Excontralor Jorge Bermúdez destaca aporte científico en las decisiones de los Tribunales Ambientales y reflexiona en torno a eventuales mejoras en el diseño institucional

Por primera vez en once años de funcionamiento, el Segundo Tribunal Ambiental, organismo especializado con sede en Santiago, realizó este martes la ceremonia de su Cuenta Pública en la Región de Valparaíso donde se revisó la actividad de la entidad durante el año pasado. Pero también, fue la instancia de reflejar la mirada del impacto de estas entidades en los conflictos medioambientales tanto desde la vereda legal como de la ciencia.

Junto con recordar los incendios ocurridos en febrero en la región que provocaron la muerte de 133 personas y la destrucción de más de 8 mil hectáreas de bosque y vegetación, la ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy, puso sobre la mesa -entre otros aspectos- la constante demora en los procesos de nombramiento de ministros de los Tribunales Ambientales.

“Actualmente, nuestro Tribunal cuenta (solo) con dos ministros titulares abogados y un ministro suplente en ciencias, lo que evidentemente genera un desmedro en la gestión de nuestro órgano colegiado impidiendo una mayor eficiencia”, dijo.

Si bien sostuvo que esta ausencia de ministros titulares y suplentes ha sido mitigada a través del fortalecimiento de la gestión interna del Tribunal, “la ampliación de nuestra competencia a partir de las nuevas reclamaciones que el legislador ha implementado podría hacer insostenible esta situación, al impactar decidoramente en la gestión de las causas“.

Y alertó: “Dado que, desde esta tribuna, ya varios presidentes de nuestro Tribunal han exhortado a agilizar los nombramientos correspondientes, sin que se observen que esta necesidad sea resuelta, es que quizás sea el momento de repensar esta situación a través de una reforma legal al sistema de nombramientos, que zanje en definitiva las problemáticas observadas y aún no corregidas“.

Parte de ese análisis fue abordado posteriormente en el conversatorio “Aportes del Segundo Tribunal Ambiental en la resolución de conflictos ambientales acontecidos en la región de Valparaíso”, el que reunió al abogado, académico y excontralor General de la República, Jorge Bermúdez, y la bióloga marina y directora del Laboratorio de Investigación Ambiental Acuático de la Universidad de Playa Ancha, Paula Celis Plá. Ambos tienen una estrecha relación con la región.

A casi tres meses de dejar su rol como contralor, Bermúdez relató que este año se reincorporó a la Universidad Católica de Valparaíso, la que había dejado antes de asumir el cargo. Y, además, reveló que está tratando de empezar a juntar los materiales para poder hacer una actualización de su libro titulado “Fundamentos de Derecho Ambiental”, teniendo en cuenta los cambios legislativos del último tiempo. De hecho, comentó que antes de salir de Contraloría pidió que le hicieran una recopilación de los dictámenes importantes en materia ambiental.

Bermúdez reconoció que “evidentemente que estamos mucho mejor” con tribunales ambientales que sin estos desde el punto de vista de la resolución de conflictos ambientales. Eso sí, dio cuenta que hay elementos que todavía se pueden mejorar respecto al diseño de la institucionalidad. 

En ese análisis, dijo que el carácter multidisciplinario -al integrar a la vereda científica- sí fue un acierto en los tribunales ambientales. “Recuerdo cuando me invitaron al Congreso a exponer sobre el proyecto de ley en ese momento de los tribunales ambientales. Lo que dije es que probablemente debía ser un tribunal letrado solamente, sin ministro científico y que el apoyo científico estuviera dado por profesionales que estuvieran allí en el tribunal. Pero en realidad no es lo mismo que el que está tomando la decisión es un científico, el que tiene esa mirada y que su voto vale lo mismo que el voto que tiene el ministro letrado y que está aportando una visión que en realidad los abogados no tienen”, reconoció.

Asimismo, sobre la duración de los ministros en sus roles, indicó que “tal vez la renovación debería ser automática o a lo mejor la renovación debería ser mientras no se nombre a otro. Hay múltiples fórmulas para evitar lo que está pasando hoy”. “A pesar de que hay continuidad del servicio de justicia, porque se integra con ministros de Corte, pero se desvirtúa la idea que había original de que fuera un tribunal especializado”, enfatizó. Y planteó en su reflexión que en el fondo existen dos jurisdiccionales ambientales: la especializada y, en paralelo, todavía se tiene el recurso de protección.

Frente a los conflictos ambientales de la zona, identificó -entre otras características- que, a pesar de lo que se cree, “hay pocas normas técnicas ambientales”. “Uno se queda con las grandes normas, tal vez con la resolución de calificación ambiental, que respecto de un proyecto puede ser muy específica, pero que no es extrapolable a otro caso porque es es la resolución para ese proyecto y por lo tanto, no existe una normativa muchas veces que debería ser aplicable a todos los casos. Allí de nuevo surge la necesidad de que haya una jurisdicción ambiental para que evidentemente esa carencia normativa, ese vacío normativo, se llene a través de la aplicación o de la resolución del Tribunal”.

También, destacó que no es intrascendente que existe una ley de protección de humedales urbanos y que además le da competencia al Tribunal: “Eso evidentemente es muy relevante, lo cual de nuevo demuestra que la idea tal vez hubiese sido mejor que desde el inicio hubiésemos tenido un Tribunal Ambiental a secas”. 

Aporte de la ciencia en las decisiones

En tanto, desde la vereda de la ciencia, Paula Celis Plá destacó que siempre han trabajado para que el medioambiente se cuide y ahora están tomando parte de las decisiones. “Nuestra validez científica que se transforma en datos o en opiniones tiene una veracidad, es decir, ya es parte de la toma de decisiones”. En esa línea, recogió el caso del hotel Punta Piquero y aseguró que es un caso emblemático “en cómo no se deben hacer las cosas”.

Así, respecto a cómo los centros y las ciencias en las regiones pueden vincularse con los tribunales ambientales, la investigadora afirmó que “es importante que el Tribunal Ambiental conozca lo que nosotros hacemos acá en Valparaíso, que tenemos laboratorios, que tenemos instalaciones y a mí se me ocurre obviamente que hay que generar convenios”.

Justamente, dijo, “nuestras vinculaciones responden a las problemáticas de las personas que están en esos territorios”. 

Asimismo, sobre cómo se podría hacer frente a las dificultades que los ciudadanos enfrentan para acceder al conocimiento y el saber experto, valoró que se accede cada vez más a la información, pero también hizo un mea culpa porque -dijo- “también nosotros los científicos tenemos mucha responsabilidad en ello de no trasladar nuestro conocimiento científico a la comunidad”. Eso sí, recalcó que se está haciendo hoy cada vez vez. 

“A lo mejor lo que contiene esa pregunta es cómo se informa a la gente o la ciudadanía de estos avances”, añadió. En esa línea, indicó que ya un poco se está haciendo a través de actividades como ferias en las que participan, por ejemplo fundaciones, en las que se traslada ese conocimiento. 

Incendios

Frente a la consulta de uno de los asistentes respecto a que si el Estado habría fallado en su deber de procurar seguridad ambiental a la población en el contexto de los recientes incendios en la región, Bermúdez reconoció la dificultad de responder al no tener todos los antecedentes y que la respuesta no es “sí o no, sino que en realidad es una multifactorial”. 

También, entre otros aspectos, apuntó: “Aquí en Chile hay ciertas instituciones que uno no puede criticar porque es como criticar a la Teletón.  O sea, uno no puede criticar, por ejemplo, a los bomberos, porque ¿cómo vas a criticar a alguien que hace su trabajo voluntariamente? Entonces, la pregunta tal vez debería ser hoy, ¿no será tiempo de pensar que a lo mejor por lo menos una parte de los bomberos deberían ser profesionales? Si, por ejemplo, el presupuesto de bomberos es más alto que el de Senapred, Directemar, es más alto que obviamente el de la Superintendencia del Medio Ambiente y así sucesivamente”.

En esa línea, en cuanto a los esfuerzos que se pueden hacer en materia de regulación, señaló que “parece como que la solución fuera esa ley de incendios, pero seguramente el problema es muchísimo más complejo que solo eso. Pero creo que para para poder exigirle responsabilidad al Estado, el Estado tiene que asumir también y tiene que ser el Estado el que tenga que responder frente a ciertos tipos de contingencia. Por ejemplo, una de las reformas que debería discutirse seriamente es qué pasa con aquellos que están obligados a apagar los incendios. También piensa que muchos de los brigadistas son privados”.

“Obviamente que la regulación urbanística también tiene algo que ver acá, pero también los problemas sociales que hay. La gente que vive en tomas está en un riesgo tremendo también”, reflexionó.