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CUT anticipa que pedirá que salario mínimo llegue a $630.000 a fines del gobierno de Boric y dice que está presente en el debate de las reformas

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto a otras organizaciones sociales realizaron el “primer paro nacional activo” el jueves pasado como un anticipo a lo que será una nueva conmemoración del 1 de mayo, día internacional del trabajador.

Para esa actividad, la multisindical, liderada por David Acuña, alista una serie de peticiones. Entre ellas solicitarán un nuevo monto para el salario mínimo. En la negociación de abril de 2023, se acordó un alza gradual para el ingreso básico. Subió de $410 mil a $440 mil el 1 de mayo de 2023; luego, a $460 mil el 1 de septiembre de 2023 y ahora el 1 de julio 2024 alcanzará los $500 mil, cumpliendo así el gobierno su promesa de campaña.

CUT anticipa que pedirá que salario mínimo llegue a $630.000 a fines del gobierno de Boric y dice que está presente en el debate de las reformas

Por lo mismo, dada que se adelantó la meta, la CUT buscará en esta nueva negociación comenzar a instalar en la mesa que el salario mínimo debe llegar a los $630 mil a fines del gobierno de Gabriel Boric, esto es, marzo de 2026. Este monto implica un alza de 26% en relación a los $500 mil a los que llegará a mediados del presente ejercicio.

“Se debe generar un salario vital, que alcance para vivir. Hoy día la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas está en $603 mil. Es un mínimo que necesitamos y eso es lo que vamos a comenzar a impulsar en la próxima negociación”, afirma Acuña.

Si bien para esta negociación no se hablará propiamente tal del monto, ya que la vigencia de los $500 mil desde julio se extiende hasta abril de 2025, cuando el gobierno deba volver a ingresar un proyecto de ley con montos fijos de alzas, la intención de la multisindical es sembrar ya ese monto en la discusión para poder así lograrlo en la próxima negociación.

El primer encuentro entre la CUT y el gobierno será este miércoles. En esa reunión esperan comenzar a instalar los $630 mil en el debate, pero que el foco estará puesto en las medidas de corto plazo. Entre ellas el fortalecer el bolsillo familiar electrónico y la generación de empleo. Si bien Acuña dice que “los puestos de trabajo se han recuperado ha sido informal sin seguridad social”.

La reunión del miércoles estará también cruzada por las declaraciones que hizo el domingo en Pulso, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien afirmó “al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este período (…) para apoyar, criticar o proponer”.

CUT anticipa que pedirá que salario mínimo llegue a $630.000 a fines del gobierno de Boric y dice que está presente en el debate de las reformas. En la foto: Jeanette Jara, ministra del Trabajo, y presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

Asimismo, añadió que “al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este período. Nuestro gobierno tiene una alianza estratégica con el movimiento social y si hay algo que podemos hacer mejor, lo tenemos que corregir”.

Ante este planteamiento, Acuña respondió: “El movimiento social ha estado presente. Lo que pasa es que se le invisibilidad. El jueves pasado salimos más de 30 mil personas en Santiago. Se hicieron distintas manifestaciones en todo el país, pero eso no salió en los medios de comunicación, eso es lamentable”.

Para demostrar que han estado presentes en el debate Acuña ejemplificó señalando “con la presión social conseguimos que el salario mínimo llegara a $500 mil a mediados del gobierno del Presidente Boric, y no al final como era su promesa. Hemos avanzando en distintas iniciativas y esas han sido con apoyo del movimiento social”.

Acuña añadió que “los avances lo hemos conseguido con la presión social, con la presión en el parlamento y también en las calles. Tenemos una consigna que es diálogo y movilización y hoy día salimos a protestar de manera pacífica y ordenada, con nuestras demandas para también impulsar los cambios”.

Pero la respuesta no sólo llegó desde la CUT, sino que también el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, entregó su visión al respecto. “Claramente ese llamado a hacer más presión social en la práctica, qué significa, significa estar más en la calle. Hoy día la gente está cansada, la gente requiere soluciones y esas soluciones se dan en el Congreso”, advirtió el empresario, además de agregar que “nos parece que las instancias son institucionales están, y están funcionando, y eso es algo que creemos que debiera también profundizarse”, dijo Mewes en entrevista con Radio Infinita.

“Estamos haciendo cosas con el mundo social, con el mundo sindical muy concretas, y por eso que me llama la atención esto que la ministra de alguna manera invita, no es cierto, a ese mundo social incluso a hacer mayor presión”, sostuvo el presidente de la CPC.

Marcha en marco del Paro Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se moviliza por la Alameda.
CUT anticipa que pedirá que salario mínimo llegue a $630.000 a fines del gobierno de Boric y dice que está presente en el debate de las reformas

Este lunes la minista Jara fue consultada por la opinión expresada por Mewes: “Hay algo en que coincido con el presidente de la CPC, que es que las soluciones se dan en el Congreso y es ahí donde nos ha costado ponernos de acuerdo. Sin duda las personas están aburridas de ver puntos políticos y lo que quieren es soluciones a sus problemas, y en ese contexto, el llamado a aprobar una reforma previsional, incluso con las diferencias que podamos tener, avanzar en una deuda tan importante con 1,5 millón de pensionados”.

También la secretaria de Estado dijo que “le diría a (Mewes) que no se preocupe, así como los empresarios se reúnen los demás actores sociales también tienen derecho, así es la democracia”.

Jara apuntó también que “algunos tienden a pensar como sinónimo el movimiento social o de la sociedad civil con protestas y tratan de dar una connotación de violencia o delictual, la verdad es que yo creo en una democracia donde todos los trabajadores, empleadores y personas tienen el derecho a manifestar su opinión”.

El domingo en la noche, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también entregó su visión al respecto: “la voz de los movimientos sociales tiene que estar presente” y agregó que “para eso lo que es el proceso legislativo existen los espacios para que ello ocurra y los parlamentarios también, al momento de convocar, tienen que escuchar a los actores sociales”, dijo en programa de TV Tolerancia 0.

El jefe del erario fiscal agregó que “sobre el proceso legislativo, y en este caso de reformas importantes, se vuelcan muchos intereses y muchas presiones. Pensemos en el caso de la reforma previsional, ¿cuántos años llevan haciendo campaña las AFP, día tras día, respecto del tema de la libertad de elegir, de tener todos los recursos en la cuenta de capitalización individual? Esa es una forma de ejercer presión”.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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