Empresas materializan cuestionamientos a informe clave en proceso de tarificación de la distribución y acuden al Panel de Expertos

Como se esperaba, Varias empresas asistieron este jueves -al filo del plazo- al Panel de Expertos para discrepar del Informe Técnico sobre el Cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al cuatrienio noviembre 2020-noviembre 2024. El documento fue un hito clave en el proceso de determinación del VAD, que es el primero bajo las reglas de la ley de distribución corta de 2019.

El VAD debe ser calculado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) cada cuatro años. En la práctica, determina la tarifa cobrada a los clientes regulados, en su mayoría residenciales. El resultado de este proceso representa el 20% de las tarifas pagadas por las familias. De los costos derivados del cálculo del VAD se obtendrán posteriormente las tarifas de distribución de todas las empresas eléctricas y cooperativas.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado controversia en medio de su retraso. CGE acudió a la Contraloría General de la República en agosto, acusando que los valores resultantes del estudio del VAD “carecen de toda lógica”, resultando en una tasa de retorno negativa para la empresa. Y es que, nada más publicarse el informe en cuestión, las empresas dieron por sentado que acudirían al órgano que dirimía los conflictos del sector.

Entre las firmas que presentaron casi una treintena de discrepancias se encuentran Enel Distribución, CGE, Chilquinta y varias cooperativas. En este último caso, por ejemplo, se encuentra la Cooperativa Eléctrica Curicó, la Cooperativa de Consumo Eléctrico Chillán, la Cooperativa Eléctrica La Frontera, la Cooperativa Eléctrica Rural Río Bueno, entre otras.

Uno de ellos, CGE, firma que llevó sus diferencias respecto al proceso a la Contraloría General de la República, no dejó pasar la instancia para formular su discrepancia que consta de cinco asuntos en cuestión. Entre ellos, el dimensionamiento de las instalaciones y los costos de operación y mantenimiento para cumplir con la norma y las pérdidas y gastos de energía y potencia asociados al control de pérdidas.

Pero más allá de su argumentación técnica, hizo visibles desde un primer momento sus críticas a lo hecho por la autoridad. En opinión de la firma, a lo largo del proceso se verificaron una “serie de irregularidades”refiriéndose tanto a la adecuación de ésta a las bases técnicas, como a los criterios que deben aplicarse para que la tarificación sea coherente con los objetivos del proceso de tarificación.

Según explicó el gerente general de CGE, Iván Quezada, quien suscribe el documento, ambos informes de avance 1 y 2 fueron aprobados por la Comisión de Estudio con la oposición de todos los representantes de las empresas distribuidoras, incluidas las cooperativas eléctricas, y con el casting voto del CNE, a pesar de que cada uno de ellos adolece de carencias evidentes.

“Mientras que dos capítulos del primero resultaron incompletos, el Nº2, además de estar incompleto, presentó errores de formulación, utilizó criterios sin la justificación correspondiente y resultó ser innegociable e irreproducible, deficiencias todas que contradicen lo expresamente establecido en el bases técnicas para la elaboración del estudio del VAD y en la normatividad vigente”, se detalla.

CGE continúa con su descargo, indicando que la CNE, para emitir su voto de calidad y así aprobar los informes de avance, a pesar de sus deficiencias y de no ceñirse estrictamente a las bases técnicas para la elaboración del Estudio VAD, “basó su decisión en una interpretación errónea del alcance de estos informes y bajo la suposición también errónea de que la trazabilidad y la integridad solo se exigirían del informe final”.

Así, afirma la CGE, “resulta poderosamente apetecible la situación de que, aun cuando los informes de avance no cumplieron con los requisitos necesarios para ser aprobados, los representantes del CNE no han formulado observaciones a los mismos, argumentando que, a diferencia de los demás miembros del la Comisión, podrán revisar los informes de los consultores en una etapa posterior, es decir, una vez finalizadas las funciones de la Comisión de Estudios”.

De esta forma, el informe final y las distintas versiones del documento final definitivo -a juicio de la CGE- “sufrió graves problemas relacionados con incumplimientos legales, reglamentarios y de base, así como la existencia de errores relevantes y la imposibilidad de reproducir resultados relevantessin perjuicio de lo cual, el 2 de junio de 2022, la Comisión de Estudio aprobó la tercera versión del informe final presentado por la consultora, con el voto en contra de varios de los miembros representantes de las concesionarias de servicios públicos. de distribución, entre ellos el de CGE, voto que se basó en cada una de las observaciones pertinentes planteadas reiteradamente al Ministerio de Energía ya la CNE, tanto directamente como en el marco de la Comisión de Estudio, en el transcurso de este proceso de fijación. de aranceles”.

Por su parte, Enel Distribución presentó un escrito de 129 páginas en desacuerdo con la resolución de la CNE del 23 de diciembre que aprobó el Informe Técnico para el Cálculo de los componentes del Valor Agregado de Distribución, ya que -a su juicio- la entidad no aceptó una serie de observaciones realizadas por la firma al informe en relación al costo total de inversión y ajuste para efectos del impuesto a la renta, costos de operación y mantenimiento, costos fijos independientes del consumo, pérdidas promedio e indexación.