Hace algunos días el Ministerio de Ciencias publicó el resultado de la Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo (I+D) 2022. El resultado muestra buenas noticias en relación con el aumento del gasto total en I+D subiendo de 0,36 a 0,39% del PIB (MM$ 1.031.448), y también en el incremento que ha tenido el sector privado en este aporte, ejecutando un 42% del I+D local y entregando un 39,8% del financiamiento Estos avances y principalmente el mayor involucramiento de las empresas en innovación son esperanzadores, pero desafortunadamente no determinantes para evaluar la situación del país en materia de innovación y desarrollo.
Al observar las cifras del índice Global de Innovación en el mismo período (2022), se muestran escasos avances en los resultados positivos. Igualmente, el índice de complejidad económica, que mide la cantidad de conocimientos productivos presentes en una economía a partir de los datos del comercio internacional, Chile ha estado prácticamente estancado y con una tendencia a la baja en los últimos 30 años.
Tal y como señalan diversos autores a nivel internacional (Romer, Haussman, Mokyr, Dahlman y Westfal, entre muchos otros), así como también la experiencia de países que han generado nuevos sectores productivos en sus economías, la complejidad y diversificación productiva requieren de la integración de capacidades avanzadas o maestría tecnológica al contexto local. Es decir, el crecimiento y el desarrollo de los países dependerá de la habilidad que tengan para integrar el conocimiento tecnológico en sus sectores productivos, una oportunidad que en Chile se da con una potencial industria de energías renovables.
Para ello, se requiere tener estrategias de absorción de capacidades de largo plazo, ya que la maestría tecnológica toma tiempo y tiene fases de aprendizaje prolongadas.
Otro factor crucial en la implementación de estrategias de innovación exitosas es que deben ser dirigidas y controladas por actores nacionales, como es el caso del modelo DARPA implementado por Corea, China, Singapur, Brasil y Estados Unidos. Aquí, las agencias gubernamentales juegan un rol primordial en el cumplimiento de objetivos planteados, por medio de acciones clave como la articulación y el apoyo en los procesos de transferencia tecnológica, la identificación de socios estratégicos en el sector tecnológico de interés, la negociación de acuerdos de propiedad intelectual sobre lo codesarrollado, de los resultados futuros, evaluaciones técnicas y de mercado y de vinculación con las compras públicas, entre otros.
Chile ha tenido valiosas experiencias en programas como los consorcios tecnológicos para la innovación, cuyo modelo ha propiciado el trabajo ciencia-empresa de manera eficaz, y que podría replicarse para generar alianzas lideradas por actores locales con empresas internacionales de largo plazo con el objetivo de integrar y desarrollar nuevas capacidades. Mas recientemente se han implementado los proyectos de desafíos públicos, que incorporan la innovación a las compras públicas, lo cual podría ampliarse para resolver diversas problemáticas del país.
En definitiva, acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas locales depende no sólo del aumento del gasto en I+D público o privado, sino también de la magnitud, el modelo de integración y la permanencia que tengan estos programas. Para lograrlo será clave observar la implementación en experiencias comparadas y también replicar iniciativas propias adecuadas a nuestros contextos, para finalmente generar el impacto que necesitamos para transformar nuestra economía en los próximos años y conseguir el tan anhelado desarrollo productivo.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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