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En medio de un proceso complejo marcado por retrasos, el 26 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió el Informe Técnico sobre el Cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al cuatrienio noviembre 2020-noviembre 2024. La tramitación del documento -clave para determinar las tarifas- continuó el 19 de enero cuando las empresas acudieron al Panel de Expertos. El órgano que resuelve conflictos en el sector eléctrico ya programó el siguiente paso: los días 8, 9 y 10 de febrero habrá audiencias públicas y luego tardará 30 días en informar sus conclusiones a las presentaciones y observaciones de las firmas.
Ya en la recta final de este proceso, las empresas pisan el acelerador a su próximo reto: destacar la urgencia de llevar a cabo una reforma profunda de la distribución. Ello, teniendo en cuenta que el Ministerio de Energía tendrá las últimas conversaciones estas semanas de verano para sacar en limpio en marzo la reforma que pondrá en el debate legislativo en medio de otras dos que están en carrera, según apunta la misma cartera.
En entrevista con DF, el presidente de Empresas Eléctricas, Víctor Tavera, comparte las declaraciones del ministro de Energía, Diego Pardow, en el sentido de que el compromiso del país con la transición energética pasa por generar las condiciones necesarias para que las redes de distribución cumplan con las metas de descarbonización. En esa línea, el también gerente general de Enel Distribución cree que hay dos objetivos que hacen urgente esta reforma: generar un plan de inversiones a medio-largo plazo que permita redes cada vez más resilientes y satisfacer las expectativas de los clientes de una mejor calidad de suministro.
Desde la perspectiva del gremio que aglutina a las principales distribuidoras eléctricas del país, la reforma debe permitir al menos cuatro grandes cambios. Primero, un nuevo modelo de distribución eléctrica que refleje mejor la realidad de la operación de las distribuidoras y genere los incentivos regulatorios correctos, en beneficio de los clientes y la sociedad. “Este nuevo modelo debe permitirle al país desarrollar un plan de inversión de mediano y largo plazo para contar con redes eléctricas más robustas, modernas y resilientes”, afirman.
En segundo lugar, instalan acceso a una mejor calidad de servicio para las familias chilenas, en un escenario de mayor electrificación de los consumos domésticos, como la calefacción; y en el transporte, a través de la electromovilidad. Tercero, generar las condiciones para el desarrollo masivo de recursos distribuidos en la red, posibilitando el crecimiento de la generación y el almacenamiento distribuidos. YFinalmente, habilitar un mecanismo de apoyo estructural y permanente a las familias más vulnerables, a través de un subsidio del Estado.
– Proponen una reforma que han calificado de “profunda”. ¿Cómo puede materializarse, considerando que los tiempos legislativos y la discusión son complejos?
– Esta es una reforma que no parte de cero, ha tenido mucha discusión previa, tanto del lado del Ejecutivo como de las empresas. Hay cuatro pilares que consideramos que forman parte de esta reforma, que deben ser abordados y en los que creemos que hay consenso, lo que efectivamente significa que esto se puede llevar a cabo con mayor agilidad.
– En cuanto a la subvención, ¿hay alguna propuesta concreta?
– La última ley de subsidio a las cuentas de aquellos clientes que tengan un consumo menor a 250 kilovatios hora, que dispuso un subsidio del gobierno a los clientes por las deudas que ocurrieron entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de marzo, fue una muy buena señal. Diciembre de 2021. Se ha avanzado. Hay diferentes alternativas estructurales, pero claramente aún queda un paso más y creemos que esta reforma podría abordarlo. Estamos disponibles. Aún queda trabajo por hacer para tener una propuesta que tenga consenso, pero hay acuerdo en la industria en general para hacerlo.
– Se podría ampliar el segmento de personas beneficiadas. ¿Adónde iría?
– La mejor información para entender quién tiene que ser beneficiario de un subsidio permanente y estructural la tiene claramente el Ejecutivo. Eso es lo que creemos como industria. Hay experiencias tanto internacionales como nacionales que creemos que son exitosas. Ahora bien, ¿a quién está determinado? Hay mucha más información y confiamos mucho en el criterio que tendrá el Ejecutivo para definir algo de este estilo y claramente puede ser parte de esta reforma distributiva.
– ¿Cuánto debería gastar la industria en todos estos cambios?
– No hay un análisis detallado en este momento. Eso lo podemos determinar claramente una vez que tengamos el marco de lo que será la reforma, pero estamos convencidos de que hay que empezar lo más rápido posible. Esto se requiere de inmediato. Este tipo de fenómenos lo vivimos en el mundo de las renovables. Fue un fenómeno que claramente se aceleró. La industria mundial está creciendo significativamente, se están construyendo fábricas más grandes, probablemente lo mismo sucederá con la electromovilidad. Y el cliente también será cada vez más activo. Los recursos distribuidos se inyectarán en la red, se compartirán, habrá almacenamiento. En otras palabras, vemos un futuro bastante diferente, pero tenemos que tomar decisiones ahora y por eso es urgente y necesario tener esta reforma.
– De estos cuatro pilares, ¿hay alguno que sea más prioritario para empezar? El gobierno anterior decidió empezar con la portabilidad eléctrica y no prosperó.
– Creo que la portabilidad eléctrica no tuvo el consenso necesario y por eso no se avanzó. Creemos que ahora fortalecer las redes, hacer las redes más resilientes, tener un plan de inversiones a mediano y largo plazo para mejorar la calidad del suministro y permitir que exista la transición energética, porque al final es el factor habilitador, creemos que es una necesidad. Estamos convencidos y también compartimos lo que dijo la senadora y presidenta de la comisión de Minería y Energía, Loreto Carvajal, donde dijo que claramente esto es una obligación de país. ¿Por qué? Porque no habrá transición energética si no hay reforma distributiva.
– ¿Qué se planteó sobre el tema de la portabilidad, se debe descartar o es de alguna manera una discusión que aún se tiene que dar en algún punto más allá que no genera consenso?
– Siempre hemos dicho como industria que la comercialización y la portabilidad es algo que tiene que llegar. Ahora bien, cuál es el momento, cuáles son las mejores condiciones para que efectivamente se produzca la comercialización, es algo que tiene que analizar el Ejecutivo. Parece que se deben interiorizar las condiciones actuales, tras la guerra entre Ucrania y Rusia, y todo el aprendizaje que se ha ido aprendiendo a nivel internacional. Y parece que las condiciones de hoy son diferentes a las de años anteriores, no son las mejores condiciones, pero la industria obviamente está abierta a discutir al respecto. Donde hay un claro consenso es en la necesidad de la penetración de pequeños recursos distribuidos y obviamente en el fortalecimiento de las redes, tanto para enfrentar el cambio climático como para posibilitar el futuro, la electromovilidad y la electrificación.
– Y en cuanto a la técnica legislativa, ¿cree que se puede canalizar a través de un gran proyecto de ley o se debe dividir la iniciativa como se hizo en el gobierno anterior?
– Creemos que es una gran reforma profunda, pero además, como no se parte de cero y se avanza mucho, confiamos mucho en que hay consenso en la industria y en muchos partes interesadas que en realidad hay que hacerlo.
medición inteligente
– Otro tema que se abordó y que ha quedado pendiente es la medición inteligente. ¿Cree que se tiene que relanzar en algún momento o no, al menos en el marco de esta reforma?
– La reforma actual tiene, a nuestro juicio, los cuatro enfoques que he comentado. La medición inteligente ya tiene un reglamento que dice que hoy hay voluntariedad. La medición inteligente solo ocurrirá si existe el consentimiento del cliente, que el cliente lo quiere. Existen normas que regulan el funcionamiento de la medición inteligente. Un segundo tema es que creemos que los clientes van a empezar a sumarse a la medición inteligente en la medida que vean los beneficios que tiene para cada uno de ellos, para cada una de las familias. Por lo tanto, no creemos que deba ser parte de la reforma. Ya existe una regulación y los clientes se seguirán uniendo a medida que vean los beneficios de esto.
– Pero no ayuda mucho si hay un par de casas en una cuadra con estos medidores y otras no. Merece un alcance significativo.
– Pero lo que quedó claro en Chile es que la gente tiene que querer ese medidor, tiene que pedirlo y solicitarlo. Y será un reto para nosotros como distribuidores deleitar a los clientes y mostrarles los beneficios de contar con esta tecnología. Por lo tanto, creo que con las reglas que tenemos hoy se puede lograr y es nuestro desafío, pero obviamente tenemos que mostrar cuáles son esos beneficios.
– Y si es un cambio que se va a tener que dar en algún momento, quizás no ahora o en el marco de la reforma, ¿es algo que tienen que pensar para poder convencer?
– Cada empresa está trabajando en su respectivo plan al respecto. ¿Cuál es el momento o cuál es el sincronización? Esto es algo que cada una de las empresas está decidiendo en el marco de la normativa vigente. Ahora bien, ¿debería ser parte de la reforma? No, porque ya hay normativa al respecto. ¿Es algo con lo que hay que lidiar? Creemos que sí, porque hay que ir deleitando a los clientes con la medición inteligente, que claramente tiene muchos beneficios. El tema es que tenemos que valorarlo, tenemos que explicarlo bien, comunicarlo bien.
– Esto se hace individualmente a nivel de cada empresa. ¿No se hará algo como industria?
– Aún no lo hemos definido.
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