Drogas estupefacientes, sicotrópicas e ilegales. Eso es lo que busca detectar el examen de pelo que se realizaron 52 diputados y cuyos resultados se darán a conocer durante estos días.

El reglamento, impulsado por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), estableció controles periódicos semestrales para detectar estas sustancias. En entrevista con La Tercera aborda cómo funciona esta normativa, las sanciones que trae para los casos positivos y anuncia que impulsará modificaciones para endurecerla aún más.

¿Cuáles son las consecuencias para los diputados que salgan positivos?

En primer lugar, poder realizar una apertura de las cuentas corrientes bancarias de las personas que salieron positivas. Someterse a un programa para el control de este tipo de estupefacientes, eso nos parece esencial. Obviamente lo que nosotros pretendemos cautelar con este test es que no haya ningún tipo de intromisión en el Parlamento de personas que puedan estar ligados al mundo de la droga. Para aquellos que no se lo realicen, quedan pasados inmediatamente a la Comisión de Ética. Sobre esto, nosotros vamos a introducir prontamente una modificación al reglamento, porque la vez pasada lamentablemente un grupo de parlamentarios decidió no realizarse el test y la comisión -en una situación absurda a mi entender- decidió no sancionarlos.

¿Qué le parece que la vez pasada algunas diputadas quisiera impugnar el test ante la Corte Suprema?

Hubo un grupo de parlamentarias de izquierda que intentó paralizar la realización del test de drogas. Recurrieron al tribunal de justicia y nosotros le ganamos no solamente en la Corte de Apelaciones, sino que también en la Corte Suprema los distintos recursos que presentaron. Por lo tanto, la Corte Suprema dio luz verde a la realización del test y a la forma en que se está aplicando hoy día en el Congreso.

Con respecto a los nombres que se publicarán prontamente, ¿usted sabe quiénes fueron los diputados o diputadas que fueron sorteados para realizarse el examen?

Dentro del reglamento se señala expresamente que se les notifica en forma privada, y una vez que estén listos todos los resultados, se publican los de las personas sorteadas. Por lo tanto, esta etapa es en reserva. Esta es una información que llega directamente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, quienes en completa reserva tienen que manejar los antecedentes hasta que son dados a conocer a la opinión pública. Es parte de los temas que quedaron establecidos expresamente para evitar precisamente algún tipo de crítica por el uso de los datos personales.

Este test está creado para ver los casos de consumo de droga más problemáticos, que no son ocasionales. ¿Debería incluirse el consumo de drogas ocasional?

De todas maneras. No existe, tengo entendido, otro país, a lo menos en América Latina, que realice un test de drogas a los parlamentarios. Sacar adelante esta iniciativa fue sumamente complejo. Cuando se tramitó esto en el Congreso nuestro sector no tenía mayoría. Fue necesario poder alcanzar ciertos acuerdos. Si usted me pregunta a mí en lo personal, ojalá el test de pelo se pudiese complementar con la realización de un test de orina, que son más instantáneos para poder detectar el consumo de distintas sustancias. Para detectar también consumos ocasionales. Al mismo tiempo, nosotros hemos planteado la posibilidad de que un parlamentario que sea positivo quede inhabilitado en las votaciones en la materia de persecución al narcotráfico y al crimen organizado.

Si hay algún caso positivo, ¿de qué votaciones debería inhabilitarse?

Lo que nosotros hubiésemos querido es que esta persona quede inhabilitada, por ejemplo, en votaciones en materia en contra del crimen organizado, tráfico de drogas, control de estupefacientes. Todas aquellas normas relacionadas a la Ley 20.000, que es precisamente la de persecución en materia de micro y narcotráfico. Eso es para nosotros lo ideal que se puede obtener. Creemos que, en caso de que haya una persona positiva, al interior de la Cámara vamos a tener que revisar en parte importante la forma en la cual se sanciona, ya sea a las personas que salen positivas y también a aquellas que no se realizan el test. Porque las sanciones para quienes no se lo realizan, lamentablemente quedaron muy bajas.

¿Podría traducirse en un desafuero?

Como está la normativa, no. Yo creo que nosotros tenemos que actualizarla para hacerla mucho más dura de lo que hoy día es. Yo creo que las señales públicas en esta materia son fundamentales. Hago un llamado a todos quienes se opusieron a la realización del test de drogas, que no fueron pocas personas. Entendamos que la persecución a este tipo de hechos tiene que ser con la mano más dura posible para poder hacer frente a cualquier tipo de posibilidad de que el narcotráfico penetre en instituciones públicas.

En el caso hipotético de que un militante de su partido resultara positivo, ¿exigiría la renuncia?

En los casos positivos uno esperaría las sanciones internas más grandes que un partido político pueda generar. En esto yo creo que no hay colores políticos, no hay ideologías, sino que aquí la persecución en materia de narcotráfico y crimen organizado tienen que ser totales, sin importar el color político que pueda tener la persona.