Señora Directora:
El nuevo Código de Aguas, promulgado el 26 de marzo, indica que el recurso cumple funciones como consumo humano, saneamiento, preservación de ecosistemas y producción, pero en caso de escasez prevalecerá el uso doméstico y el saneamiento.
El 7 de mayo, la Convención Constituyente aprobó priorizando siempre el uso del agua: derecho humano al agua, saneamiento, equilibrio ambiental, ejercicio de la soberanía alimentaria y usos indígenas. La ley determinará las demás funciones y el Estado asegurará un uso razonable y no comercial.
Existe consenso en favorecer el consumo humano y el medio ambiente en caso de déficit y que la autoridad cuide su uso, fiscalizando las extracciones ilegales entre otras acciones. Sin embargo, no hay acuerdo de que el Estado determine la prioridad del volumen para la generación de electricidad o la agricultura.
¿Qué tan fina debe ser la Constitución? El Código es la “Ley” del agua y está en sintonía con la mayoría de las constituciones que incluyen solo disposiciones generales. En cambio, la iniciativa constitucional se ajusta a los textos de Bolivia, Ecuador y México, los únicos con normas específicas. Queremos una Constitución que dé libertad para innovar y generar energía, lo que no es posible con las rigideces aprobadas.
Luigi Sciaccaluga Nordenflycht
Gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Platform Energy
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