Economia
Desde ligar la PGU a la cotización hasta la eliminación del régimen de renta presunta: las propuestas del sector privado para reducir la informalidad laboral
La tasa de informalidad laboral en el país al trimestre noviembre 2023-enero 2024 llegó a 27,6%. Esto significa que en Chile hay 2.554.912 personas que carecen de acceso al sistema de seguridad social (pensión y salud) por no contar con un empleo laboral formal.
Una cifra que, en los últimos años, tiene preocupados a los expertos y diversos actores sociales.
Pero ¿Cómo se puede abordar la situación? ¿Qué medidas se deben impulsar para que las personas opten por la formalización laboral? éstas fueron algunas de las interrogantes que se realizó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), por la cual hace unos meses formaron la mesa de formalidad laboral.
La instancia -que se reunió entre septiembre y febrero, y que estuvo integrada por 15 especialistas-, elaboró 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en los chilenos, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral.
Cambios a la PGU
Una de las propuestas formuladas por el grupo encabezado por la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, la presidenta de la AFP, Paulina Yazigi, y el presidente de la Asech, Jorge Welch, apunta a reformular el diseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
Aquí, en concreto, se plantea la instauración de un umbral mínimo de beneficios garantizados. La propuesta es fijar el beneficio mínimo para todos los pensionados en el nivel de la línea de pobreza. Este umbral beneficiaría a todos los pensionados independientemente de su historial de afiliado cotizante, siempre y cuando cumplan con los requisitos de residencia y las pruebas de vulnerabilidad de ingresos estipuladas por la ley.
Además, la propuesta plantea establecer un beneficio aspiracional de la PGU directamente relacionado con un historial contributivo completo, es decir, con 40 años de aportaciones a la cuenta individual. “Este beneficio se calcularía de forma parcial en función de las aportaciones realizadas al segundo pilar del sistema de pensiones”, dice el informe elaborado.
De forma adicional, se propone la creación de un sistema de incentivos de cotización. Aquí, se plantea introducir un esquema de bonificaciones que recompense cada decenio completo de cotización, de manera escalonada.
“Este mecanismo está pensado para motivar la continuidad y consistencia en las contribuciones a lo largo de la vida laboral de las personas. Mientras más grande sea la brecha entre el umbral mínimo de beneficios garantizados y el beneficio aspiracional, se espera que el sistema de incentivos sea más efectivo”, dice el informe.
Renta Presunta
Otro ítem del informe dice relación con el régimen de renta presunta. Dicho esquema se aplica a los sectores de agricultura, transporte y minería, y les permite tributar sobre la base de ingresos presuntos en lugar de los efectivos.
En este tema, la mesa de informalidad considera que el régimen en cuestión, en materia de formalización, ya cumplió su objetivo, por lo cual el desafío es acordar “una gradualidad que permita el cambio ordenado de régimen tributario, ya que legalmente en renta presunta solo podrían estar hoy micro empresarios y pequeños empresarios”.
Así, se busca que el régimen de renta efectiva al cual transiten sea simple y que permita reconocer los efectos del período en que estuvieron en renta presunta. “Un plazo de cuatro años debiera ser suficiente y poder aplicar valor de mercado a los activos de Presunta a Transparente, solucionaría el segundo problema”, dice el documento.
Subsidio Empleo Joven
Otro eje de las propuestas busca modificar el Subsidio Empleo Joven que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), un beneficio que consiste en la entrega de una ayuda financiera estatal, que busca incentivar la empleabilidad y formalidad laboral de los trabajadores en sus etapas tempranas.
“La estructura del subsidio es tal que aumenta con el ingreso del beneficiario hasta un cierto nivel de ingresos, se mantiene constante y luego disminuye a medida que el ingreso crece. Los salarios susceptibles de recibir el subsidio se ajustan solo por inflación, manteniendo su valor real”, es parte del diagnóstico de la mesa.
Si bien para el grupo de expertos el SEJ es una herramienta útil, plantean que con los años ha mostrado enfrentar distintos desafíos que afectan su efectividad para integrar a los jóvenes al mercado de trabajo formal.
Por ello, como primer punto, recomiendan realizar una revisión y posible ampliación de los actuales criterios de elegibilidad para el subsidio, con el fin de incluir a un espectro más amplio de empleadores.
En esa línea, también plantean revisar el monto del subsidio actualmente destinado a las empresas, ya sea aumentando el porcentaje que las empresas reciben (actualmente es un tercio del total del subsidio), o incrementando el monto total del subsidio para que el tercio asignado a las empresas sea mayor, entre otros focos.
Empoderar al SII
Para la mesa de informalidad también es crucial “empoderar” al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Aquí, la mesa apunta a dar más posibilidades al SII para fiscalizar al oferente y sancionar al comprador de productos o servicios informales de trabajadores independientes.
“Se espera que la implementación efectiva de esta propuesta sea un catalizador para mitigar la prevalencia del mercado informal. Al establecer claras consecuencias legales y económicas tanto para vendedores como para compradores implicados en transacciones informales, se debería crear un poderoso disuasivo que permea toda la cadena de mercado”, dice el informe.
Propuestas al Gobierno
Según confirmaron desde la CPC, en los próximos días entregarán el informe con propuestas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la titular de Trabajo, Jeannette Jara.
“Este es un problema multisistémico, multifactorial, y en ese sentido hay que abordarlo desde distintas aristas”, dijo tras la actividad la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez. “La informalidad no solo afecta a las personas en su calidad de vida, en su estabilidad de ingresos, sino que también a la economía en general. Un emprendimiento que es informal compite deslealmente con un negocio formal”, planteó Jiménez, recalcando que llevarán sus planteamientos a las autoridades.
Las otras propuestas de la mesa de informalidad
- Reforzar la inversión en capital humano y reconversión laboral para la formalidad.
- Implementar cotizaciones obligatorias a la seguridad social para todos los trabajadores independientes con ingresos.
- Condicionar permisos para trabajadores independientes, emprendedores y microempresas.
- Simplificar los procesos asociados a la obtención de permisos de operación, licencias, y la inscripción de empleados en el sistema de seguridad social, a través de una Ventanilla Única Interinstitucional.
- Poner en marcha un sistema de permisos provisorios y silencio administrativo positivo.
- Requerir que los proveedores de dispositivos electrónicos exijan la iniciación de actividades, y que las transacciones asociadas sean informadas al Servicio de Impuestos Internos.
- Eliminar gradualmente el Régimen de Renta Presunta.
- Reevaluar y ajustar los programas sociales para minimizar los desincentivos hacia el empleo formal.
- Desarrollar un programa de beneficios fiscales directos para incentivar a que los consumidores exijan formalización.
- Garantizar el acceso a Sala Cuna Universal.
- Efectuar una integración laboral formal de los inmigrantes
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