Creación de registro de beneficiarios finales de empresa cumple un año sin avance

Desde hace al menos siete años se han realizado esfuerzos para impulsar la creación de un registro de beneficiarios finales de empresas en Chile, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ). , el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y si bien el Ejecutivo presentó un proyecto en diciembre de 2023, recién la semana pasada aplicó al debate una simple urgencia, es decir 30 días para ser despachado por la Cámara respectiva.

El texto, que ahora espera ser analizado por la Comisión de Hacienda del Senado -que también tiene en mente el proyecto de inteligencia económica y el que crea la agencia de calidad de las políticas públicas- establece la obligación de que todo contribuyente y cualquier entidad que reciba recursos públicos, ya sea a través de un contrato como proveedor del Estado o como partícipe de un convenio, deberá proporcionar información sobre las personas naturales que son los propietarios finales de dichas instituciones y los beneficiarios finales de los recursos que reciben.

María Jaraquemada, Expresidente de la Comisión de Transparencia.

“En una agenda pro seguridad, (el registro de beneficiarios) debería ser una reforma clave, porque dificulta que el crimen organizado lave su dinero y lo coloque en la economía lícita”.

Marcelo Dragó, Expresidente del Consejo para la Transparencia.
“La falta de atención a la norma en casi un año refleja que hay un problema con la gestión global del Gobierno en materia legislativa en temas de transparencia y lucha contra la corrupción”.

Alberto Precht, Exdirector Chile Trnasparente.
“La agenda de probidad por más que se mencione y se creen comisiones especiales o se presenten mociones, la verdad es que tiene muy pocos avances”.

Jeannette von Wolfersdorff, ex miembro de la Comisión de Transparencia.
“Espero que el Gobierno le dé la prioridad necesaria a este proyecto, sobre todo porque fue una recomendación unánime y relevante que hicimos después del Caso Convenciones”.

Para la expresidenta de la Comisión de Transparencia, María Jaraquemada, quien entregó una serie de propuestas al Gobierno para que se conviertan en ley a raíz del Caso Acuerdos y Fundaciones, tener un registro de beneficiarios finales “en una agenda pro seguridad debe ser una reforma clave”. Esto, argumenta, “porque dificulta que el crimen organizado pueda lavar su dinero y colocarlo en la economía lícita, además de operar mejor el embargo y decomiso de activos”.

Por ello, aboga por acelerar el proceso del proyecto, ya que da mayor transparencia a quiénes son las personas que están detrás o controlan empresas, sociedades, estructuras jurídicas y organizaciones de la sociedad civil. Esto, afirma, “nos permite luchar mucho más eficazmente contra el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilegales, la elusión/evasión fiscal, los ataques a la competencia, los conflictos de intereses en la contratación pública, entre muchos otros”.

Quien también es miembro de la Comisión de Transparencia y una de las pioneras en promover la necesidad de crear un registro de beneficiarios en Chile, Jeannette von Wolfersdorff, espera que el Gobierno le dé la prioridad necesaria al proyecto, “especialmente también porque fue una recomendación unánime y algo relevante que hicimos después del Caso Covenants”.

Y, como forma de enfatizar la importancia del tema, agrega que “podemos pensar que hoy es muy positivo que Chile no tenga un registro de beneficiarios finales para todas las personas y organizaciones interesadas en ocultar fondos o legalizar fondos ilícitos”. “

“Problema de gestión”

Pero hay dudas sobre el progreso. El expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, considera que la falta de atención a la norma en casi un año refleja “que hay un problema con la gestión global del Gobierno en materia legislativa en temas de transparencia y la lucha contra la corrupción”. .

Por ejemplo, menciona que este año ingresó al Congreso la Ley de Lobby 2.0, cuando pudo hacerlo cuando se fue la administración Boric: “Implica haber perdido un tiempo vital, lo mismo pasa con este proyecto de beneficiarios, que al prepararlo tanto, pierde su espacio legislativo favorable para avanzar”.

Lo complejo, advierte, es el escaso margen legislativo del Ejecutivo. “Las campañas parlamentaria y presidencial están en camino, por lo que soy uno de los escépticos de que se puedan lograr avances”, afirma.

Crítico de la situación, el exdirector de Chile Transparente, Alberto Precht, ve que “la agenda de probidad por más que se mencione y se creen comisiones especiales o se presenten mociones, la verdad es que tiene muy pocos avances”.

Desde su perspectiva, lo que pasa con los beneficiarios finales “es lo mismo que podemos ver con la Ley de Transparencia 2.0, la reforma a la Ley de Lobby, el reglamento para notarios o regular de mejor manera los conflictos de interés; “Siempre han sido trámites lentos y no prioritarios frente a las contingencias que la agenda del Ejecutivo tiene en cuenta”.

Von Wolfersdorff explica que quizás los recursos financieros detrás de estas personas y organizaciones “deben estar presionando a Chile para que no avance en la legislación respectiva”.

En este sentido, señala, “entiendo la preocupación de las autoridades del Congreso o del Gobierno en su lucha contra la delincuencia. Pero parece que la preocupación actual está sujeta a una negociación política, lo que impide avanzar en una legislación precisamente relevante contra la delincuencia”.

En su calidad de vicepresidente del Senado, Matías Walker (demócrata), informa que por ser un proyecto relevante desde el punto de vista de la transparencia “vamos a solicitar a la Segpres que aumente la urgencia para su tramitación, que hasta ahora Ha sido sencillo”. . La idea es que tiene al menos la máxima urgencia”.