La junta de acreedores de Multibs corona Se celebró este lunes entre las 8:30 y las 10:00 a.m., telemáticamente. En la sesión, el vigilante Daniela Camus presentó el progreso del proceso de Reorganización judicial de la compañía, fundada en 1955, que enfrenta una delicada situación financiera con pasivos por $ 66,951 millones.
Durante la audiencia, los acreedores acordaron posponer el voto del plan de reorganización hasta el 26 de mayo, con el objetivo de tener más tiempo para analizar en detalle la propuesta presentada por la administración de la Compañía, que opera 50 locales y emplea a 1.800 trabajadores. Sin embargo, uno de los principales acreedores, Banco Internacional, advirtió que no aprobará el plan en sus términos actuales, aunque apoyó la extensión. Antes de sus palabras, el juez del primer tribunal civil de Santiago que lleva el proceso comentó que precisamente ese período busca facilitar posibles ajustes que permitan llegar a un acuerdo.
En el proceso, las hermanas Malú y Paula Schupper cuentan con el apoyo de Asset Chile y el abogado Ricardo Reveco, el socio de Coey, mientras que su hermano Herman Schupper está representado por el abogado Mario Mora y el empresario Andrés Ergas. Los hermanos tienen diferentes posiciones para el futuro de la empresa, pero esta vez presentaron un plan de acuerdo común.
La propuesta busca evitar la liquidación a través de una inyección de capital de hasta $ 24,000 millones, financiada por accionistas y banca. Propone pagar el 100% de la deuda con los acreedores garantizados dentro de los ocho años, con una amortización inicial del 25%, una parte inmediata y otra en diciembre de 2025, y el saldo en seis cuotas anuales entre 2027 y 2032, con un interés nominal del 7,85%. Para los acreedores válidos, la fórmula considera el pago del 50% en 30 cuotas mensuales desde enero de 2027, con un período de gracia de 18 meses y el condomio del saldo restante al cumplir con ese compromiso.
El plan también propone una reestructuración profunda de la gobernanza de Corona, con un nuevo directorio compuesto por tres representantes de los accionistas y dos independientes aprobados por la Comisión de Acreedores, un órgano que tendrá poderes para controlar los pagos y supervisar la ejecución del acuerdo. Además, se designará una auditoría de bancarrota con amplios poderes por un período de dos años.
El documento también incluye la subordinación de créditos relacionados con la familia Schupper frente a los de los acreedores externos, así como nuevas condiciones en contratos de arrendamiento con bienes raíces vinculadas. La propuesta se presentó después de lograr un consenso entre los accionistas, en un último esfuerzo por salvar la cadena tradicional, que está pasando por su momento más crítico.
