Los resultados de un estudio encargado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la consultora Criteria fueron revelados este jueves, 24 horas después del acto de adjudicación de la licitación de suministro eléctrico para clientes regulados, dando cuenta de las razones que afectan a potenciales oferentes a la hora de presentarse en este tipo de procesos. Precisamente, la licitación cerrada recientemente estuvo marcada por la baja participación, la que -según reconoció el propio ministro de Energía, Diego Pardow, en la cita- pudo explicarse por un factor regulatorio al estar abierto al momento de la presentación de propuestas dos tópicos relevantes: la ley de estabilización de tarifas eléctricas y el reglamento de potencia.
El estudio de opinión denominado “Percepciones sobre el proceso de licitación de suministro a clientes regulados”, el que fue recordado por el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, en el acto de adjudicación, tenía como objetivo conocer la opinión y percepción de las empresas generadoras que han participado en estos procesos y así evaluar el desempeño y potenciales perfeccionamientos a este mecanismo.
En la medición, donde participaron 25 empresas generadoras representativas del mercado nacional, tanto nuevos entrantes como empresas consolidadas, y de diversos tamaños, considerando desde aquellas menores a 100 MW hasta las que superan los 1.500 MW de capacidad instalada, identificó que los factores que más afectan la participación de potenciales oferentes son las dificultades de financiamiento (88%), las condiciones del mercado de generación (72%) y las dificultades para obtener permisos (72%).
Además, un 60% señala que existen otras razones corporativas, como priorizar portafolios en ejecución, restructuraciones y venta de activos, las que afectan mucho o bastante la participación, mientras que un 40% indicó la escasez de proyectos desarrollados en condición ready to build.
Al detallar estas razones, las empresas encuestadas relevaron factores regulatorios y de infraestructura, tales como la incertidumbre por políticas de estabilización tarifaria y congestiones en transmisión, y factores económicos y de riesgos asociados al financiamiento y la percepción de un ambiente regulatorio inestable.
Respecto a los cambios realizados en la Bases de Licitación 2023/01, el proceso recientemente adjudicado, un 92% de los encuestados indican que el mecanismo de traspaso de costos sistémicos ha sido un factor importante al momento de interesarse y participar en esta licitación, al igual que la zonificación de la demanda y los puntos de ofertas (84%). Por otro lado, el incentivo al almacenamiento fue valorado positivamente por un 56% de los encuestados.
Precisamente, el último proceso estuvo marcado, además de la baja participación, de una controversia que estuvo activa hasta el final por una solicitud en Contraloría de Conadecus para frenar el traspaso de los costos sistémicos de la generación eléctrica a los consumidores. Incluso, la Unidad de Monitoreo de la Competencia (UMC) -instancia que reporta al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico- abordó -entre otros temas- la licitación en cuestión respecto a este punto.
Respecto a la evaluación general sobre los procesos de licitación, el 76% de los encuestados evalúa positivamente los tiempos y plazos del proceso, al tiempo que 72% evalúa positivamente la accesibilidad de los documentos de interés; un 64% lo hace respecto a la disponibilidad de documentos, y un 56% evalúa positivamente a la claridad de la información y su difusión.
Expectativas y eventuales mejoras
En cuanto a las expectativas y la valoración de los procesos de licitación de suministro a clientes regulados, un 72% manifiesta que son procesos relevantes para lograr un suministro a precios eficientes para clientes regulados, mientras que 56% menciona la importancia que tiene el mecanismo de licitaciones en la incorporación de nuevos proyectos de generación. Por otro lado, casi la mitad (48%) de los encuestados señala la importancia que tienen estos procesos licitatorios en la promoción de la entrada de nuevos actores al mercado y en la promoción de la transición energética (48%).
Respecto a los ámbitos de mejoras a las Bases de Licitación, el estudio arroja los siguientes aspectos: aumentar la estabilidad regulatoria y proteger los contratos suscritos; precio de reserva acorde al mercado y mejorar incentivos al almacenamiento; eventual incorporación de cláusulas ‘take or pay’ y garantías de facturación mínima; y flexibilizar los contratos para permitir ajustes ante cambios de mercado y fomentar participación de nuevos actores y tecnologías.
Reacciones
En un comunicado, el secretario ejecutivo de la CNE señaló que los resultados de este estudio “constituyen un insumo relevante para el seguimiento que hacemos permanentemente en torno al mecanismo de licitaciones de suministro, por lo que realizar este tipo de ejercicio nos permite tener una comprensión más sistemática de las percepciones de los agentes de este mercado”.
“Un resultado relevante que arroja el estudio respecto de la evaluación del mercado de generación y percepción sobre su futuro, es que, a pesar de que la mirada actual de los encuestados sobre el mercado de generación no es positiva, en general, la industria tiene una mirada optimista sobre la salud del sector de cara al 2030”, precisó.
“Por último, la idea es avanzar junto a la industria y todas las partes interesadas en este tema, para que siga cumpliéndose el objetivo de asegurar suministro eléctrico continuo y al menor costo posible a los clientes regulados, razón por la cual la CNE tiene mecanismos de participación para todos los interesados en estos procesos licitatorios”, añadió.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.