Economia
Estudio pronostica que se requerirá una inversión anual estimada de US$ 4,1 billones en tecnologías de transición bajas en carbono para 2050
A un ritmo mucho más rápido de lo anticipado estaría ocurriendo la transición a las energías renovables.
Según un informe elaborado por la consultora multinacional EY denominado “Si cada transición energética es diferente, ¿qué rumbo acelerará el tuyo?, que utilizó una herramienta para identificar los plazos en los que es probable que los activos energéticos convencionales sean parcial o totalmente reemplazados para la adopción e integración generalizada de nuevas tecnologías energéticas, confirmó que la transición energética ha alcanzado un impulso crítico y se está acelerando.
Además, este viaje no sería lineal ni singular. “Hablar de una transición energética niega la complejidad del cambio que se avecina. Se desarrollarán múltiples transiciones a diferentes ritmos y de muchas maneras”, se advierte.
La consultora plantea que el ritmo del cambio seguirá acelerándose durante la próxima década y más allá, creando cambios fundamentales en la forma en que el mundo produce, consume y comercializa energía. “Nuestro modelo indica que la capacidad mundial de energía renovable aumentará en 2.000 GW para finales de la década, una cantidad equivalente a toda la capacidad renovable de China y Europa en la actualidad”, dice.
Asimismo, prevén que la generación renovable, principalmente eólica y solar, se convertirá en la nueva carga base: representará el 38% de la combinación de energía para 2030 y el 62% para 2050. A nivel mundial, las energías renovables se convertirán en la generación de energía dominante para 2038.
Esta es una década -recalca el informe- “crítica”. “Las decisiones correctas que se tomen ahora pueden acelerar nuestra transición al nuevo sistema energético y doblar la curva de emisiones a nuestro favor. Para el gobierno y los reguladores, esto significa decidir cómo convertir los objetivos en señales económicas que impulsen a los consumidores y a los mercados en la dirección correcta en el momento adecuado”, se plantea.
Se estima que de aquí a 2050 se necesitarán US$ 4,1 billones (millones de millones) de inversión anual en tecnologías de transición con bajas emisiones de carbono e infraestructura energética habilitadora (es decir, cuadriplicar los niveles actuales).
En esa línea, se prevé que las inversiones anuales en transición energética deberán aumentar en un 300% para 2050 y requerirán un aumento significativo de los recursos financieros y los flujos de inversión en tecnología baja en carbono.
Otras cifras que se exponen es que la demanda de electricidad industrial aumentará al 36% de la demanda total de energía. Y, además, se prevé que el transporte experimente una de las transiciones más rápidas a la electricidad: los vehículos eléctricos alcanzarán la paridad de costos con los vehículos de combustión interna a mediados de la década de 2020.
Sin embargo, se advierten eventuales nudos en el camino. “A menos que se encuentren soluciones para acortar las colas de interconexión que retrasan la nueva capacidad, gran parte de la inversión en flexibilidad de la red no alcanzará su potencial. Tendremos que acelerar rápidamente la conexión de energías renovables o correr el riesgo de sufrir cortes a medida que la generación tradicional se retire. Los cambios regulatorios y los procesos de obtención de permisos más rápidos no serán suficientes para eliminar los cuellos de botella: también se necesitará un suministro sólido de materiales y minerales y una fuente saludable de talento con habilidades digitales para construir la red del futuro”, indica.
También, se sostiene que “no hay transición energética sin minería y metales”, por lo que demostrar el valor del sector es ahora una prioridad urgente. Según se detalla, la financiación de la exploración y el desarrollo requerirá que la inversión en minería y metales aumente significativamente con respecto a los niveles actuales.
“Nuestra encuesta entre líderes mundiales de minería y metales reveló que el acceso al capital se considera el segundo riesgo más alto del sector. Las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ocuparon el primer lugar y destacan cómo mejorar la reputación del sector puede formar parte de la solución para ayudar a aumentar la oferta. El papel de las empresas mineras y metalúrgicas en el apoyo a las transiciones energéticas de los países está seriamente infravalorado: cambiar el sistema energético simplemente no puede ocurrir sin los mineros”, se afirma.
Alejar la demanda del cobre afectará -dicen- su capacidad de inversión. Plantean que, para satisfacer la demanda prevista, la inversión en la minería del cobre deberá aumentar a más de US$ 250 mil millones al año para 2030, frente a los US$ 105 mil millones actuales. “Conseguir capital será fundamental para asegurar el suministro y la transición del mundo hacia un nuevo sistema energético”, dicen.
En concreto, se indica que la velocidad de la transición energética variará a medida que avance la tecnología, evolucionen las políticas y cambien las actitudes de la sociedad. Pero hay varias cuestiones que plantean un grave riesgo para el progreso, dicen, lo que denominan “frenos de mano”: las limitaciones de la cadena de suministro podrían detener la construcción de nuevos activos energéticos, los entornos regulatorios inconsistentes podrían desincentivar la inversión; el cortoplacismo puede obstaculizar la obtención de capital y las energías renovables no generan (todavía) suficientes retornos.
Un punto relevante es que, de acuerdo a la consultora, “las transiciones energéticas en todos los países solo tendrán éxito si ofrecen más valor a los consumidores industriales y a los usuarios finales y esto requiere soluciones de energía limpia que sean realmente mejores y más baratas”.
El escenario en Chile
Consultada por los retos que deja el documento para Chile, la socia líder de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, Pamela Méndez, indica que, en relación al país, “dado sus capacidades, se destaca por innovaciones, como iniciativas relacionadas con el combustibles sintético que podrían ser fundamentales para aquellas industrias donde la electrificación no es una opción. Además, nuestro país es pionero en soluciones de almacenamiento, lo que podría ser una tremenda oportunidad económica si se piensa en la exportación de hidrógeno”.
Teniendo en cuenta que el texto es claro en señalar que los cambios regulatorios y los procesos de obtención de permisos más rápidos no serán suficientes para eliminar los cuellos de botella, y considerando que Chile avanza en ese sentido en dos iniciativas (reforma al SEIA y proyecto de permisos sectoriales), en cuanto a acciones que debe impulsar adicionalmente, la experta añade: “Acciones adicionales tienen que ver con establecer buenas relaciones y diálogos con los territorios y las comunidades que habitan próximas a las operaciones donde se desarrollan estas actividades económicas relacionadas con la generación y transmisión de la energía. Este vínculo debe ser habilitador para el desarrollo y la implementación de las soluciones que nos conducirán a la transición esperada”.
Siguiendo uno de los frenos de mano respecto a los entornos regulatorios inconsistentes, sobre si el escenario regulatorio actual en Chile está complicando la llegada de la inversión al país, reconoce: “Para que exista más inversión es necesario mejorar desafíos regulatorios, nuestro país se caracteriza por tener un ambiente institucional macro muy sólido, no obstante, es necesario ajustar aspectos más específicos que contribuyan a agilizar la toma de decisiones junto con un desarrollo sostenible”.
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