SII publicó la Resolución N° 209, con la metodología y factores incluidos en este proceso.
El subdirector de Evaluaciones del SII, Pablo Muñoz, sostuvo que el proyecto de ley que posterga este proceso aún no ha sido tramitado en el Congreso Nacional y, por lo tanto, “como Servicio estamos obligados a cumplir con la legislación vigente, que nos obliga a publicar en diciembre la resolución que reglamente la respectiva reevaluación”. Sin embargo, enfatizó que el SII está “muy atento a los avances en la tramitación del proyecto, y en caso de que se convierta en ley, emitir la resolución que deje sin efecto este proceso”.
los cambios
En la resolución publicada por el SII, Se menciona que en el marco del proceso de revisión de la metodología para la determinación de valoraciones fiscales de bienes inmuebles no agrícolas, “este Servicio sostuvo reuniones de trabajo con una serie de entidades públicas y privadas externas vinculadas a temas territoriales, urbanísticos, inmobiliarios, de construcción y de tasación”.
Así lo refuerza Muñoz, quien afirma que “esta resolución recoge el trabajo técnico desarrollado por el Servicio de Impuestos Internos durante los últimos meses para incorporar mejoras al proceso de reevaluación, entre ellas, las observaciones y algunas de las sugerencias ya realizadas por la Comisión de Expertos convocada para analizar y brindar los antecedentes técnicos pertinentes”.

Entre los principales ajustes, el SII señala que “para simplificar y perfeccionar la metodología, se eliminó el coeficiente guía, dada su limitada aplicación; el coeficiente para la relación entre línea oficial y fondo, dado que tal condición debe ser considerada en los estudios de valor de las respectivas áreas homogéneas; y, atributos de las guías técnicas para definir la calidad de las construcciones relacionadas con la seguridad, la sostenibilidad y los materiales masivos de bajo costo”.
También se eliminó el ajuste de altura que antes se aplicaba al valor del terreno y se reemplazó por un nuevo factor que se aplica directamente a las edificaciones tradicionales de siete o más pisos.
Asimismo, el SII indica que “se eliminó el factor comunal, dado que sus efectos ya están incorporados al valor del terreno. En su lugar, se estableció un factor de seguridad de aplicación nacional, tanto para terrenos como para edificaciones, cuyo objetivo es fijar los valores fiscales en un nivel promedio equivalente al 60% de los valores de mercado analizados durante el proceso”.
También se eliminaron los coeficientes comerciales de la comuna de Santiago y se modificó la aplicación del coeficiente de superficie, pasando a una fórmula única de aplicación del coeficiente que se aplicará a los terrenos de todos los inmuebles que excedan el rango máximo de su superficie homogénea.
Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados, considera que estos “ajustes metodológicos ayudan y se aplican criterios de realidad, sin embargo, creo que el problema de este impuesto es que requiere una reformulación mucho más profunda”.
Sobre el aplazamiento por un año que quiere hacer el gobierno, Ocampo indica que “en un año no se podría estudiar el tema con la profundidad que requieren los cuestionamientos sobre la situación de las contribuciones, más aún ante el proyecto del futuro gobierno de eliminar el impuesto a la primera vivienda, que es una transformación sumamente importante”.
