Este medio reveló recientemente la existencia de un informe elaborado por la Contraloría General de la República en noviembre y que hasta el momento no se había hecho público, pese a sus importantes hallazgos. El objetivo de este fue examinar el cumplimiento por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) de su Plan de Reactivación Educativa durante el año 2023 y específicamente los recursos involucrados en el mismo y, en ese contexto, sus conclusiones fueron demoledoras.
En primer lugar, en línea con las preguntas y preocupaciones que se suscitaron en su momento, el informe confirmó las sospechas que existían sobre una posible sobreestimación del gasto destinado a las iniciativas del plan. Así, la Contraloría estimó que la cartera que presidía el entonces ministro Marco Antonio Ávila, incluyó como parte de este plan recursos que efectivamente correspondían a programas ya existentes y que, de esa manera, no implicaban una mayor inversión. En concreto, calculó que los recursos efectivamente gastados fueron un 91% inferiores a los comprometidos originalmente. En segundo lugar, el informe reportó una cobertura insuficiente de las iniciativas entre los establecimientos y estudiantes del país, a pesar de la magnitud del deterioro pospandemia. Y, en tercer lugar, constató la tardía ejecución del presupuesto que les fue asignado, así como la ausencia de mecanismos que permitieran su adecuado seguimiento.
Es bienvenido el informe de la Contraloría, pues representa una valiosa herramienta para evaluar una política pública como el Plan de Reactivación Educativa. Sin embargo, sus hallazgos son lamentables y muestran que, a pesar de la urgencia e importancia de este tema, no sólo ha habido problemas de gestión sino también una inexplicable falta de enfoque. Este plan surgió de la necesidad de enfrentar el deterioro que sufrió el sistema escolar y los estudiantes durante el período de pandemia, como las pérdidas en el aprendizaje, la conexión escolar y la socialización debido al cierre prolongado de los establecimientos educativos. El consenso a nivel país respecto de la prioridad que debería tener este tema en la agenda de gobierno fue prácticamente total, con el fin de evitar o al menos reducir las duras consecuencias que la pandemia ya ha mostrado y seguirá mostrando en el futuro. Sin embargo, el informe de la Contraloría revela las deficiencias en la gestión gubernamental, así como la falta de énfasis que finalmente se puso en este asunto.
En definitiva, lo que hemos visto aquí es que se perdió la oportunidad de modificar el rumbo de manera drástica e inmediata, para reducir los costos que esto tendrá para el futuro. Los indicadores relacionados con el desempeño del sistema escolar, como la asistencia, se han ido normalizando, pero aún están por debajo del nivel prepandemia, y no se produjo el salto que hubieran permitido inversiones y esfuerzos mucho más significativos.