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Como una bomba cayó en la industria de pequeños generadores eléctricos, más conocidos como PMGD, el envío por parte del Gobierno del proyecto de ley de subsidios eléctricos, tema que se tomó la agenda del primer día del Chile Day en París, que se realizó ayer, y que seguirá en Londres la semana que viene.
De hecho, el ministro de Energía Diego Pardow fue uno de los invitados estelares de la jornada, ocasión en la que actores de la industria de la energía plantearon sus reparos y críticas, en una reunión a puerta cerrada que mantuvieron las empresas con la autoridad.
Fuentes al interior de la instancia indicaron que la reunión fue tensa, que las posturas estaban bien marcadas pese a que Pardow está abierto al diálogo. El ministro habría señalado a los representantes de casi 30 empresas y financistas, que se deben hacer los esfuerzos para conseguir los recursos para el subsidio, ya que en Hacienda han sido claros que no hay, por lo cual se deben sacar de otro lado.Ante ello, la nueva arremetida de los PMGD será en Londres, con Mario Marcel, ya que vieron que con Pardow no obtendrán la respuesta que buscan.
Entre los presentes figuraron los CEO y máximos representantes de los PMGD que operan en Chile con capitales extranjeros como Matrix Renewables, Reden Solar, Grenergy, Aediles/Blackrock, la francesa CVE, la canadiense Carbon Free, JP Morgan/Sonnedix. Además de las chilenas oEnergy y el fondo Toesca.
Otro tema que se comentó fue la agilización de permisos para los proyectos de hidrógeno verde y las inversiones que las empresas como la francesa EDF y Total están realizando en Magallanes. De hecho, los franceses de Total manifestaron su interés en este punto, así como HNH Energy cuyos accionistas son AustriaEnergy, Copenhagen Infrastructure Partners y la austriaca Ökowind y también los ingleses Transitional Energy Group (TEG) que estarán en el evento de Londres.
Los movimientos de los PMGD
La participación en masa de las empresas de PMGD en el Chile Day de París, es solo una de las acciones que han tomado tras el envío a fines de agosto del proyecto.
Efectivamente, las empresas del sector han activado una serie de acciones para cambiar este proyecto, entre ellas, un activo lobby con el Ministerio de Hacienda, con los diputados de la Comisión de Energía y Minería que lo debieran votar el 30 de septiembre, así como reuniones con la directora ejecutiva de Invest Chile, Karla Flores.
De hecho, solo durante agosto, Francisco Saffie, exembajador de Chile ante la OCDE y actual Coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y enlace para este tema con las empresas y bancos financistas, tuvo ocho reuniones en las que recibió a CVE, Aediles, a DNB Group, Grenergy, Toesca, Prime Energía, CarbonFree y a los gremios que los representan como Acera, Acesol y GPM. Saffie es el hombre al que el ministro Marcel encargó ver este tema.
Las empresas consideran que esta iniciativa, no solo cambia las reglas del juego, sino que es expropiatoria. “Lo que contempla el proyecto es que los PMGD van a colaborar con US$ 150 millones al año, lo que va a implicar un recorte de 30% de los ingresos”, explican conocedores del tema. Una solución que se ha planteado, sería que el subsidio se financie con impuestos generales que estén contemplados en la Ley de Presupuestos, ya sea mediante IVA o impuestos verdes.
Al respecto Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles explicó que “vemos con preocupación este proyecto, ya que afecta la estabilidad regulatoria que ha caracterizado a Chile por muchos años. Así lo manifestamos en la comisión de la Cámara de Diputados. El compromiso con la descarbonización y precios bajos de energía debe hacerse incluyendo y no a costa de los PMGD.”
Por su parte, Michael Minnes, managing director para América Latina de la canadiense CarbonFree explica que la larga relación de Chile con Canadá y su reputación como país que respeta el Estado de Derecho es lo que llevó a CarbonFree Chile a invertir en los últimos seis años más de US$ 400 millones. “Esta reputación ganada con el esfuerzo de Chile como una jurisdicción atractiva y segura para la inversión extranjera directa, se ha visto sacudida por el proyecto de ley, y el daño de este cambio de política ya se ha sentido. Si este proyecto se convirtiera en ley, es muy probable que nos encontremos en una situación en la que estemos en mora con nuestros convenios de colocación de bonos privados”, aseguró.
Asimismo, confidenció que sus patrocinadores financieros “han suspendido nuestras intenciones de avanzar con una inversión adicional de US$ 300 millones en almacenamiento de baterías. Si el Gobierno está dispuesto a apuntar arbitrariamente a un sector único del mercado de energía renovable, un mercado que ya se restableció hace cuatro años a través de DS88 y que se alineó con su política de descarbonizar su matriz energética, entonces cada inversor tiene que preguntarse qué le impediría hacer algo similar en el mercado de almacenamiento dentro de unos años. Creemos que las suposiciones utilizadas para concluir que los PMGD pueden darse el lujo de perder el 30% de sus ingresos son erróneas. Entendemos el deseo del Gobierno de extender el subsidio, pero no creemos que valga la pena perder la reputación de Chile como un refugio confiable para la inversión en América Latina”, dice Minnes.
“Es un choque muy fuerte que un país en el que tuvimos mucha confianza muestre que es capaz de expropiar sin compensación el valor de nuestro proyecto en una manera discriminatoria. Al final, el costo caerá sobre Chile, en menos ingresos fiscales de los PMGD, quiebra y no construcción de algunos (proyectos), y falta de confianza en invertir en el sector eléctrico y en el país durante la transición energética. En el momento en que se muestre un riesgo que no hubo antes, todos los costos financieros suben. Incluso los costos de deuda del Estado”, detalló el chief commercial officer de Matrix Renewables, Chris Matthews.
Similar postura plantea Verano Energy, empresa de capitales norteamericanos: “La iniciativa impulsada por el Gobierno representa una seria amenaza, porque no solo nos ha afectado el financiamiento de nuestra cartera de PMGD, sino también toda nuestra planificación de crecimiento donde tenemos proyectos utilities, hidrógeno verde y almacenamiento. Hoy la empresa está replanteando su crecimiento en Chile y poniendo más interés en otros países donde estamos presente como Perú y Colombia”, explican desde la empresa.
Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Minería y Energía Marco Sulantay adelantó que se harán “los esfuerzos para lograr que el Gobierno se allane a involucrar recursos fiscales vía Ley de Presupuestos, porque percibimos que no está haciendo los esfuerzos necesarios para apoyar este subsidio. Y para estos efectos, creemos que esta política pública podría financiarse a través del Tesoro Público”.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro, miembro de la Comisión enfatizó: “el proyecto presenta fallas fundamentales. Cambiar las reglas de las empresas de esta manera no es la forma adecuada en que un Gobierno o el Estado debería mejorar un subsidio eléctrico. Esto terminará afectando las empresas negativamente, perjudicando a quienes trabajan para ellas e incrementando el costo de la electricidad, que es lo que se quería evitar”.
Financiamiento en jaque
Entre las preocupaciones que han alertado a las empresas, también está el recorte o encarecimiento del financiamiento para el desarrollo y construcción de proyectos con project finance, la mayoría de ellos otorgados por instituciones financieras internacionales como los bancos DBN Bank, BNP Paribas, Societe Generale y Natixis e inversionistas de bonos privados que realizan private placement como Metlife, HSBC, Export Development Canada (EDC), Pension Insurance Corporation (PIC), el Fondo Australiano de Pensiones (IFM), Denham y Manulife. Ello también podría aplicarse a las inversiones en baterías, ya que son las mismas instituciones las que financian este tipo de proyectos.
Plantean que una de las cláusulas para cortar el financiamiento es un eventual cambio de ley que tenga un efecto material adverso, el cual suspendería los desembolsos futuros y gatillaría prepagos, poniendo en una situación de estrés financiero a la empresa, inviabilidad de los proyectos e incapacidad de servir la deuda. A ello se sumaría la posible aplicación de una póliza de riesgo político, nunca antes aplicada para un proyecto en Chile.
El abogado especialista en Derecho Público y Litigios de HD Legal, Alberto Vergara asegura que estas inversiones requieren financiamiento de largo plazo y que el mecanismo que se estableció en 2019 iba a estar vigente hasta el año 2034. “Cualquier inversionista que necesita desarrollar un proyecto a largo plazo, confía en que se respetará. Cambiarlo introduce un grado de incertidumbre, afecta la rentabilidad de los proyectos, encareciendo el financiamiento internacional y poniendo un serio manto de duda respecto de su estabilidad”, salpicando -incluso- a otras industrias como la minería, infraestructura o concesiones. “Por lo tanto, el efecto para cualquier tipo de inversión que requiera financiamiento de largo plazo puede ser sistémico e incluso encarecer el financiamiento del Estado chileno”.
“Recordemos que ya hubo un congelamiento de tarifas que generó bastante ruido y que afectó a las generadoras más grandes, todas ellas de capital extranjero. El mensaje que se está mandando al inversionista internacional es que Chile está cambiando las reglas del juego cada dos o tres años, lo que dificulta que un inversionista extranjero pueda calcular flujo para proyectos de largo plazo”, explica el abogado.
CIADI y otras acciones
Aunque esto recién comienza, las empresas ya están preparando su artillería legal. Fuentes del sector cuentan que se analiza la contratación de los abogados expertos en Derecho Público: Jorge Correa Sutil, Patricio Zapata y el estudio Ferrada Nehme para elaborar un informe en derecho que analice la inconstitucionalidad del cambio a la ley.
Junto a ello, y de aprobarse el proyecto, se baraja la idea de demandar al Estado chileno en tribunales internacionales de arbitraje como el Ciadi, tomando como referencia un caso similar en 2007 en España, cuando la industria de energías renovables debió enfrentar un cambio en la regulación similar, ganando la mayoría de ellos. “En los tratados de inversión se estipula que el Estado tiene que darle a los inversionistas un trato justo y equitativo, no arbitrario, lo cual se estaría afectando con este cambio en la regulación”, dice Alberto Vergara.
Teresa Vial, abogada especialista en Mercado y Regulación Eléctrica de ACU Abogados, explica que, en este caso, hay una eventual vulneración de normas constitucionales de orden público económico tales como: derecho de propiedad (art. 19, Nos 23, 24 y 25, CPR) “porque el ingreso es de propiedad de los proyectos” y la igualdad ante los tributos y cargas públicas (art. 19, N° 20, CPR). Además de un no cumplimiento de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones que ha suscrito el estado chileno con otros estados, y una eventual vulneración de derechos adquiridos y/o legítimas expectativas que se generan para los inversionistas que los motivó a desarrollar proyectos en Chile. “Las cargas públicas tienen que ser justas y equitativas y establecerse por ley. No veo cómo este pilar del proyecto de ley pueda pasar el análisis constitucional”, dice.
En tanto, la clasificadora de riesgo Standard & Poor’s ya se pronunció en su informe del 30 de agosto respecto del impacto del proyecto que “de aprobarse, percibiremos dichos cambios como un debilitamiento del marco regulatorio que podría obstaculizar el desempeño del sector eléctrico, y que cambios similares podrían eventualmente expandirse a otras industrias. Consideramos que la ausencia de un mecanismo de compensación para los activos del PMGD (si se aprueba) como el primer caso de intervención dañina del Gobierno en el mercado eléctrico”.
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