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Él Diputado Cristian Tapia Ramosindependiente y miembro de la bancada del PPD, solicitó por escrito la creación de una comisión especial de investigación en la Cámara para recabar antecedentes y analizar tanto el acuerdo de Codelco con SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, como la compra de Lithium Power International Limited (LPI), propietaria del proyecto Salar Blanco en Maricunga, por parte de la empresa estatal.
Así, en una carta de 16 páginas Dirigida al presidente de la instancia, Karol Cariola, parlamentaria de la Región de Atacama, planteó una serie de cuestionamientos respecto de ambos asuntos, cuestionando su transparencia, probidad y el beneficio que significan para el Estado. No es la primera vez que el parlamentario ataca la asociación entre la cuprífera y la minera no metálica: en mayo de este año presentó una denuncia penal contra Codelco y SQM por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración injusta.
En cuanto a la Convenio Codelco-SQMel diputado acusó que era “firmado entre cuatro paredes y de espaldas a los ciudadanosEn ese sentido, sostuvo que “hasta el día de hoy desconocemos de manera precisa o fehaciente las razones específicas por las que el directorio de Codelco decidió no convocar a licitación para definir con qué empresa se asociaría para desarrollar la explotación de litio de enero de 2031 en adelante, ni “Tampoco se sabe si el directorio de Corfo conoció y se pronunció sobre este asunto mediante sesión formal que consta en acta y, en su caso, las consideraciones tomadas para avalar tal opción”.
El vocal adjunto de la Comisión de Minería también lanzó sus dardos contra el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, indicando que sus versiones sobre el tema han sido “parciales, cambiantes y contradictorias”. “No se nos ha enviado -a la comisión- copia de ningún acuerdo de directorio de Codelco o Corfo sobre este tema y mucho menos información que haya estado disponible para rechazar una licitación y optar por una negociación a puerta cerrada con SQM.a pesar de haber sido solicitado formalmente por varios diputados”, agregó.
En ese sentido, Tapia cuestionó el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y transparencia relacionadas con la gestión de los activos fiscales, argumentando que no se ha dado a conocer al Congreso ni a los ciudadanos que participaron en la negociación, dónde se reunieron y en qué consistió la reunión. . el contenido de lo discutido. Además, planteó dudas sobre cómo se seleccionaron los despachos de abogados y consultores que avalaron el acuerdo, dejando abierta la posibilidad de un posible conflicto de intereses.
De esta manera, parte de las dudas que pidieron aclarar a la comisión investigadora son: los motivos para optar por la negociación directa con SQM en lugar de convocar a licitación; ¿Cuáles son los fundamentos para sostener que el acuerdo resulta económicamente beneficioso para el Estado de Chile (considerando los ingresos por alquileres, el pago de impuestos y el monto por acceder a la operación); los motivos del cambio en la fórmula de colaboración entre ambas empresas; la eliminación de la mención de “precio de mercado” en la cláusula que otorga a SQM una opción preferencial para la compra de potasio, lo que podría afectar el mercado agrícola nacional.
Compra de LPI por parte de Codelco
En el otro asunto que el parlamentario solicita investigar, acusó que “codelco adquirió el 100% de una empresa sin activos físicos relevantes para la extracción de litio en el Salar de Maricunga, con un proyecto basado en pertenencias que no otorgan derechos de explotación, Resolución de Calificación Ambiental con recursos judiciales pendientes, pagando el doble de su valor bursátil“
Asimismo, afirmó que la cuprífera “no ha informado los antecedentes que vio su directorio para decir esta compra”, y agregó que “la supervisión de la Cámara de Diputados en la compra del Salar Blanco es clave para proteger al estado”. activos, asegurar transparencia y evitar irregularidades. Permite evaluar la rentabilidad de la compra, especialmente considerando que Codelco ya tenía derechos en Maricunga, y ayuda a prevenir posibles casos de fraude”.