DF Lab Opinión/ Agencia Financiera Para el Desarrollo


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Hoy lunes se vota en el Congreso el proyecto de ley AFIDE, una buena noticia para el emprendimiento en Chile. Durante los últimos años, las instituciones del país se estaban quedando atrás. Mientras que algunos países crearon nuevas instituciones para el desarrollo, como el Banco de Negocios Británico o el Banco de Desarrollo Portugués, otros fortalecieron o mejoraron las existentes. Por ejemplo, el Fondo de Fondos de México, que alcanza los 2 mil millones de dólares, ya se encuentra en su segunda generación de fondos especializados; Bancóldex en Colombia recauda dinero para su segundo Fondo de Fondos; y en Perú acaba de modificarse la ley COFIDE, otorgándole más poderes y un mandato poderoso para promover el desarrollo de los mercados financieros a favor del emprendimiento.

En este contexto, el proyecto de ley de AFIDE ha generado consenso en diversos sectores políticos de la Cámara de Diputados. Tal es así, que la subsecretaria Javiera Petersen agradeció públicamente a los diputados de la oposición por su apoyo al proyecto. Vale señalar que esto ocurrió mientras el diputado Diego Schalper (RN) lidera una bancada transversal a favor del emprendimiento y la economía digital, que también ha manifestado su apoyo a esta iniciativa.

El proyecto de ley de AFIDE transforma a la Gerencia de Inversiones y Financiamiento de CORFO –que actualmente tiene una exposición de US$ 3 mil millones en el mercado– en una empresa pública con un gobierno corporativo robusto y mayores facultades de las que posee actualmente. Actualmente, esta gestión está autorizada para otorgar préstamos de segundo piso (a intermediarios financieros como bancos, cooperativas de crédito o Fondos de Inversión, entre otros) y otorgar instrumentos de garantía de crédito como FOGAIN o Pro-Inversión. Al convertirse en una empresa pública, podrá mejorar significativamente su capacidad para apoyar el emprendimiento y el desarrollo económico del país.

Transformarse a una empresa pública marca una diferencia crucial, comenzando por la capacidad de operar sin estar limitado a presupuestos anuales. Actualmente, esto impide financiar proyectos con desembolsos superiores a un año calendario, afectando iniciativas con componentes de construcción, por ejemplo. En el ámbito de las garantías, la nueva agencia podrá ofrecer soluciones más ágiles, ya que actualmente los bancos están obligados a demandar a los deudores antes de activar las garantías, lo que resulta lento y engorroso.

En materia de capital de riesgo, CORFO es hoy el acreedor más relevante de este mercado en Chile, con más de US$ 1.000 millones prestados a fondos de inversión. Sin embargo, no puede actuar como aportante, sólo como prestamista. El proyecto de ley habilita a la nueva agencia a invertir como contribuyente en Fondos de Fondos, un instrumento que permite una “atracción” más significativa del sector privado, multiplicando hasta nueve veces el impacto del dinero público.

Todos estos cambios apuntan a un objetivo fundamental: aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos para apoyar de manera más efectiva a los emprendedores del país. Esperamos que las declaraciones se traduzcan en votos favorables, para seguir mejorando las instituciones del país en beneficio del desarrollo económico.

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