La política habitacional del actual gobierno dejará importantes desafíos para la próxima administración. Si bien es positiva la aprobación de la ley que moderniza la planificación territorial -al otorgar mayor seguridad regulatoria y simplificar trámites para facilitar la autorización regulatoria de suelos destinados a proyectos habitacionales y al desarrollo de ciudades-, la tarea central sigue siendo mejorar la gestión y el acceso a la vivienda de las familias de menores ingresos.
El déficit cuantitativo de vivienda sigue siendo elevado: según la última publicación de resultados de la encuesta Casen 2024, alcanzaría las 405.552 viviendas. Para afrontarlo, la actual administración se fijó la meta de entregar 260.000 viviendas a través del Plan de Emergencia Habitacional durante el periodo 2022-2025, compromiso que equivale a la entrega de 65.000 viviendas sociales anualmente durante cuatro años. Sin embargo, esta meta no representa un salto significativo respecto de la política habitacional anterior: durante la última década se pagaron en promedio casi 55.000 subsidios habitacionales anuales, mientras que entre 2022 y 2024 se pagaron en promedio 56.127 subsidios habitacionales, lo que demuestra que el esfuerzo ejecutado no fue sustancialmente mayor al logrado por administraciones anteriores.
A su vez, a enero de 2026 el Plan alcanza un 98% de avance. Sin embargo, este desempeño no ha sido homogéneo entre regiones: seis de ellas aún no cumplen con la meta comprometida, siendo especialmente preocupante Antofagasta, que no ha alcanzado ni el 40% de su objetivo. En cuanto al tipo de solución habitacional, el mayor rezago se observa en la vivienda libre de deudas (DS 49), que precisamente busca dar soluciones a familias de menores recursos que no pueden acceder a créditos hipotecarios y que sin apoyo del Estado difícilmente podrían acceder a una vivienda. A cuatro años del inicio del Plan, este programa sólo registra un 57% de avance.
A esto se suma otra restricción que dejará la actual administración: la importante reducción presupuestal para el desarrollo de proyectos habitacionales. Si ya en la discusión presupuestaria se redujeron a la mitad las unidades de vivienda libre de deuda (DS 49), de 50.000 en 2025 a 25.000 unidades para el Programa de Vivienda 2026, la reciente circular de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo confirma que la Dipres volvió a ajustar el programa, reduciendo los subsidios del DS 49 a sólo 19.587 unidades.
A estos desafíos se suman los asociados a la reconstrucción tras los recientes incendios y a abordar decididamente el fenómeno de las megadevastaciones. Con todo, el escenario que afrontará el Minvu a partir de marzo es el de una emergencia habitacional especialmente exigente, que exige recuperar la capacidad de gestión y fortalecer la política de vivienda social para mejorar el acceso de las familias de menores ingresos.
Por Paulina HenochCoordinadora del Programa LyD Pobreza, Vivienda y Ciudad
